El texto de este bodrio jurídico es tan sectario que cuenta
con la firme oposición incluso de amplios sectores del feminismo.
El Gobierno ha dado luz verde a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans (sic) sin atender a los muy ponderados razonamientos del Consejo General del Poder Judicial,
que pedía elevar a 18 años la edad para los cambios de sexo en el
Registro Civil o mantener el derecho a las terapias de conversión que
cuenten con el acuerdo del receptor.
El Ejecutivo enviará a las Cortes
el borrador elaborado por el departamento de Irene Montero sin tocar una
coma, pero ni el contenido del engendro ni la fecha elegida para su
aprobación –el Día del Orgullo LGTBI– remiten a una norma jurídica
diseñada para dar solución a un problema real, sino a una nueva
operación de propaganda con la que el socio podemita del Gobierno
pretende cebar uno de sus chiringuitos ideológicos más influyentes.
El
texto de esta Ley Trans es tan sectario que cuenta con la firme
oposición incluso de amplios sectores del feminismo, que ven en su
articulado unataque directo a la propia esencia de la lucha por la igualdad entre los sexos,
al reducir la condición de mujer a una simple manifestación de
voluntad. Tienen razón esas feministas en sus duras criticas al texto,
puesto que si ser mujer es simplemente una decisión personal, pierden
todo sentido las reclamaciones históricas del feminismo, tendentes a
reparar una pretendida situación de discriminación estructural por razón
del sexo.
La ministra Irene Montero hace suya la interpretación queer
de la transexualidad y la eleva a la condición de norma jurídica de
obligado cumplimiento. Según esta teoría, el género es simplemente una
interpretación íntima de la sexualidad independiente de la realidad
biológica del individuo.En consecuencia, el texto enviado al Congreso
estipula que basta una manifestación expresa del individuo para cambiar
de género en el Registro Civil, sin necesidad de aportar informes
psicológicos o médicos que justifiquen la existencia de una situación de
transexualidad acreditada en el tiempo.
Además, rechazando los
argumentos del CGPJ, el texto sitúa en los 12 años la edad para decidir el género,
sin atender a los fenómenos psicológicos que tienen lugar durante el
paso de la adolescencia a la edad adulta ocasionando, en no pocos casos,
un daño irreversible.
La
norma que Sánchez le ha aprobado a la ministra podemita no tiene nada
que ver con el reconocimiento de los derechos individuales de los
transexuales ni es una apuesta por su igualdad real y efectiva, como
reza el título. Es una norma que agravará la discriminación de la mujer,
que ahora también tendrá que hacer frente a la presión de los hombres
que decidan modificar su condición sexual en situaciones tan concretas y
mediáticas como las competiciones deportivas, el ámbito en el que tal
vez se palpa con mayor crudeza la aberración de imponer la teoría queer con todo el peso de la ley.
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