ESPIONAJE.

ESPIONAJE. SALTO CUALITATIVO.

Viernes, 07-08-09 (ABC)

LAS duras acusaciones lanzadas ayer por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, contra el PSOE y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, deben ser puestas formalmente, y de forma inmediata, en conocimiento de los jueces para su investigación. La líder popular afirmó que «les consta» que se están produciendo «escuchas ilegales» a dirigentes de su partido ajenos a los sumarios judiciales por corrupción que afectan a determinados cargos del PP. No cabe presumir en Cospedal desconocimiento sobre el alcance de sus palabras, porque cuenta con una sólida y amplia formación jurídica, suficiente para saber que lo que describió con sus palabras es un delito previsto y penado por el Código Penal. La gravedad de su denuncia debe estar sustentada en indicios o pruebas que sean a su vez verificables por un juez a través de una instrucción penal, y si resultan ciertos los hechos, es obvio que nos hallaríamos ante un auténtico escándalo político en el que habrían de depurarse todas las responsabilidades legales posibles.

La acusación del PP contra el Gobierno queda, por tanto, a expensas de que sea acreditada, pero también ha de tenerse en cuenta el contexto inmediato en el que se produce, porque ya existen motivos suficientes para que el PP se sienta, como mínimo, hostigado judicialmente.

Por ejemplo, la detención de ediles de este partido por presuntos delitos patrimoniales se ha convertido en un hábito del Ministerio Fiscal, que no se practica con igual intensidad cuando se trata de sospechosos pertenecientes al PSOE. El respeto a los límites en el ejercicio del poder es, en el proceso penal, un valor constitucional en sí mismo, rodeado además de una serie de garantías que deben preservarse íntegramente, sea cual sea el delito que se investiga, porque el fin no justifica los medios.

Para el PP se da la circunstancia añadida de que algunos de los casos más sonados de detenciones de sus cargos -muchas de ellas en tiempo electoral- han acabado en archivo, sin juicio oral y sin que el Ministerio Fiscal haya tenido que dar, al menos, una explicación de su actuación.

Resulta llamativo que cuarenta y ocho horas después del auto de sobreseimiento de la instrucción contra Francisco Camps, la Fiscalía abriera otro frente al PP con la detención de su portavoz en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

El clima político está marcado por un enfrentamiento sin concesiones, en el que el PP se siente agredido con un uso de sesgo partidista de las potestades que la ley confiere al Ministerio Fiscal. La aparición pública de la vicepresidenta primera del Gobierno como portavoz oficiosa de la Fiscalía no ha hecho sino aumentar la indignación de los populares y sus razones para criticar al Ejecutivo.

En todo caso, la denuncia de María Dolores de Cospedal representa un salto cualitativo en la confrontación PP-PSOE, que afecta directamente al crédito del sistema institucional. El Ministerio Fiscal debería actuar de oficio ante las palabras de Cospedal e investigar los hechos que ayer hizo públicos la dirigente del PP. Si es cierto que el principal partido de la oposición está siendo espiado ilegalmente, ya no estaríamos ante una disputa agravada entre partidos, sino ante una quiebra del Estado de Derecho. Y si no es cierto, el PP deberá asumir las consecuencias.
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Los historiadores Fusi y Palafox nos recuerdan:

'En Junio (1995) El Mundo denunció que el CESID, en centro de los servicios secretos de Defensa, había practicado escuchas ilegales al Rey y a distintos políticos, empresarios y periodistas, y publicó como prueba transcripciones exactas de las grabaciones efectuadas...............'

¿Quién gobernaba?