Cinco meses. Ese es el tiempo que se ha prorrogado la condena de un padre divorciado, que solo puede ver a sus tres hijos en un punto de encuentro y con la intervención de un mediador.
Y eso, a pesar de que los técnicos y la Fiscalía lo creen innecesario.
Una magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Valladolid lleva cinco meses guardando en un cajón el informe de la fiscal que recomienda que el desarrollo de las visitas se realice «fuera de las dependencias» de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome).
Se trata del mismo juzgado investigado por manipular la declaración de uno de los niños.
(Fran Serrato/The Objective/9/8/2024.)
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