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lunes, 19 de mayo de 2014

CATALANES AMENAZADOS

 (Mariano, ¿piensas hacer algo útil, o piensas seguir mirando a otro lado?

 Claro que tú estás por la labor de contentar a los separatistas catalanes. O sea, callar.

Espero que los votantes quieran enterarse de una vez. En lo que se ha convertido el Partido Popular marianista.)





La asociación Impulso Ciudadano, conocida en Cataluña por su rechazo al secesionismo catalán y el proceso independentista, aseguró hoy que quienes en esta comunidad se oponen al secesionismo son amenazados a través de internet, como ha sucedido con algunos políticos tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
 
José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, aseguró que en Cataluña hay «mucha amenaza» en la Red contra los no nacionalistas y los que defienden el marco constitucional. Domingo afirmó que en algunas webs es posible ver comentarios «de Código Penal» cuando hay noticias referidas a personas opuestas a la independencia catalana. Aseguró que, en estos casos, es posible ver en estas páginas «pistolas» y otras formas de representar las amenazas. 

El responsable de Impulso Ciudadano valoraba así el debate abierto sobre si se debe cambiar la ley para perseguir mejor que, a través de redes sociales como Twitter, se amenace a políticos o se jaleen asesinatos, como el de Isabel Carrasco.

Mecanismo de denuncia

A este respecto, Domingo dijo haber recibido «muchísimos» insultos en el pasado tras publicar artículos en Internet. Sin embargo, más por endurecer el Código Penal apostó por crear un procedimiento que facilite activar los «mecanismos de persecución» contra los que amenazan o hacer apología de los asesinatos. 

En este sentido, este constitucionalista catalán, que es abogado de profesión, apostó por «agilizar el formato de denuncia a través de Internet», de forma que los que se consideren «ofendidos» por «activistas digitales» puedan tener un procedimiento sencillo al que recurrir. Sugirió, en concreto, que tras un mecanismo fácil de denuncia un organismo como la Agencia de Protección de Datos pudiera asumir la acción penal en nombre de los posibles afectados.

(ABC)

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