Pese a "duplicidades" o "lagunas"
Rajoy: "La Administración española no es elefantiásica ni una losa"
La reforma de
la administración acumula ya un ahorro de 7.384 millones. Para la
vicepresidenta, es el plan "del non stop, del no parar".
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Deuda Pública
2014-02-10
Rajoy renuncia al adelgazamiento del sector público
Lo cierto, sin embargo, es que en diciembre de ese mismo año, nada más llegado a la presidencia del Gobierno, Rajoy no quiso saber nada de una reforma del sector público, en general, y del modelo autonómico, muy en particular; en lugar de ello inició uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de nuestra historia, responsable del retraso y la debilidad de nuestra recuperación económica.
Sólo a finales de 2012 Soraya Sáenz de Santamaría pareció acordarse de esa promesa de adelgazamiento y supresión de duplicidades y despilfarradores organismos públicos. Pero no para anunciar la inmediata ejecución de programa de reforma alguno, sino la creación de un comité de expertos y de una Comisión para la Reforma de la Administración Pública en que ya no se hacía mención expresa de nuestro disfuncional y despilfarrador modelo autonómico.
A día de hoy nos podemos preguntar: ¿qué cura de adelgazamiento de nuestro sector público cabe ya esperar de un presidente del Gobierno que, cruzado el ecuador de la legislatura, nos sale este lunes con que "la Administración pública española no es elefantiásica ni una losa"? Pues ninguna o una tan ridícula como el ahorro de 7.384 millones que, según Rajoy, lleva acumulado la, por lo visto, ya emprendida reforma de marras.
Para Rajoy, que el sector público se meriende casi la mitad de nuestra renta nacional y, a pesar de ello, nos haya endeudado por un importe cercano al 100% de nuestro PIB es algo muy llevadero. Ya dije en cierta ocasión, en referencia al carácter de Rajoy:
Para llevar a cabo un auténtico programa reformista no sólo hace falta clarividencia para saber en qué debe consistir el cambio, sino determinación para enfrentarse a los partidarios del statu quo. Y esta letal renuencia al enfrentamiento es lo que creo que más caracteriza a Rajoy y lo que explica que, ya siendo presidente, haga diagnósticos de situación carentes de lucidez, pero que le procuran una excusa para su pasividad.
Ciertamente, ¿qué mejor excusa para la satisfecha pasividad de Rajoy que hacernos creer que la Administración pública ya no es ni "elefantiásica" ni una "losa"?
(Guillermo Dupuy/ld)
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Francis Maude
Su padre fue ministro y director de
periódico, es padre de cinco hijos, un «tory» con pedigrí que presidió el
partido y fue ministro con Margaret Thatcher. Pero hay algo que diferencia a
Francis Maude, ministro del Gabinete [de Presidencia] británico, del resto de
miembros del Ejecutivo de David Cameron. Cuando perdió su escaño en 1992
pasó al sector privado y trabajó durante cinco años en los bancos Morgan
Stanley y Solomon Brothers y fue consejero del grupo de distribución y
supermercados Asda.
«Al haber tenido esa experiencia con
proveedores, tengo un mejor sentido de lo que es un buen producto o un buen
servicio que otros ministros», explica durante una entrevista con ABC en la
residencia del embajador del Reino Unido en Madrid. Maude, de 61 años y educado
en Cambridge, es un convencido de las virtudes más vanguardistas de la
transparencia y el llamado gobierno abierto, y sabe predicar con el ejemplo.
Cuando David Cameron le reclutó para impulsar la reforma de la Administración
británica, uno de sus gestos fue solicitar su propia red wifi en el despacho
porque la red del departamento no le dejaba consultar Google en su iPad.
Acaba de lanzar una iniciativa para extender los formatos abiertos (como el
OpenOffice) en la Administración y no depender de onerosos contratos con
gigantes como Microsoft Office. Y ve su cruzada para convertir el gobierno en una
administración «digital por defecto» como la punta de lanza de una transformación
más profunda. Quiere empequeñecer el Estado y ampliar el papel de la sociedad.
Sus reformas han servido de inspiración para el gobierno de Mariano Rajoy, que
envió el año pasado al subsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales a
tomar nota con el equipo de Maude.
-¿Qué es una Administración
moderna?
-Implica un Estado y una burocracia
más pequeñas, en la que cada vez más servicios públicos se encargan fuera del
sector público, y un escenario en el que se ha superado esa disyuntiva cruda y
binaria entre servicios públicos gestionados por la burocracia pública o
servicios externalizados o privatizados a proveedores comerciales.
-¿Por qué no es binario?
-Porque hay más opciones. Ciertas
funciones de la Administración pueden ser realizadas por empresas sociales, o
por estructuras mutuales desgajadas de la Administración. Lo hemos hecho con la
organización que gestiona el fondo de pensiones de los funcionarios, que
empleaba a 500 funcionarios. La hemos sacado del gobierno y hemos creado una
entidad mutual híbrida en la que los propios empleados tienen el 25% de la
entidad, el gobierno retiene el 35%, y hemos privatizado el 40%. Quince meses
después de su externalización, sus empleados obtuvieron un dividendo de unos
800 euros.
-¿Qué vio cuando llegó al gobierno
en 2010 que dijo, «esto no puede ser»?
-Muchas cosas son economía doméstica
básica. Poco tiempo después de llegar al gobierno impusimos controles en la
propiedad: ninguna rama del gobierno central puede firmar un contrato nuevo de
alquiler sin que yo de mi visto bueno personal. Y ningún departamento puede
hacer una inversión en informática o tecnología de más de 1,2 millones sin que
yo lo firme personalmente.
-¿Y no se le ha llenado la mesa
de papeles para firmar?
-No, porque la mera existencia de
estos controles a menudo elimina la demanda, supone un gran incentivo para
encontrar otras maneras de hacerlo. Otra cosa que hemos hecho es establecer la
lista de los grandes clientes de la Administración. Antes, el gobierno no sabía
quiénes eran sus grandes proveedores. Tuve que escribir cartas a los consejeros
delegados de las grandes empresas de las que sospechábamos que figuraban entre
nuestros proveedores para preguntarles a ellos qué contratos tenían con
nosotros.
-¿Y adelgazar el tamaño de la
Administración es bueno per se, o es una agenda ideológica neoliberal, como
dicen sus críticos?
-La Función Pública británica está
en sus niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial, y eso es bueno.
Distintas partes del gobierno deben encoger a ritmos diferentes. Por ejemplo,
Educación pronto tendrá la mitad de funcionarios [en el departamento, sin
contar el personal de los colegios] que tenía antes, y están haciendo mucho
más. El reverso de un Estado pequeño es una sociedad potente en la que más
gente hace más cosas juntos para el beneficio de toda la comunidad. La crisis y
la necesidad de ahorrar lo hace más urgente, pero lo habríamos hecho de
cualquier manera.
-Pero los gobiernos y los
funcionarios nunca han sido buenos en ponerse en la perspectiva de la necesidad
del ciudadano, ¿por qué?
-Los gobiernos han diseñado
tradicionalmente los servicios públicos en función de su propia conveniencia.
Si lo hacemos bien, no necesitamos tantos funcionarios. Les exige salir de su
zona de confort y renunciar a esa mística, ese lenguaje complejo, que les hace
sentirse más justificados en su tarea. Es un cambio de mentalidad total.
-¿Y cómo se logra?
-Nuestro enfoque parte de una
Administración que sea digital por defecto. Si una gestión puede hacerse
online, ese servicio debería ser ofrecido solo online. Y para quienes no tienen
acceso a Internet, ofrecemos una opción digital asistida, dando acceso por
ejemplo en una librería pública o una oficina de Correos. Eso libera muchísimas
capacidades. En general, el coste de una transacción digital es una vigésima
parte de hacerlo por teléfono, una trigésima parte de hacerlo por correo, y
representa el 2% del coste de una gestión cara a cara. Amazon no labró su éxito
cerrando librerías, sino ofreciendo una experiencia irresistible muy simple de
usar.
(Ignacio Gil/ABC)
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LA ADMINISTRACIÓN Y LAS CINCO MENTIRAS DE RAJOY.
El pasado lunes, el Gobierno del PP reiteró, una vez más, las bondades de una de sus grandes reformas, la relacionada con la reordenación de las Administraciones Públicas. El proyecto, liderado personalmente por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pretende, básicamente, mejorar la eficiencia del sector público.
Para ello, la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó el pasado verano un amplio documento, con más de 200 medidas de diversa índole, a aplicar por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos entre 2012 y 2015. Y si entonces fue Sáenz de Santamaría la encargada de cantar las alabanzas de dicha reforma, ahora le ha tocado el turno al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El problema es que ambos han empleado cifras que confunden y llevan a engaño a buena parte de la opinión pública. Así, aunque, en principio, pudiera parecer que el principal objetivo de la reforma es reducir el sector público, lo cierto es que ésa no es, en ningún caso la intención del PP, tal y como avanzó Libre Mercado el pasado junio. Rajoy lo volvió a dejar muy claro en su intervención: "La Administración española no es elefantiásica ni una losa".
Para desmontar ese "falso mito en torno a nuestra burocracia", según Rajoy, el presidente destacó una serie de datos. En primer lugar, afirmó que "España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del PIB: un 44% en 2012, cinco puntos menos que la media de la zona euro".
Sin embargo, no es cierto. El gasto público se situó en el 47,8% del PIB en 2012, apenas 2,1 puntos por debajo de la media de la zona euro, tal y como muestra la oficina estadística de la UE (Eurostat). Desde que llegó al poder, el PP, al igual que hizo antes el PSOE, se empeña en maquillar el gran agujero de las cuentas públicas. En este caso, descontando convenientemente del gasto y del déficit el enorme coste del rescate público de las cajas de ahorros.
Por otro lado, Rajoy enfatizó las medidas de ajustes puestas en
marcha por su Gobierno para, en teoría reducir, el gasto y, de este
modo, también el déficit público. "Todas estas medidas han contribuido a
que, ya en el año 2012, el esfuerzo de ahorro haya sido extraordinario.
Pese a la difícil situación económica, la proporción de gasto sobre PIB
se redujo en 1,27 puntos frente al aumento de 0,4 puntos en la
Eurozona".
Pero, una vez más, Eurostat desmiente tal aseveración. Lejos de reducirse, el gasto público aumentó en 2,1 puntos del PIB en 2012, cinco veces más que la media de la zona euro (+0,4%) y el mayor incremento de todos los países miembros en ese ejercicio
Y lo mismo sucede en cuanto al déficit público. Rajoy afirmó el lunes que bajo su mandato "España ha protagonizado una espectacular reducción del déficit, la mayor de todos los países del G-20, lo que nos ha permitido recuperar la confianza". Los datos oficiales señalan lo contrario: el déficit aumentó un punto en 2012, hasta situarse en el 10,6% del PIB, la segunda mayor cifra de la historia reciente de España tras el récord de 2009 (11,1%) y el nivel más alto de toda la zona euro.
La trampa, una vez más, consiste en no contabilizar el rescate de las cajas, cosa que sí hace Eurostat, cuyas cifras son las únicas oficiales y homologables a nivel de la UE.
Pero es que, ni siquiera así se trata de un gran ajuste. Una vez eliminado el rescate de las cajas, el déficit bajó del 9,07% del PIB en 2011 al 6,84% en 2012, lo cual supone una reducción de 2,23 puntos porcentuales. Tal y como se puede comprobar en el anterior cuadro, se trata de una cifra muy inferior a Irlanda (casi 5 puntos menos) y m similar a Eslovenia (-2,5) y Letonia (-2,3 puntos).
Por otro lado, aunque el Ejecutivo popular insiste en que logrará reducir el déficit al umbral del 6,5% en 2013, tal y como exige Bruselas, lo cierto es que todo apunta a que rondará, como mínimo, el 7% del PIB, según avanzan los propios datos oficiales y las previsiones de diversos analistas, entre ellos, el servicio de análisis del BBVA.
Dichas cifras reflejan el enorme diferencial entre gastos e ingresos que sigue registrando el sector público español. En este sentido, es cierto que otros países del euro presentan un nivel de gasto sobre PIB superior al español, pero la clave es que sus cuentas están equilibradas o, cuando menos, cumplen con el límite máximo de déficit que marcan los tratados de la UE (3% del PIB).
El caso de España es muy distinto, ya que la recaudación se situó en el 37,1% del PIB en 2012, casi diez puntos menos que la media de la zona euro (46,3%), y cuatro puntos menos que en 2007, en el pico de la burbuja, cuando registró el mayor volumen de ingresos fiscales de su historia.
Esta divergencia entre ingresos y gastos demuestra que el grave
problema de déficit que sufre España no es coyuntural, como afirma el
Gobierno, sino "estructural", tal y como alerta el Banco de España.
Es decir, el sector público sigue gastando muy por encima de sus
posibilidades, de modo que la solución radica en reducir el gasto no en
subir impuestos.
En concreto, el conjunto de las Administraciones gastó casi un 29% más de lo que ingresó en 2012, un descuadre más de tres veces superior al de la media de la zona euro, tal y como refleja el siguiente gráfico. España lidera, hoy por hoy, el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos en la zona euro.
De ahí, precisamente, que España haya protagonizado el mayor aumento de la deuda pública de la zona euro durante la crisis, con casi 50 puntos extra del PIB, tan sólo superado por Irlanda (92,5 puntos) y Portugal (55,7), y a la altura de Grecia (49,5).
Así, por un lado, indicó que "las reformas estructurales de la Administración que ha emprendido el Gobierno en materia de empleo público, reestructuración de entidades, mejoras en la eficiencia y en la gestión de los recursos públicos, así como la eliminación de duplicidades y simplificación administrativa, acumulan ya unos ahorros de 7.384 millones de euros". Y, por otro, la implementación de otras medidas ya iniciadas, como la reforma local, generará un ahorro total de 28.898 millones de euros a finales de 2015".
Un "esfuerzo", según Rajoy, al que habrá que sumar los ajustes realizados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En total, el Gobierno vende a la opinión pública que la CORA -y otras medidas adicionales- supondrán un ahorro de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015.
A primera vista, pudiera parecer que el citado "ahorro" se refiere a recortes de gasto, pero, nuevamente, la realidad es muy distinta. La trampa, aquí, consiste en que el Gobierno mezcla las medidas que incluye la CORA con otro tipo de reformas, tales como la nueva Ley de Régimen Local o la reducción de sueldos y empleos públicos en 2012.
En el fondo, el ahorro previsto por la CORA, en sentido estricto, asciende a unos 22.800 millones de euros y, de éstos, tan sólo 6.500 millones se traducirán en recortes de gasto público, apenas una reducción del 0,4% anual entre 2013 y 2015. El resto (16.300 millones) es una simple y arbitraria estimación sobre lo que, en teoría, se ahorrarán los ciudadanos y las empresas de su bolsillo gracias a la mejora de la eficiencia de la Administración (eliminando trámites y burocracia).
(M. Llamas/LibreMercado)
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LA ADMINISTRACIÓN Y LAS CINCO MENTIRAS DE RAJOY.
El pasado lunes, el Gobierno del PP reiteró, una vez más, las bondades de una de sus grandes reformas, la relacionada con la reordenación de las Administraciones Públicas. El proyecto, liderado personalmente por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pretende, básicamente, mejorar la eficiencia del sector público.
Para ello, la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó el pasado verano un amplio documento, con más de 200 medidas de diversa índole, a aplicar por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos entre 2012 y 2015. Y si entonces fue Sáenz de Santamaría la encargada de cantar las alabanzas de dicha reforma, ahora le ha tocado el turno al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El problema es que ambos han empleado cifras que confunden y llevan a engaño a buena parte de la opinión pública. Así, aunque, en principio, pudiera parecer que el principal objetivo de la reforma es reducir el sector público, lo cierto es que ésa no es, en ningún caso la intención del PP, tal y como avanzó Libre Mercado el pasado junio. Rajoy lo volvió a dejar muy claro en su intervención: "La Administración española no es elefantiásica ni una losa".
Para desmontar ese "falso mito en torno a nuestra burocracia", según Rajoy, el presidente destacó una serie de datos. En primer lugar, afirmó que "España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del PIB: un 44% en 2012, cinco puntos menos que la media de la zona euro".
Sin embargo, no es cierto. El gasto público se situó en el 47,8% del PIB en 2012, apenas 2,1 puntos por debajo de la media de la zona euro, tal y como muestra la oficina estadística de la UE (Eurostat). Desde que llegó al poder, el PP, al igual que hizo antes el PSOE, se empeña en maquillar el gran agujero de las cuentas públicas. En este caso, descontando convenientemente del gasto y del déficit el enorme coste del rescate público de las cajas de ahorros.
Pero, una vez más, Eurostat desmiente tal aseveración. Lejos de reducirse, el gasto público aumentó en 2,1 puntos del PIB en 2012, cinco veces más que la media de la zona euro (+0,4%) y el mayor incremento de todos los países miembros en ese ejercicio
Y lo mismo sucede en cuanto al déficit público. Rajoy afirmó el lunes que bajo su mandato "España ha protagonizado una espectacular reducción del déficit, la mayor de todos los países del G-20, lo que nos ha permitido recuperar la confianza". Los datos oficiales señalan lo contrario: el déficit aumentó un punto en 2012, hasta situarse en el 10,6% del PIB, la segunda mayor cifra de la historia reciente de España tras el récord de 2009 (11,1%) y el nivel más alto de toda la zona euro.
La trampa, una vez más, consiste en no contabilizar el rescate de las cajas, cosa que sí hace Eurostat, cuyas cifras son las únicas oficiales y homologables a nivel de la UE.
Pero es que, ni siquiera así se trata de un gran ajuste. Una vez eliminado el rescate de las cajas, el déficit bajó del 9,07% del PIB en 2011 al 6,84% en 2012, lo cual supone una reducción de 2,23 puntos porcentuales. Tal y como se puede comprobar en el anterior cuadro, se trata de una cifra muy inferior a Irlanda (casi 5 puntos menos) y m similar a Eslovenia (-2,5) y Letonia (-2,3 puntos).
Por otro lado, aunque el Ejecutivo popular insiste en que logrará reducir el déficit al umbral del 6,5% en 2013, tal y como exige Bruselas, lo cierto es que todo apunta a que rondará, como mínimo, el 7% del PIB, según avanzan los propios datos oficiales y las previsiones de diversos analistas, entre ellos, el servicio de análisis del BBVA.
Dichas cifras reflejan el enorme diferencial entre gastos e ingresos que sigue registrando el sector público español. En este sentido, es cierto que otros países del euro presentan un nivel de gasto sobre PIB superior al español, pero la clave es que sus cuentas están equilibradas o, cuando menos, cumplen con el límite máximo de déficit que marcan los tratados de la UE (3% del PIB).
El caso de España es muy distinto, ya que la recaudación se situó en el 37,1% del PIB en 2012, casi diez puntos menos que la media de la zona euro (46,3%), y cuatro puntos menos que en 2007, en el pico de la burbuja, cuando registró el mayor volumen de ingresos fiscales de su historia.
En concreto, el conjunto de las Administraciones gastó casi un 29% más de lo que ingresó en 2012, un descuadre más de tres veces superior al de la media de la zona euro, tal y como refleja el siguiente gráfico. España lidera, hoy por hoy, el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos en la zona euro.
De ahí, precisamente, que España haya protagonizado el mayor aumento de la deuda pública de la zona euro durante la crisis, con casi 50 puntos extra del PIB, tan sólo superado por Irlanda (92,5 puntos) y Portugal (55,7), y a la altura de Grecia (49,5).
Un ahorro ficticio e irreal
"Pongo en liza estos datos para enfatizar que el espíritu reformista en lo tocante a la Administración nació en el inicio mismo de la Legislatura y no va a decaer en ningún momento en este mandato", añadió Rajoy para enfatizar, a continuación, las medidas de ahorro que, supuestamente, incluye su reforma de la Administración Pública.Así, por un lado, indicó que "las reformas estructurales de la Administración que ha emprendido el Gobierno en materia de empleo público, reestructuración de entidades, mejoras en la eficiencia y en la gestión de los recursos públicos, así como la eliminación de duplicidades y simplificación administrativa, acumulan ya unos ahorros de 7.384 millones de euros". Y, por otro, la implementación de otras medidas ya iniciadas, como la reforma local, generará un ahorro total de 28.898 millones de euros a finales de 2015".
Un "esfuerzo", según Rajoy, al que habrá que sumar los ajustes realizados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En total, el Gobierno vende a la opinión pública que la CORA -y otras medidas adicionales- supondrán un ahorro de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015.
A primera vista, pudiera parecer que el citado "ahorro" se refiere a recortes de gasto, pero, nuevamente, la realidad es muy distinta. La trampa, aquí, consiste en que el Gobierno mezcla las medidas que incluye la CORA con otro tipo de reformas, tales como la nueva Ley de Régimen Local o la reducción de sueldos y empleos públicos en 2012.
En el fondo, el ahorro previsto por la CORA, en sentido estricto, asciende a unos 22.800 millones de euros y, de éstos, tan sólo 6.500 millones se traducirán en recortes de gasto público, apenas una reducción del 0,4% anual entre 2013 y 2015. El resto (16.300 millones) es una simple y arbitraria estimación sobre lo que, en teoría, se ahorrarán los ciudadanos y las empresas de su bolsillo gracias a la mejora de la eficiencia de la Administración (eliminando trámites y burocracia).
(M. Llamas/LibreMercado)
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