(En un caso, dos años y tres meses. Aunque la sentencia está pendiente de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
En el otro caso, absolución de un Ministro. A pesar de lo que dice la Fiscalía.)
(COMENTARIO DE UN LECTOR.
A. Blanco dijo...
Es que me parto.
Hace apenas dos semanas, publicaba Vd., Sr. Urbina, un editorial de Libertad Digital a cuenta del archivo por el Tribunal Supremo del caso Campeón, que involucraba al Sr. Pepe Blanco. En él se podía leer:
"sólo la existencia de una justicia politizada como la que por desgracia padecemos en España les permite salir prácticamente impunes [a los políticos]aunque se reconozcan como ciertos los hechos que los llevaron al banquillo."
Claro que la cosa es distinta cuando quien sale bien parado de la politizada Justicia son los amiguetes (A. Alemany)... Entonces el TS ni está politizado, ni nada de nada. Las suyas son sentencias ejemplares.
en fin, PENOSO. Se le ve el plumero de una manera que tira para atrás.)
TORCER
EL DERECHO
Las dos
primeras sentencias del Palma Arena han dejado en evidencia la ligereza del
juez Castro como instructor. Los números hablan por sí solos. Limitémonos a
analizar la última de ellas, la sentencia de los famosos discursos de Jaume
Matas. Castro llega a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial a
seis imputados por haber cometido en conjunto 42 delitos (sí, leen bien).
Dulce Linares llegó imputada por dos delitos. La Audiencia Provincial la
absolvió de los dos. María Umbert empezó el juicio oral imputada de cuatro
delitos. La Audiencia la absolvió de los cuatro. Romero llegó con cuatro. El
Supremo lo absolvió de los cuatro. Joan Martorell de seis. La Audiencia lo
absolvió de uno y el Supremo de tres más. Antonio Alemany de catorce. La
Audiencia lo absolvió de seis y el Supremo de otros cuatro. Jaume Matas de
doce. La Audiencia le absolvió de seis y el Supremo de cinco.
En resumen,
de los 42 delitos con los que empezaron el juicio oral finalmente sólo se han
acreditado siete, ¡la sexta parte! De seis imputados, tres han quedado absueltos de
todos los cargos, Matas condenado sólo por un delito de tráfico de influencias,
Martorell con dos y Antonio Alemany, el más perjudicado sin duda, con cuatro. A
la vista de estos datos, que cada cual emita el juicio que le parezca más
oportuno sobre la actuación del juez estrella y de los fiscales anticorrupción.
Desde luego, ni lo magistrados de la
Audiencia ni los del Supremo se han andado con remilgos a la hora de vapulear a
Castro, Horrach y Carrau.
Antes de entrar en la discusión de cada
uno de los delitos, en la sentencia de casación el Supremo hace algunas
consideraciones previas, un aviso a navegantes para las próximas sentencias. En primer lugar, no puede
condenarse a nadie en base a juicios de intenciones (las intenciones, recuerda
el alto tribunal, pertenecen a la esfera íntima del sujeto), salvo que se haya
producido la confesión del acusado en este sentido. Los juicios inductivos (o
de inferencia) sólo son aceptables a partir de datos objetivos y materiales
probados. En una palabra, el Supremo reprocha tácitamente a la Audiencia que no
puede condenarse a nadie al amparo de interpretaciones subjetivas, meras
suposiciones, indicios, sin pruebas de cargo y sin valorar las pruebas
aportadas por los acusados. “Los hechos subjetivos exigidos por el tipo legal
deben quedar suficientemente probados”, sentencia el tribunal.
Acto
seguido, la sentencia
del Supremo hace una cerrada defensa de los principios de legalidad y
tipicidad. Recuerda que, en base al principio de legalidad, el reproche
ético de los actos denunciados no determina por sí solo su sanción penal, de
ahí que despache de un plumazo “el máximo plus de reprochabilidad” de Matas.
Recuerda también que el Derecho Penal “prohíbe taxativamente la analogía in
malam partem, es decir, la aplicación del tipo penal a casos distintos de
los comprendidos expresamente en él”. El alto tribunal critica los
torticeros intentos de hacer encajar a toda costa los hechos denunciados en
figuras delictivas cuando “no concurren rigurosamente los elementos típicos”
que las caracterizan. En base al principio de tipicidad, a los jueces de lo
penal les está vedada la interpretación “extensiva” y la aplicación de las
normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. No
hacerlo así significaría que el juez de lo penal invadiría el terreno del
legislador, vulnerando así la división de poderes.
La Audiencia
Provincial condenó a Matas por seis delitos, cinco de ellos como “autor por
inducción”. El Supremo absuelve a Matas como “autor por inducción” del delito
de prevaricación en la tramitación del contrato administrativo de sus
discursos. Los magistrados niegan incluso que existiera prevaricación ya que
las resoluciones de Rosa Estarás no fueron arbitrarias pues los discursos sí se
hicieron y cumplían un innegable servicio público. Tampoco el Supremo observa
malversación porque entiende que las comisiones del 5% que regularmente Alemany
pagó a Nimbus era un acuerdo entre particulares, en modo alguno se trataba de
caudales públicos. Matas no puede ser “autor por inducción” de un delito, la
malversación, inexistente.
El Supremo absuelve también a Matas como “autor por inducción” de fraude a la Administración por haber aportado información privilegiada a Nimbus y así mejorar su oferta de cara a llevarse el contrato abierto de asesoría. El alto tribunal recuerda que en los hechos probados por la Audiencia no se atisba ningún fraude o engaño para perjudicar a la administración. Asimismo, el Supremo absuelve a Matas de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El delito descansaba en que, según la Audiencia, los informes de Joan Martorell en los que certificaba que: a) el contrato se estaba ejecutando satisfactoriamente a efectos de prorrogarlo dos años más y b) que, una vez concluido a efectos de liquidarlo, se había cumplido el objeto del contrato, eran falsos. Pues bien, el Supremo afirma que estos informes no son falsos en realidad, sino ciertos: el servicio obedecía a un interés público que finalmente se prestó. Y finalmente, el Supremo absuelve al ex presidente del delito continuado de falsedad en documento mercantil ya que las facturas mensuales que emitía Nimbus contra el Govern tenían como fin pagar un servicio público que efectivamente se prestó, como reconoce la propia Audiencia.
Es importante destacar que, en todo el tema de los
discursos, el Supremo no observa ningún delito, absolviendo a todos los acusados de todos y cada
uno los delitos. En suma, Matas sólo ha sido condenado por un delito, tráfico
de influencias, por presionar a Martorell para dar la “máxima puntuación
posible” al proyecto de la Agencia Balear de Noticias de Alemany en un concurso
abierto a todos los medios de comunicación, obteniendo una puntuación, por
cierto, pareja a la de una veintena de medios. Y Alemany ha sido condenado por un asunto tangencial: no haber podido
demostrar que realizó un reportaje de turismo y deportes.
Es evidente que de la acusación original a lo
que finalmente se ha podido acreditar media un abismo. El rapapolvo a la
“competente” Margarita Beltrán, a Castro, a Horrach y a Carrau son de los que
hacen época. Por muy
ávida de sangre que esté la ciudadanía de políticos y banqueros, no se puede
condenar de cara a la galería, siguiendo como pauta el aplauso general y
haciendo seguidismo de unos fiscales politizados. Porque el Supremo no es
Twitter, afortunadamente.
Joan Font Rosselló/El Mundo/Baleares.
Comparaciones.
Siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país". José Antonio Orozco Fernández, vicepresidente y consejero delegado de la empresa de transportes Azkar, presumía en una conversación telefónica mantenida el 10 de febrero de 2011 de su estrecha relación con el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco. "Y él me va arreglando las cosas", aseguraba en la misma llamada. Dos años y un mes después, esta charla de algo menos de nueve minutos de duración intervenida por orden judicdial es una de las principales pruebas de cargo que la Fiscalía ha esgrimido para solicitar el juez instructor del Caso Campeón que tramite la petición al Congreso para que el exministro —que, al ser diputado, es aforado— pueda ser juzgado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. No es la única. Otras trece llamadas y siete mensajes de teléfono móvil, los conocidos popularmente como sms, son destacados en el escrito presentado ayer por el Ministerio Público como elementos claves que acusan a Blanco.
En nueve de ellos (dos conversaciones telefónicas y los siete sms) intervino directamente el que fuera número 2 de José Luis Rodríguez Zapatero en el PSOE.
De las 21 comunicaciones reflejadas por la Fiscalía en su escrito, el exministro de Fomento interviene directamente en dos llamadas de teléfono y en siete 'sms'Todas estas comunicaciones se produjeron entre el 15 de diciembre de 2010 y el 10 de marzo de 2011, y tuvieron como personaje principal a José Antonio Orozco, quien presuntamente utilizó su amistad con el entonces ministro (se conocen desde la infancia al ser ambos naturales de la localidad lucense de Palas de Rei) para conseguir la licencia que le permitiera construir una nave industrial cerca del aeropuerto del Prat de Llobregat (Barcelona). En la primera llamada, que se produjo a última hora de la tarde de aquel día de diciembre, uno de los empleados de Azkar, Antonio García Ramos, informaba al empresario de que los técnicos del Ayuntamiento de Sant Boi, donde debía levantarse la instalación, se oponían a otorgar la licencia.
El trabajador destacaba que para adecuar la nave a las características que les exigían los funcionarios, Orozco debería gastarse entre 175.000 y medio millones de euros. El empresario, indignado, reconocía a Antonio García que habría que "presionar por todas las vías" y "buscarle la vuelta" al primer edil de la localidad catalana.
Quince días después, en una nueva conversación con su empleado en el que éste le anunció que los técnicos municipales habían vuelto a echar para atrás la petición de levantar la nave, el empresario gallego mencionaba por primera vez al dirigente socialista. El trabajador ya le había comunicado que el alcalde de Sant Boi pertenecía al PSC y que se llamaba Jaume Bosch: "Vamos a ver si nos recibe este Jaume Bosch de los cojones y a ver qué coño hacemos, vale. Déjame hacer una gestión, voy [...]. Voy, voy a, voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o cómo carallo hacen". Sólo tres cuartos de hora después el empresario hablaba directamente con el ministro de Fomento en su teléfono móvil en una conversación en el que el político le preguntó si el alcalde era de su partido. "Es del PSC, joder", le respondía Orozco a la vez que le solicitaba poder hablar con el primer edil. "Vale, vale, pues yo, yo hablo con ellos, no te preocupes, eh", recogieron las grabaciones que fue la respuesta de un José Blanco que le anunciaba también que haría la gestión después de la festividad de Reyes.
"Puse un mensajito a Pepe"
El 10 de enero, Orozco volvió a contactar con el entonces titular de la cartera de Fomento. Fue un sms: "Cuando puedas hablamos de Sant Boi de Llobregat. Un abrazo". Al día siguiente hablaba con su empleado en el que le comunicaba que "puse un mensajito a Pepe para, para ver si él nos pueda dar una entrevista con el Jaume Bosch éste". No habían pasado 24 horas cuando el entonces secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, telefoneaba a Orozco "por indicaciones" del entonces ministro para que el empresario le explicase el "tema de Sant Boi". En los cinco minutos largos de conversación, Taboas aseguró en un par de ocasiones que él hablaría previamente con el alcalde de la localidad para ponerles en contacto. Ese mismo día, 12 de enero, el empresario gallegó envió un mensaje a Blanco para agradecerle que hubiera pedido al alto cargo de su departamento que desbloquease el proyecto de construcción de la nave de Azkar.
Cuando el dueño de Azkar se impacientaba por la falta de resultados de las gestiones de su "amigo" Blanco, no dudaba en ponerse directamente en contacto con élNueve días después de aquel mensaje, y ante la falta de resultados, Orozco se puso de nuevo en contacto con José Blanco a través de un sms. Ambos cruzaron dos nuevos mensajes en los minutos siguientes en los que el ministro le recomendó que no esperase a que el secretario de Estado le llamara, sino que fuera él mismo quien telefonease a su número dos. Sin embargo, ese día Orozco no consiguió contactar con el alto cargo de Fomento. Diez días después, el 31 de enero de 2011, en una conversación de Orozco con uno de los miembros del Consejo de Administración de su empresa, José Luis Solana, el amigo de la infancia de Blanco anunciaba a su interlocutor que el 9 de febrero iba a entrevistarse por fin con el alcalde de Sant Boi del Llobregat.
"Yo espero salir de ahí con la bendición papal", destacaba Orozco en una charla en la que sólo unos segundos antes había dado por hecho que estaba "todo enfocadísimo" precisamente por la militancia socialista del primer edil.
Ese mismo 9 de febrero, su expediente se agilizaba con la presentación de la documentación requerida por el Ayuntamiento y un cambio formal en la nomenclatura de la actividad que, en opinión de la Fiscalía, eliminó sospechosamente todas las trabas sin coste económico para el empresario.
Ese mismo día, el empresario presumía ante un nuevo intelocutor de que allí donde unos días antes todo eran problemas ese día había encontrado enormes facilidades. "¿Qué tal ha ido?, le preguntó su amigo. "Estupendamente, como no podía ser de otra manera. Nos confeccionaron hasta el escrito de alegaciones, ellos, eh, que ha quedado depositado ya en registro, que también hicieron ellos, eh", respondía José Antonio Orozco ante las risas al otro lado de la línea.
Sólo un día después, Orozco volvía a presumir ante una amistad de cómo había conseguido solventar sus problemas: "Siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país". En esa misma conversación telefónica, Orozco aseguraba que él jugaba en la "liga oculta" de Blanco y que por ello procuraba "nunca quedar con él en ningún sitio notorio donde se nos pueda ver".
"Gracias a la intevención de este hombre"
Una semana después, en una nueva llamada a su empleado Antonio García Ramos, Orozco comentaba con éste nuevos problemas administrativos con la nave del aeropuerto de Prat, en concreto con una licencia de Aena, organismo dependiente de Fomento. En esa conversación, el empresario aseguraba que la noche anterior ya había mandado un correo electrónico al ministro de Fomento y había intercambado dos sms, aunque de los mismos no hay constancia explíkcita en el escrito presentado ayer por la Fiscalía.
También el 17 de febrero, Blanco y él mantuvieron una breve conversación de 44 segundos en la que el dirigente socialista le anunciaba que "en quince días lo de Cataluña está resuelto". Tras colgar, Orozco telefoneó a un amigo para anunciarle que el ministro le acababa de llamar y que preveía que en dos semanas tendrían ya en su poder los informes técnicos que faltaba. "Menos mal. Y esto gracias a la intervención de este hombre, que si no tú imagínate", le respondió su interlocutor "en clara referencia al Ministro de Fomento", destaca el texto del Ministerio Público.
El 24 de febrero, Orozco volvía a impacientarse y enviaba un nuevo sms a José Blanco ante el parón del documento que faltaba. Al día siguiente, el jefe de Gabinete del ministro, Javier Hurtado, llamaba al empresario gallego para explicarle todas las gestiones que había realizado y para anuncarle que ese mismo día se iban a terminar de elaborar los informes que faltaban y que todos iban a ser positivos. El 28 de febrero y el 2 de marzo, Orozco volvió a ponerse en contacto telefónico con el jefe de Gabinete del ministro para meterle prisa con el informe ya que éste tenía que estar en poder del Ayuntamiento de Sant Boi el 7 de marzo para poder aprobarse definitivamente la licencia.
Para tranquilizar al empresario, la mano derecha de Blanco le llegó a adelanta por correo electrónico el ansiado informe. Finalmente, el 7 de marzo de 2011, el consistorio concedía la licencia ambiental a Trasnportes Azkar para poner en marcha su nave. El 10 de marzo de 2011, poco antes de las diez de la mañana, Orozco enviaba un mensaje a José Blanco para informarle de que le acababan de dar luz verde a su instalación. Lo acompañaba con un "gracias" que ahora se ha convertido, también, en prueba de cargo contra el exministro. (VozPópuli/11 Agosto 2013.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tras charlar con su primo en la barra, el ministro se acercó a Dorribo y le invitó a subirse a su coche oficial
Periodista Digital, 05 de noviembre de 2011 a las 08:14
A los 150.000 euros transferidos desde Andorra, Dorribo añadió otros 50.000 de su bolsillo
Ya no es sólo la palabra de Dorribo contra la de Blanco sino que hay auto judicial que considera verosímil que el ministro de Fomento aceptara un soborno de un empresario gallego.
Los detalles que afloran del sumario tiznan de negro la imagen del ministro de Fomento, cuyo papel como portavoz del Gobierno socialista y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba queda cada hora más en entredicho.
El Torquemada que acusó a Rajoy de «envolverse en la gaviota» para no destituir a Camps, por algo tan nimio sobre unos supuestos trajes, se aferra como puede al sillón e intenta aguantar, confiando en sobrevivir a la riada y convertirse después del 20-N en la gran figura del socialismo gallego, pero tiene la cosa cruda.
Blanco se ha negado hasta ahora a dar explicaciones sobre su encuentro con Dorribo en la gasolinera y ha negado que se dejara sobornar. Pero los apuntes contables, las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario y su propio enriquecimiento personal son indicios que hacen dudar seriamente de su inocencia. Los ´últimos datos que pública 'El Mundo', extraídos del sumario enviado por la juez de Lugo al Tribunal Supremo son llamativos.
El ministro se bajó de su coche oficial el día 5 de febrero y entró en la cafetería de la gasolinera de Guitiriz, donde le esperaban su primo, Manuel Bran, y el empresario Jorge Dorribo, que acudió a la cita acompañado por un amigo suyo llamado José Antonio López.
Bran y Dorribo se habían citado en la gasolinera media hora antes de la llegada del ministro, que venía de un acto oficial celebrado esa misma mañana en La Coruña. Bran había convocado al empresario en ese insólito lugar con un doble fin: cobrar los 200.000 euros en efectivo previamente pactados con Dorribo y utilizar la estación de servicio como punto de encuentro para que éste se encontrara con Blanco y se subiera a su coche oficial, con objeto de pedirle que hiciera gestiones a favor de su grupo de empresas, causa última del pago de la comisión mencionada.
Según las citadas fuentes, una vez que Bran contó el dinero, que estaba en un sobre en billetes de 500 euros, se levantó de la mesa en la que se encontraba con Dorribo y se fue hacia la barra de la cafetería. Allí esperó de pie a su primo, el ministro. Poco después llegó Blanco, que, casualmente, fue reconocido por un empresario que, posteriormente, estuvo con él en el almuerzo al que acudió en su coche acompañado por Dorribo.
Tras una corta conversación con Bran en la barra de la cafetería, el ministro se acercó a la mesa donde se encontraba Jorge Dorribo, le saludó y luego ambos salieron juntos del local para introducirse en el coche oficial del titular de Fomento.
Bran acudió a la comida en su propio coche, mientras que el amigo de Dorribo, que había acudido con él a la cafetería de la gasolinera, se marchó en el coche de éste.
Ya en el interior del automóvil, y de camino al restaurante, Dorribo le planteó al ministro (según ha reconocido a este periódico el propio Blanco) que hiciera una serie de gestiones ante el Ministerio de Sanidad para acelerar la comercialización de sus productos farmacéuticos, incluyendo en ellas una entrevista personal con la ministra Leire Pajín.
Blanco afirma que en ningún momento hizo las gestiones que se le pedían y justificó la entrevista en el automóvil por el hecho de que él es un político «accesible» y a Bran le conocía por haber coincidido con él en alguna reunión con empresarios lucenses.
Sea como fuere, el caso es que, a partir de ese momento, altos cargos de Sanidad mantuvieron reuniones con técnicos de la empresa Nupel en el Ministerio, según se desprende de una serie de faxes que atestiguan esa fluida relación, así como diversos encuentros.
Los detalles que afloran del sumario tiznan de negro la imagen del ministro de Fomento, cuyo papel como portavoz del Gobierno socialista y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba queda cada hora más en entredicho.
El Torquemada que acusó a Rajoy de «envolverse en la gaviota» para no destituir a Camps, por algo tan nimio sobre unos supuestos trajes, se aferra como puede al sillón e intenta aguantar, confiando en sobrevivir a la riada y convertirse después del 20-N en la gran figura del socialismo gallego, pero tiene la cosa cruda.
Blanco se ha negado hasta ahora a dar explicaciones sobre su encuentro con Dorribo en la gasolinera y ha negado que se dejara sobornar. Pero los apuntes contables, las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario y su propio enriquecimiento personal son indicios que hacen dudar seriamente de su inocencia. Los ´últimos datos que pública 'El Mundo', extraídos del sumario enviado por la juez de Lugo al Tribunal Supremo son llamativos.
El ministro se bajó de su coche oficial el día 5 de febrero y entró en la cafetería de la gasolinera de Guitiriz, donde le esperaban su primo, Manuel Bran, y el empresario Jorge Dorribo, que acudió a la cita acompañado por un amigo suyo llamado José Antonio López.
Bran y Dorribo se habían citado en la gasolinera media hora antes de la llegada del ministro, que venía de un acto oficial celebrado esa misma mañana en La Coruña. Bran había convocado al empresario en ese insólito lugar con un doble fin: cobrar los 200.000 euros en efectivo previamente pactados con Dorribo y utilizar la estación de servicio como punto de encuentro para que éste se encontrara con Blanco y se subiera a su coche oficial, con objeto de pedirle que hiciera gestiones a favor de su grupo de empresas, causa última del pago de la comisión mencionada.
Según las citadas fuentes, una vez que Bran contó el dinero, que estaba en un sobre en billetes de 500 euros, se levantó de la mesa en la que se encontraba con Dorribo y se fue hacia la barra de la cafetería. Allí esperó de pie a su primo, el ministro. Poco después llegó Blanco, que, casualmente, fue reconocido por un empresario que, posteriormente, estuvo con él en el almuerzo al que acudió en su coche acompañado por Dorribo.
Tras una corta conversación con Bran en la barra de la cafetería, el ministro se acercó a la mesa donde se encontraba Jorge Dorribo, le saludó y luego ambos salieron juntos del local para introducirse en el coche oficial del titular de Fomento.
Bran acudió a la comida en su propio coche, mientras que el amigo de Dorribo, que había acudido con él a la cafetería de la gasolinera, se marchó en el coche de éste.
Ya en el interior del automóvil, y de camino al restaurante, Dorribo le planteó al ministro (según ha reconocido a este periódico el propio Blanco) que hiciera una serie de gestiones ante el Ministerio de Sanidad para acelerar la comercialización de sus productos farmacéuticos, incluyendo en ellas una entrevista personal con la ministra Leire Pajín.
Blanco afirma que en ningún momento hizo las gestiones que se le pedían y justificó la entrevista en el automóvil por el hecho de que él es un político «accesible» y a Bran le conocía por haber coincidido con él en alguna reunión con empresarios lucenses.
Sea como fuere, el caso es que, a partir de ese momento, altos cargos de Sanidad mantuvieron reuniones con técnicos de la empresa Nupel en el Ministerio, según se desprende de una serie de faxes que atestiguan esa fluida relación, así como diversos encuentros.
Diario "EL País", 18/07/2013
ResponderEliminarTras numerosas diligencias, todas las solicitadas por el ministerio fiscal y la policía, y una instrucción que se ha prolongado durante año y medio, el caso Blanco se ha evaporado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer el portazo final a la investigación judicial contra José Blanco, unas pesquisas iniciadas cuando el socialista era ministro de Fomento del Gobierno de Zapatero y peso pesado de su partido, y archivadas ahora que el político lucense es solo diputado en el Congreso, apartado incluso de la lucha por tomar las riendas del maltrecho socialismo gallego. El auto del Supremo desmonta la petición que realizó el magistrado instructor José Ramón Soriano el pasado 11 de junio para que se le abriese juicio a Blanco por tráfico de influencias porque, esgrime, testimonios recogidos ya en marzo y en diciembre del año pasado contradecían algunas de sus “afirmaciones nucleares”.
Aunque la investigación a Blanco la inició el Supremo a finales de 2011 por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, las dos primeras acusaciones se cayeron por el camino. Las acusaciones lanzadas por el empresario gallego Jorge Dorribo, presunto cerebro de la trama Campeón de fraude de subvenciones, cuando testificó en un juzgado de Lugo que había sobornado al exministro a través de un familiar para que le hiciera ciertos favores, se quedaron en nada. La instrucción del Supremo se centró entonces en el tráfico de influencias por la licencia que obtuvo un empresario amigo de Blanco, José Antonio Orozco, en un Ayuntamiento catalán gobernado por el PSC.
El instructor cerró en junio pasado sus indagaciones sobre este asunto, apuntando a que un técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) había otorgado el permiso a Orozco gracias a una reunión con el alcalde que logró por mediación de Blanco. El trámite se aprobó, añadía, pese a que en informes anteriores el empleado municipal había negado la autorización porque el proyecto tenía unas deficiencias que nunca fueron subsanadas. El auto de la Sala de lo Penal del Supremo que archiva el caso desmonta ahora este relato realizado por el instructor y en el que el magistrado apoyaba la acusación de tráfico de influencias. Y lo hace remitiéndose a las declaraciones de los testigos y a conversaciones telefónicas interceptadas con los pinchazos policiales.
(sigue)
Para empezar, el auto de ayer destaca que el técnico del Ayuntamiento de Sant Boi declaró al instructor que otorgó la licencia a la nave industrial del amigo de Blanco tras verificar que “el solicitante había solucionado las objeciones”. El alcalde, el socialista Jaume Bosch, relató por su parte que cuando se reunió con Orozco en febrero de 2011 “los problemas técnicos ya se habían solucionado”. Ambos señalaron además ante el instructor que no fueron “influenciados, sugeridos o forzados” por Blanco en sus actuaciones administrativas. “La calificación del informe [del técnico para conceder la licencia] como injustificado, sorprendente y causal a la entrevista carece de base probatoria alguna”, afirma el auto de archivo del caso refiriéndose al dictamen del instructor con el que se pedía abrir juicio al exministro.
ResponderEliminarLa Sala de lo Penal del Supremo considera que los hechos que se han conseguido constatar en la instrucción “no son subsumibles en el tipo penal de tráfico de influencias”. La comisión de este delito, subraya, debe incluir que la influencia del acusado se ejerza para alterar las decisiones del “funcionario influido”, por lo que se excluyen gestiones como la solicitud de información. Asimismo, este tipo penal exige “el abuso de la situación de superioridad”, es decir, que esa posición de poder se use de un “modo desviado”, con una “presión impropia del cargo” y con un “interés espurio”. Tampoco las conversaciones telefónicas pinchadas apuntan, señala la Sala, a un delito de tráfico de influencias. En ellas Orozco le pedía a Blanco que intermediara para lograr la reunión con el alcalde porque discrepaba de los informes municipales. De ellas solo se puede deducir que Blanco gestionó la entrevista, pero “la motivación de la resolución [del Ayuntamiento de Sant Boi] fue técnica”, concluye el Supremo. Sobre el “alarde” que Orozco hizo de su amistad con Blanco en otras grabaciones, la Sala manifiesta que “no acredita el hecho objeto” de las indagaciones ya archivadas.
Lo que yo comparo es el tratamiento dispar que usted hace de las sentencias del TS en uno y otro caso, algo tan obvio que no merece ni comentarse.
ResponderEliminarEn ambos casos, el TS aprecia defectos de tipicidad. Los hechos no son subsumibles en el tipo penal, dice el TS.
Ahora bien, en el caso campeón, Vd. presume la politización de la justicia. En el segundo, la sentencia no se discute: se presume su corrección, su acierto.
Estoy ya muy mayor para su propaganda barata. El doble rasero en los casos que afectan a la izquierda y a la derecha es una costumbre en Vd.
¿Que el archivo del caso Campeón se produjo contra el criterio de la Fiscalía?
ResponderEliminarMenudo argumento. La sentencia del TS relativa a Matas también se dictó contra el criterio de la Fiscalía:
Fuente: Cadena Ser. 2/7/2013
"La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la pena de seis años de cárcel para el expresidente balear Jaume Matas por pagar medio millón de euros de fondos públicos a un periodista que le escribía los discursos. Para el Ministerio Fiscal está probado que Matas urdió una estrategia para ocultar este pago de 483.186 euros al periodista Antonio Alemany, "poniéndole ropaje formal al muñeco" y camuflando este pago como si fuera una subvención.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo revisa la condena de seis años de cárcel impuesta a Jaume Matas por los delitos de fraude a la administración, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial y mercantil en la primera de las 26 piezas separadas del 'caso Palma Arena'. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca también condenó al periodista que recibió el dinero camuflado como subvención, Antonio Alemany, a 3 años y 9 meses.
Tanto la fiscalía como la abogacía del Govern balear han solicitado que se confirmen ambas condenas, y han considerado probado que el expresidente Matas utilizó su poder para concederle esta subvención a Alemany, un concurso de una asesoría externa en materia de comunicación que finalmente no se habría cumplido. Un proceso en el que también habrían intervenido el jefe de comunicación de Matas, Joan Martorell. Para el Fiscal del caso, el periodista igualmente "usó su amistad para obtener favores y desarrollar su actividad profesional".
En este punto, la abogada de la administración pública balear, en calidad de acusación, ha indicado que "el objeto del contrato nunca se cumplió" y que esta estrategia se urdió para evitar que Alemany se tuviera que incorporar de forma oficial a la administración pública de Matas y poder así seguir con su actividad privada sin quebrantar la ley de incompatibilidades."