Vuelva usted mañana (o nunca)
“Vuelva usted mañana” es el título de un conocido artículo que publicó Mariano José de Larra el 14 de enero de 1833 en la revista satírica madrileña “El pobrecito hablador”, editada por él mismo. El artículo describe la peripecia de un ciudadano extranjero que cuenta a su conocido “Fígaro” (seudónimo del propio autor) su plan de cinco días para solucionar unos asuntos burocráticos y también visitar Madrid. Pese a las advertencias de su amigo de que ni en seis meses va a poder resolver sus gestiones, el visitante no le cree. Pero luego, cada vez que acude a realizar un trámite ante cualquier oficina, recibe la misma contestación: “vuelva usted mañana”. Transcurridos seis largos meses, el extranjero da da la razón a “Fígaro” y vuelve contrariado a su país. La intención del artículo -que resulta de una actualidad extraordinaria- es mostrar la pereza y la ineficacia como vicios capitales característicos de los españoles.
Situadas a años luz del funcionamiento habitual del mundo privado, nuestras actuales Administraciones públicas -nacionales, autonómicas y municipales- encajan hoy plenamente en la descripción hecha por Larra hace casi 200 años. Especialmente a raíz de la pandemia. Las estrictas restricciones sanitarias y la consecuente generalización del teletrabajo no han servido para mejorar y modernizar la atención a los sufridos administrados, sino que han constituido un pretexto inmejorable para disminuir la labor de los administrantes.
La eliminación posterior de las medidas de protección frente al Covid-19, que en el campo privado ha supuesto -hace ya bastante tiempo- una vuelta completa a la normalidad, no ha tenido el mismo efecto en el intrincado mundo administrativo. Según el clamor popular, del que ya se hacen eco -de forma reiterada- bastantes medios de comunicación, muchos empleados públicos, con la complicidad activa o pasiva de sus jefes, parecen haberse servido de la pandemia para aumentar su absentismo laboral o para trabajar un menor número de horas.
Las Administraciones públicas españolas presentan en la actualidad dos problemas fundamentales. El primero, muy simple, de índole casi filosófica: entender que el ciudadano al que atienden cada día es la persona que paga sus salarios. El segundo, basado en causas históricas que presentan una mayor complejidad: la inmovilidad irracional de sus integrantes unida a la imposibilidad de premiar su productividad o sancionar su ineficacia incluso con despidos justificados.
Como ejemplo, les describo un caso reciente -conocido de forma directa y que me han contado con vergüenza contenida- que se está dando actualmente en la Administración autonómica balear. En nuestras Consellerias existen bastantes personas que oficialmente teletrabajan varios días a la semana. Pero la cruda realidad es que la mayoría de ellos no tiene a su disposición ordenadores portátiles oficiales. Como consecuencia de la carencia anterior, los días que teletrabajan sencillamente no trabajan, reduciendo de forma drástica la operatividad de sus departamentos y la capacidad de atención a los sufridos ciudadanos.
La tramitación de documentos ante muchos Ayuntamientos de nuestras islas, especialmente los de índole urbanística o comercial, constituye actualmente un verdadero suplicio. Las licencias tardan años en concederse y los finales de obra municipales se demoran más de un año. Al no poder obtener sin ellos sus correspondientes cédulas de habitabilidad, muchos ciudadanos finalizan la construcción de su vivienda, pero no pueden conectar los suministros (agua, luz), y los promotores inmobiliarios no pueden entregar los pisos recién construidos. Los más afortunados sobreviven -a duras penas- utilizando los provisionales contadores de obra. Los demás, teniendo las casas acabadas, deben pagarse un alquiler.
Otra triquiñuela impresentable es la generalización de la “cita previa”, que pretende dosificar las “molestas” visitas de ciudadanos que acuden a resolver sus asuntos. Las interminables ausencias para la “merienda”, como si en el duro mundo real no tuviéramos que venir todos ya descansados y “merendados” de casa, acaban de conformar un panorama asistencial absolutamente desolador.
Esta última semana hemos conocido dos noticias llamativas. La primera, que España va a perder la mayoría de fondos europeos porque nuestra insufrible burocracia ha sido incapaz de atender su debida tramitación, hasta el punto de que muchos ciudadanos desisten de solicitarlos. La segunda, que el gasto de personal del Govern balear ha aumentado un 56,7% desde que entró el Pacte de Progrés en 2015. En 2023 la partida de personal se disparará hasta los 1976 millones de euros, 715 millones más que cuando accedieron al Gobierno.
Todas estas múltiples disfunciones administrativas jamás podrán solucionarse sin una profunda voluntad política de reducir su dimensión a sus justos límites (y no utilizarlas como un colocadero de gente afín), y sin la introducción de una Administración digital y otras medidas contundentes que terminen con caducos privilegios vitalicios que jamás dependen de la productividad. Un día los ciudadanos nos cansaremos de pagar tantos millones para que algunos se rasquen la barriga o nos escupan en la cara.
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