DERECHA AGILIPOLLADA.
Brindando con el golpismo
En un momento en el que el desafío independentista del nacionalismo catalán ha desbordado inequívocamente los cauces de la Ley, y a poco más de un mes para la fecha clave del referéndum secesionista, Soraya Sáenz de Santamaría ha viajado a Cataluña para brindar con altos representantes del Ejecutivo y el partido que protagonizan el golpe: el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y el coordinador general de CDC, Josep Rull.
Por si esto no fuese de suficiente gravedad, Santamaría no ha elegido cualquier periódico, sino que ha ido a rendir pleitesía a la última ocurrencia de Prisa: una empresa inmersa en una quiebra milmillonaria de la que se ha salvado, precisamente, por la intervención de la propia vicepresidenta, que distorsiona así, con el más burdo intervencionismo, un mercado especialmente sensible a la manipulación política.
La vicepresidenta se despachó con unas gomosas declaraciones sobre el "diálogo fraternal" entre dos lenguas, el catalán y el español, que son "al tiempo españolas y catalanas, amadas y sentidas como propias". Lo cierto, y eso bien lo sabe Santamaría, es que sólo una de esas dos lenguas, el español, es perseguida en Cataluña, y lo es por los mismos que quieren destruir España en una fecha tan cercana como el próximo 9 de noviembre. Los mismos que hoy brindaban felices con Santamaría, vicepresidenta de algo que cada vez se parece menos a un Gobierno de España.
Desafío secesionista
La voluntaria y contagiosa ceguera de Rajoy
Parece ser que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, está tan dispuesto a no contemplar ni querer contemplar un escenario distinto en Cataluña al del cumplimiento de la ley como el propio presidente del Gobierno. Buena prueba de ello es que, a pesar de la clamorosa desobediencia al Tribunal Constitucional que constituyó la creación el pasado jueves de la Junta Electoral del 9-N, Torres Dulce ha asegurado este lunes que sólo actuará en caso de que "algún delito se consume".
Parece lógico que, puesto que la providencia del Constitucional suspendía no sólo la celebración de la consulta secesionista propiamente dicha sino "todos los actos procedentes o que conlleven" el desarrollo de la misma, la creación de la referida junta electoral ya suponga un delito de desobediencia y prevaricación. El caso, sin embargo, es que tampoco la Abogacía del Estado se ha atrevido a contemplar lo que Rajoy sigue sin querer contemplar y se ha limitado a justificar la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas en un "incidente de ejecución" que no supone denuncia de delito alguno.
No faltarán leguleyos que arropen y justifiquen semejante actitud con los ropajes de la "prudencia" y del "rigor jurídico" sin decirnos con qué "prudencia"y "rigor jurídico" se justifica que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado hayan movido un dedo ante la muy consumada desobediencia de la Generalidad respecto de las sentencias contrarias a la inmersión lingüística.
Lo destacable ahora es señalar la ceguera o rigor jurídico sobrevenidos de algunos diputados del PPC, como Enric Millo, que en cuatro días han pasado de ver y denunciar públicamente la desobediencia de Mas a ofrecer al presidente de la Generalidad un "pacto" destinado a llevar a cabo las "reformas necesarias" en Cataluña.
No sé si este aluvión de claudicantes ofertas a los separatistas por parte del Gobierno del PP –para mí más vergonzosas aun que el propio desafío secesionista– conseguirán que el Gobierno catalán en rebeldía suspenda definitivamente la consulta de marras. De lo que pueden estar seguros es de que no va a ser ni el temor al delito ni la falta de financiación lo que evite que los nacionalistas dejen de dar pasos en su desafío al Estado.
(Guillermo Dupuy/ld)
Parece lógico que, puesto que la providencia del Constitucional suspendía no sólo la celebración de la consulta secesionista propiamente dicha sino "todos los actos procedentes o que conlleven" el desarrollo de la misma, la creación de la referida junta electoral ya suponga un delito de desobediencia y prevaricación. El caso, sin embargo, es que tampoco la Abogacía del Estado se ha atrevido a contemplar lo que Rajoy sigue sin querer contemplar y se ha limitado a justificar la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas en un "incidente de ejecución" que no supone denuncia de delito alguno.
No faltarán leguleyos que arropen y justifiquen semejante actitud con los ropajes de la "prudencia" y del "rigor jurídico" sin decirnos con qué "prudencia"y "rigor jurídico" se justifica que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado hayan movido un dedo ante la muy consumada desobediencia de la Generalidad respecto de las sentencias contrarias a la inmersión lingüística.
No sé si este aluvión de claudicantes ofertas a los separatistas por parte del Gobierno del PP –para mí más vergonzosas aun que el propio desafío secesionista– conseguirán que el Gobierno catalán en rebeldía suspenda definitivamente la consulta de marras. De lo que pueden estar seguros es de que no va a ser ni el temor al delito ni la falta de financiación lo que evite que los nacionalistas dejen de dar pasos en su desafío al Estado.
(Guillermo Dupuy/ld)
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