TERCERA VÍA.

 (Sólo un gobierno cobarde y sin el debido patriotismo, puede permitir que un ataque frontal e ilegal a nuestra Constitución y a nuestra convivencia, pueda seguir adelante sin estorbos. 

Recibiendo, incluso, dinero de los contribuyentes españoles, que los separatistas siguen utilizando para despreciar a España y a los españoles. Dinero que graciosamente concede Mariano.

¿Cabe mayor escarnio? ¿Puede sorprenderse el gobierno popular de que las encuestas anuncien una pérdida de más de tres millones de votos?)

Tercera vía.

Quien ha roto las reglas de juego deberá pagar las consecuencias y el Estado democrático y constitucional está plenamente legitimado, política, jurídica y moralmente, para meter en vereda a los felones subversivos.
 

Ante la inminencia de la fijación por el Parlamento de Cataluña de la fecha y del texto de la pregunta que concreten la realización durante 2014 de la consulta inconstitucional e ilegal sobre autodeterminación de aquella Comunidad, el Gobierno de la Nación busca salidas que le eviten el amargo trago de ejercer su misión, que no es otra que hacer cumplir el ordenamiento vigente. En sus intentos de frenar la posible catástrofe, el equipo dirigente del Partido Popular mantiene frecuentes conversaciones con el líder vitalicio de Unió Democràtica, que no es partidario de la ruptura unilateral y propone una llamada tercera vía, intermedia según se dice, entre el actual marco de relación entre la Generalitat y el Estado y la secesión. 

Este camino capaz de sacarnos del atolladero podría consistir en la autorización del referendo por el Gobierno central acompañado de unas reglas claras en cuanto a participación exigida y procedimientos a aplicar una vez conocido el resultado, o bien en una nueva reforma estatutaria que de hecho transformase España en una confederación y Cataluña en una especie de estado libre asociado. Por desgracia, ninguna de las dos fórmulas es posible. 

La primera porque la mera celebración del referendo destruye el sujeto único de la soberanía nacional, que es el conjunto del pueblo español, y la segunda porque exige un cambio constitucional de tal envergadura que equivaldría a abrir un período constituyente, asimismo abocado en las presentes circunstancias políticas a la disolución de España como proyecto común.

Estas idas y venidas, este baile de hipótesis absurdas, este penar de una idea sin sentido a otra, se produce debido a un hecho que casi nadie recuerda en este debate dramático: que la tercera vía ya se aplicó en su día y fue el pacto constitucional de 1978. En efecto, la estructura territorial, institucional y jurídica que hoy articula el Estado español fue pensada precisamente para encontrar un equilibrio sensato entre el unitarismo tradicional de nuestro país desde que las Cortes de Cádiz pusieron en marcha la España moderna y las pulsiones centrífugas de los nacionalismos separatistas catalán y vasco. 

Ese fue el gran acuerdo histórico de mutuas cesiones y mutua comprensión y el problema que ahora padecemos deriva de que una de las partes lo ha cumplido en todo momento y lo ha ido desarrollando siempre en sentido descentralizador, mientras que la otra jamás tuvo intención de ser leal a lo firmado y refrendado por los ciudadanos de toda España y de Cataluña en particular. Por consiguiente, quien ha roto las reglas de juego deberá pagar las consecuencias y el Estado democrático y constitucional está plenamente legitimado, política, jurídica y moralmente, para meter en vereda a los felones subversivos.

 Si en lugar de un Gobierno deshuesado de mentalidad funcionarial dispusiésemos de un Ejecutivo de hombres y mujeres dotados de firme patriotismo, conceptos claros y sólido coraje, los mediocres personajillos que se empeñan en liquidar la matriz de nuestras libertades y derechos hace tiempo que hubiesen sido barridos como quién aparta un molesto moscardón.  

(Alejo Vidal Quadras/La Gaceta)