20/2/2009.
CONCLUSIONES INELUDIBLES.
Más allá de las investigaciones y las responsabilidades políticas o penales y de los pormenores del caso Garzón-Bermejo que tanto ocupan a los medios, hay dos conclusiones históricas que la derecha debiera tener en cuenta, y respecto de las cuales resulta indispensable una política seria y clara en el futuro. Una judicial-institucional; la otra mediática.
En primer lugar, con la cacería contra él, el Partido Popular recoge los frutos de una política respecto a la justicia históricamente suicida. En 1978 la izquierda aceptó la Constitución a regañadientes. No creía en el poder judicial como contrapeso, como no cree hoy. Para el PSOE, un poder judicial independiente de la política resulta conservador, anacrónico e inaceptable. Entre 1982 y 1996, bajo los gobiernos de Felipe González se combatió su independencia según la ortodoxia izquierdista. Y desde 2004, Zapatero no ha hecho más que intensificar esta política, de la que Bermejo es su expresión más zafia y caricaturesca y López Aguilar fue la más refinada y amigable.
Mientras la izquierda proponía politizar la justicia, la derecha –en el poder y en la oposición–, ha optado irresponsablemente por contemporizar. Ha aceptado lo constitucionalmente imperdonable. Hoy, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son excrecencias de los partidos políticos, lo que constituye una aberración en un Estado de Derecho.
Si el PP creía que el consenso con el PSOE bien valía su sacrificio, hoy tiene la respuesta: cuando a la izquierda se le da el poder de usar la justicia para sus intereses, lo hace.
De nada le vale al Partido Popular indignarse hoy ante las oscuras maniobras de Garzón y Bermejo si no está dispuesto a ponerles remedio para el futuro. O si está dispuesto a olvidarse de ello tan pronto como pase esta polémica. Es su obligación proponer las reformas constitucionales que un partido liberal-conservador debe buscar, empezando por la más importante: la revalorización profesional de la judicatura y su blindaje profesional respecto al poder político. Hay que mantener al CGPJ, al Tribunal Supremo y al Constitucional lejos de la política, y hay que garantizar que sean los méritos profesionales los únicos válidos en la jerarquía institucional. Con un sistema así, jueces como Garzón jamás llegarían a donde éste ha llegado, y los mangoneos de Bermejo serían imposibles.
Hay una segunda enseñanza de esta crisis;
el caso Garzón-Bermejo tiene otra pata en el comportamiento del Grupo PRISA. Desde hace treinta años, la izquierda en el poder lo ha engordado, mediante subvenciones, concesiones y filtraciones. De manera legal e ilegal pero siempre ilegítima, ha favorecido la creación de un monopolio mediático izquierdista que acosa con saña a la derecha mediática y política. Paradójicamente, la derecha en el poder –nacional, autonómico, local– no sólo no ha acabado con unos privilegios ilegítimos, sino que ha ejercido la política suicida de buscar pactos con PRISA.
La lógica es tenebrosa: para eludir su punto de mira, la derecha le ha otorgado subvenciones y concesiones, sin darse cuenta de que lo que hacía era engordarla, sofocar el pluralismo informativo y, de paso, cerrarse posibilidades de comunicación con la sociedad. Ha acabado rehén de la izquierda mediática.
Hoy la mitad de los españoles vota a la derecha, pero no hay una sola cadena de televisión nacional que responda a la sensibilidad liberal-conservadora. El entramado entre PRISA-poder político-poder económico, las concesiones mediáticas a la izquierda y la debilidad y la persecución a los medios liberal-conservadores suponen una anomalía democrática en un país plural occidental. Las andanadas mediáticas de PRISA y la repercusión en la izquierda mediática han cercado al PP, con una repercusión absoluta en las televisiones de ámbito nacional, repercusión que ahora le cuesta remontar.
La enseñanza para el PP es también clara. La estrategia de apaciguar a la izquierda ha fallado.
Hay que favorecer el pluralismo político, garantizar la igualdad de oportunidades de todos los medios de comunicación y acabar con los privilegios de PRISA. Es inexcusable buscar las medidas técnicas y legales que garanticen la normalidad mediática en España, un equilibrio real y plural de medios de comunicación. Con un panorama así, la campaña de PRISA contra el Partido Popular no hubiera sido posible, o hubiese sido conjurada mucho más fácilmente.
En ambos casos, la derecha está recogiendo ahora los frutos de una política histórica desastrosa. En el aspecto judicial, se ha dejado arrastrar por la interpretación izquierdista de la justicia y ha participado en su manipulación: hoy el acoso de Garzón y Bermejo le muestra a donde se llega por esta vía. En el aspecto mediático, ha buscado el entendimiento con la izquierda mediática, la ha engordado y la ha alimentado.El acoso salvaje de PRISA le muestra cómo se las gasta la izquierda mediática, que no admite traidores. Lo peor que puede hacer la derecha es olvidarse de esto en pocas semanas. La caza desatada contra él es sólo la expresión de un problema que hay que atajar cuanto antes, porque le volverá, sí o sí, a estallar en el futuro.
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