Un cuento chino
Tres excelentísimos cargos de confianza de Salvador Illa se gastaron 310 milloncejos del dinero público en material sanitario que procedía de empresas sin identificación, localización y fiscalización.
Érase que se era tres altos cargos de
un Gobierno que hicieron cosas tan chulísimas como gastarse 310
millones de euros públicos durante la primera ola de la pandemia en 56
contratos de material sanitario con resultados abusivos.
Alfonso, Paloma
y Patricia, los tres funcionarios investigados, han sido llamados a
declarar a los Juzgados de Plaza Castilla porque, según la magistrada,
no actuaron con la solvencia y profesionalidad que les era exigible,
sino que pudieron incurrir en delitos de prevaricación, malversación de
fondos y caudales públicos y fraude.
Los
tres angelitos fueron imputados tras detectar la juez en los expedientes
afectados numerosas irregularidades en un mercado que estaba colapsado.
Entre otras, que algunas de las empresas que fueron agraciadas con la
tómbola del dinero público no eran idóneas para suministrar mascarillas,
guantes o respiradores y menos a precios desorbitados. Incluso los tres
mandamases licitaron transferencias de caudales públicos a mercantiles
chinas que no tenían ni domicilio fiscal ni dirección alguna, o a
empresas españolas que se dedicaban a la alimentación y que por arte de
birlibirloque terminaron vendiendo respiradores. Eso es emprendimiento.
Uno
de los investigados manifestó en el juzgado que esas compras se
hicieron con el conocimiento inmediato de su jefe, el ministro de
Sanidad, al que mantenía informado dos veces al día de todo lo que
hacía. Las tres criaturas han testificado que se fiaron de la embajada
de España en Pekín a la hora de elegir las adjudicatarias, lo cual
incumple flagrantemente la obligación de conocer fehacientemente quiénes
son y qué experiencia tienen los contratados.
Los
tres empleados públicos han explicado que todo se debió a la premura
con que se acometieron las compras debido a la gravedad de la pandemia.
Es decir, 56 pelotazos que fueron a parar a compañías sin
identificación, localización y fiscalización, mientras cualquier currito
que vaya a servir una caja de servilletas de papel a un Ministerio
necesita acreditar mediante certificado de Hacienda y de la Seguridad
Social su capacidad para contratar con el sector público. Si no, se va
con las servilletas a su casa.
Olvidé decir
que esos tres altos cargos no trabajan en el Ayuntamiento de Almeida, ni
son amigos del hermano de Díaz Ayuso, ni probablemente conozcan de nada
a Luis Medina.
Son excelentísimos cargos de confianza de Salvador Illa
(y los hay también de José Luis Ábalos) y, por tanto, capacitados para
comprar material de vida o muerte en nombre del Gobierno de Pedro
Sánchez.
Pero cómo se van a comparar esos 310 milloncejos chulísimos con
el barquito del hijo de Naty Abascal. Dolores Delgado sabe dónde pone
el ojo: detecta el lujo y las comisiones abusivas al vuelo.
(Mayte Alcaraz/El Debate/18/4/2022.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario