BEBIDA GRATIS.

Otra botella de ron

Por Jorge Arturo Muñoz, profesor de filosofía.

Una señal de racionalidad imprescindible para la supervivencia, es adaptar la conducta a las situaciones de alarma, escasez y…crisis. Aun siendo un lince que ve oportunidades en momentos difíciles, todos analizamos seriamente el uso que dar a nuestros recursos. Racionalizar el gasto de unos medios que no nos caen del cielo, es el lúcido consejo de José Blanco cuando repite aquello de que hay que “apretarse el cinturón”. Muchos políticos redescubren la penicilina con esta exhortación de agudeza mesiánica cuando las cosas van mal. Sin embargo, lejos de aplicar el cuento eliminando gastos superfluos de los organismos que controlan, hacen precisamente lo contrario. Se acaba de anunciar una subida de impuestos, para mantener un nivel de gasto público a todas luces insostenible, a juzgar por el creciente déficit. La eufemística “revisión de los tramos impositivos” que auguraba la ministra Salgado, refuerza la merecida desconfianza popular respecto de la casta política, que los últimos sondeos sitúan en un 3’8 en una escala del 1 al 10. Si seguir gastando produce más déficit, y para eso se aumentan los impuestos, la consecuencia es más crisis. ¿Se puede superar la jaqueca, dándole al borracho otra botella de ron?

La progresividad en los impuestos en las rentas más altas ha sido tradicionalmente una bandera del socialismo desde que Marx la propuso en segundo lugar en las diez recetas del Manifiesto Comunista. Sin embargo, la anunciada consideración de “renta alta” a quienes ingresan más de 24.000 euros anuales, pudiendo tratarse, por ejemplo, de los ingresos de una familia media, prueba más bien una rapacidad fiscal intolerable que que se sea “rico” de verdad. Pues bien, más de 5 millones de españoles van a tener el dudoso privilegio de entrar por decreto en el exclusivo club de las “rentas altas”. Esta es la salvadora innovación del gobierno. He aquí algunos asuntos sobre los que cabe hacer cambios en Baleares.

1.- La figura del Recaudador de Impuestos.

La recaudación de algunos impuestos se hace por medio del Recaudador que, a pesar de ser funcionario y estar dotado del atributo de autoridad, se queda nada menos que con un 3% de media de lo recaudado en vía voluntaria (el porcentaje es superior en la recaudación por vía ejecutiva). ¿No bastaría con bajar los impuestos un 3% y suprimir la figura del Recaudador, ya que actualmente las administraciones fiscales disponen de medios técnicos, tecnológicos y de personal funcionario suficiente?

2.- El latrocinio público de IB3.

Sólo UPyD ha denunciado los intereses que subyacen al mantenimiento del pozo sin fondo que significa IB3: propaganda favorable a determinados partidos y canalización de fondos públicos a empresas afines, por unos servicios que no interesan al público, a juzgar por el fracaso permanente en la cuota del share, por lo que difícilmente puede ser calificado como servicio público.

3.- La metástasis funcionarial.

No se ha acometido ninguna medida de racionalización del número de funcionarios (es célebre el caso publicado de la existencia de más funcionarios en la Conselleria de Agricultura que agricultores). La metástasis en la multiplicación de organismos públicos justifica siempre la creación de más funciones innecesarias o duplicadas. No se contempla la disolución de los mismos aun sin ser prioritarios ni efectivos.

4.- Los engaños en las obras públicas.

En muchos casos son superfluas y responden a intereses oscuros, que no conectan con necesidades verdaderamente demandadas por los ciudadanos (peatonalizaciones polémicas, carriles bici infrautilizados, Plan E de inversiones en obras que no pueden autofinanciarse…) En casi todas ellas se ha sistematizado el incumplimiento de la Ley de Contratación Pública, mediante la modificación al alza de los presupuestos, como ilustran los casos Palma Arena (50 millones de euros) y de la Carretera de Manacor ( 23 millones de euros). Mientras, el tiempo que tardan en cobrar los servicios realizados para organismos públicos multitud de acreedores, se prolonga exasperantemente a pesar de que los impuestos deben ser liquidados previamente.

5.- El asociacionismo dependientemente independiente.

La subvención de asociaciones e iniciativas, muchas veces de dudoso interés público abarcan muchos ámbitos en los que los grupos de amigos del poder se han acomodado a una bicoca que nadie cuestiona.

6.- El milagro del pan y los peces de la Ley de Asuntos Sociales.

La inoportuna Ley de Asuntos Sociales Baleares no viene acompañada de una memoria económica que asegure a toda la población necesitada el derecho a alojamiento, comida y vestido. El galopante gasto que la ley puede significar para las arcas públicas, si un número creciente de personas careciera de recursos, se debe a que la ley considera beneficiario de las ayudas a cualquier español, europeo de la Unión Europea, extranjeros no comunitarios residentes y extranjeros acogidos a asilo. Curiosamente el PP, puso como condición para aprobar la ley que en ningún caso la partida presupuestaria para desarrollar los servicios sociales contemplados fuera inferior al presupuesto actual. Lo deseable sería lo contrario: señal de que menos gente está necesitada. Las leyes no deben hacerse solamente a golpe de buenos sentimientos, deben tener su contrapunto racional.

7.- La costosísima y transversal normalización lingüística.

Es frecuente que una misma asociación como la Obra Cultural Balear, además de recibir del presupuesto del Gobierno de España, de la Generalitat de Cataluña, Govern Balear, del Consell Insular y de los ayuntamientos, varios millones de euros, reciba además subvenciones por sus revistas, foros y actividades artísticas

En resumen, las administraciones y políticos exigen demagógicamente al ciudadano unos esfuerzos que los organismos públicos no hacen.