Todo es mentira
No soy aún capaz de imaginar el Himalaya de mentiras que van a tener que soportar en el año electoral que se avecina. Vayan, pues, mentalizándose de que la incesante propaganda gubernamental les someterá a tal chaparrón de trolas que sólo conservarán su sano juicio si reúnen alguno de estos dos requisitos: tener un coeficiente intelectual ampliamente superior a la media o desconectarse drásticamente de la mayoría de medios y redes sociales.
La primera muestra del diluvio que se avecina acaba de producirse en Madrid. La manifestación “en defensa de una sanidad pública” era toda mentira, pues tenía como único objeto contrarrestar las encuestas que colocan a Isabel Díaz Ayuso al borde de la mayoría absoluta. Con independencia de los problemas que pueda tener la sanidad pública madrileña, la mayoría de las Comunidades Autónomas está estadísticamente peor, un 80% de los manifestantes fueron traídos desde provincias en autocares financiados por el PSOE, y los principales sanitarios críticos entrevistados en los medios eran todos afiliados de Podemos o de Más Madrid. Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, ha manifestado que “Baleares aparece en todos los ratios peor que Madrid, y sólo sobrevivimos porque el 45% de los ciudadanos tiene un seguro privado”.
Que el PP incumple la Constitución en la reforma del Consejo General del Poder Judicial es otra mentira descarada. En realidad, la reforma no depende del Gobierno -ni tampoco del principal partido de la oposición- sino que se trata de una labor encomendada al Parlamento. Según el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Es, pues, a Meritxell Batet y a Ander Gil a quienes corresponde proponer la reforma y consensuar las mayorías suficientes para que pueda llevarse a cabo. Luego, quienes llevan cuatro años incumpliendo manifiestamente la legalidad son los dos presidentes del Parlamento, ambos nombrados por el PSOE.
Lo de la reforma del delito de sedición es una nueva mentira del Gobierno. Ni es un delito obsoleto que tenga 200 años (el actual Código Penal lo aprobó el socialista José Alberto Belloch en 1995), ni vamos a homologarnos con ningún país europeo (en todos existen parecidos delitos -con nombres diferentes- y sancionados con penas más graves). Incluso la mayoría de países de nuestro entorno prohíbe la existencia de partidos separatistas y la concesión de indultos a los políticos. Cualquier “europeización” del Código penal resulta evidente que debería hacerse por consenso, sin urgencias coyunturales y jamás por Decreto-ley (que elude los informes del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal). Por ello, resulta poco comprensible una presunta “homologación con Europa” de un Código Penal con 639 artículos que se reduzca sólo a uno o dos delitos, justo los que afectan a los separatistas catalanes: sedición y malversación. Así saldrán a la calle Junqueras, Puigdemont y Rovira para poder tomarse unas cañas con Bárcenas, Correa, Griñán y otros ilustres condenados por temas de corrupción política.
Los mejores penalistas españoles (Gonzalo Quintero, José María de Pablo, Tsevan Rabtan) coinciden en algunas opiniones esenciales. Básicamente en que es posible modificar y renovar nuestra regulación del delito de sedición -que hoy genera dudas interpretativas como tipo menos cualificado de la rebelión- pero, en cualquier caso, sustituyéndolo por otro equivalente que sancione las infracciones graves contra el orden constitucional. Se llame sedición, deslealtad o traición, que eso es lo de menos. Lo de más es que debería acarrear penas más graves que los meros desórdenes públicos sin pretensión de alteración constitucional.
Que se modifique también la malversación, como sorprendentemente ha dicho la juez Margarita Robles, “para diferenciar las penas del que se ha metido el dinero en el bolsillo del que no ha robado para sí” es otra enorme mentira más. Su regulación en el artículo 433 del Código Penal habla de “destinar a usos ajenos a la función pública” el dinero puesto a disposición de los empleados públicos, pues metérselo en el bolsillo constituye delitos diferentes, llamados técnicamente hurto o robo.
Una nueva mentira clamorosa es que el Gobierno está “mejorando la convivencia en Cataluña”. Como si darles todo lo que piden no tuviera el efecto de calmar a los pedigüeños. Ya dijo Carlos Alsina a la balbuceante ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que “lo que ha pacificado Cataluña es la investigación policial, la sentencia del Supremo y las condenas a los secesionistas”. Eliminar todos sus delitos habiendo manifestado reiteradamente que “ho tornarem a fer” es concederles una inconstitucional amnistía encubierta que alentará una nueva sublevación cuando gobierne Feijóo, y además carezca de armas penales para poderlo impedir.
La última gran mentira de la semana es la Ley del “sólo sí es sí”. Como ya anticipé en un artículo publicado el 21 de octubre, la eliminación de la diferencia entre el abuso y la agresión sexual, unida a la rebaja de las penas mínimas, ha causado que muchos condenados soliciten una revisión a la baja de sus condenas en aplicación del principio general de retroactividad de la norma penal más favorable. Las leyes son habitualmente complejos instrumentos de precisión jurídica en los que, cuando cambias o retocas alguna pieza, alteras muchos otros mecanismos que están interconectados con aquélla. Para hacerlas o reformarlas bien hay que tener el ordenamiento jurídico en la cabeza, y no sólo unas ganas locas de obtener titulares de prensa. Lamentablemente, hoy se dedica a trastear con el Código Penal una peligrosa banda de descerebradas que no ve más allá de su sectarismo ideológico y su necesidad permanente de notoriedad. Luego, de sus clamorosos errores -ya advertidos en los informes previos- echan la culpa a los jueces (y a la mayoría de juezas hoy existente en España) por machistas y por su falta de formación. No se puede ser más estúpido, ni tampoco más miserable.
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