BALEARES (UPyD)

CASO PEAJE

Según UPyD, Armengol debería declarar en el caso Peaje

UPyD cree que es sospechoso que los 23 millones de euros que investiga el juzgado, presuntamente desviados del presupuesto de la carretera de Manacor para pagar obras privadas en 2003-2007, coincidan en cantidad con los 23 millones que Armengol aprobó después de hacerse con el Consell de Mallorca, en 2007 · El partido de Juan Luis Calbarro, candidato a la presidencia del Govern, cree que hay indicios suficientes como para que se cite a declarar a Armengol

Palma, 6 de marzo de 2011

El juez del caso Peaje, o desdoblamiento de la carretera de Manacor, y los fiscales han centrado sus investigaciones, desde el comienzo del caso, en el presunto desvío de dinero del presupuesto de la carretera de Manacor para realizar obras particulares en beneficio de los responsables políticos y técnicos de la dirección de las obras de la carretera de Manacor. Este desvío de dinero se produjo durante la legislatura 2003-2007.

Recientemente, según las noticias que han transcendido por los medios de comunicación, la cantidad que se calcula que se desvió para estas obras particulares ronda los 23 millones de euros.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha denunciado públicamente en varias notas de prensa desde mediados de 2009 el hecho de que, días antes de las elecciones de 2007, la consellería de Obras Públicas del Consell, presidida por Antoni Pascual, aprobase una modificación de obra y presupuesto de la carretera de Manacor precisamente de 23 millones de euros, saltándose todos los trámites preceptivos y sin disposición de crédito, y sin saber si las elecciones les permitirían seguir gobernando el Consell. En esos momentos el Consell estaba presidido por Munar.

La responsabilidad de Armengol

Posteriormente, después de las elecciones de 2007, el Consell pasó a ser presidido en coalición con UM por la socialista Armengol, que encargó tres informes jurídicos sobre la ampliación del presupuesto de la carretera de Manacor en 23 millones de euros. Estos tres informes fueron de la Secretaría Técnica de Obras Públicas (febrero de 2008), del Consell Consultiu de la Comunidad Autónoma (mayo de 2008) y de fiscalización de la Unidad de Subministrament i Contractació de la Secretaría Técnica de Obras Públicas (junio de 2008) Los tres informes coincidieron en que: 1) se produjo modificación ilegal de obra y de presupuesto; 2) que no había concurrencia de competencia, interés público y circunstancias imprevistas; 3) que las modificaciones eran nulas de pleno derecho; 4) que no siguieron los trámites preceptivos; y 5) que no dispusieron de crédito.

A pesar de ello, Armengol decidió no pedir responsabilidades a los autores de la ilegalidad ni dar a conocer el asunto a la fiscalía, sino proponer nueva financiación de esos 23 millones, por hechos consumados. Curiosamente la misma cantidad que con anterioridad habían sido presuntamente desviados para obras particulares. Y, para más inri, además, repitió gobierno con UM y encargó al mismo Antoni Pascual y a sus técnicos Aguiar y Orejudo la conselleria de Obras Públicas y la carretera de Manacor.

UPyD cree que hay motivos suficientes para que el juez llame a declarar a Armengol para preguntarle por qué aprobó 23 millones de euros contra el dictamen de tres informes y si sabía que en el período anterior se habían producido desviaciones de dinero para obras particulares y que esas desviaciones rondaban los 23 millones de euros. UPyD también cree que la responsabilidad política de Armengol en este turbio asunto, cuando menos por una inverosímil negligencia, es más que evidente.