A GASTAR

EL PSOE TUMBARÁ LA PROPUESTA DEL PP DE PONER UN TECHO AL GASTO AUTONÓMICO.

El discurso de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la necesidad de que las comunidades autónomas reduzcan su déficit público pasará hoy en el Congreso una prueba de fuego. En el Pleno de esta tarde se votará la toma en consideración de una Proposición de Ley del PP para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fijar por ley el «déficit cero» de las autonomías, pero también se verá el grado de credibilidad de Moncloa, a la hora de apretar las clavijas a las comunidades.

El Grupo Socialista no tenía ayer ninguna intención de admitir a trámite siquiera la iniciativa del Grupo Popular para modificar las leyes de Estabilidad Presupuestaria, con el triple objetivo de reducir el déficit público, fijar un techo de gasto en todas las administraciones públicas y prohibir por ley el derroche de las comunidades, que no tendrán más opción que ser austeras. El PSOE unirá sus votos a los grupos nacionalistas y a IU para rechazar la Proposición del PP, que pese a caer en su primer paso parlamentario seguirá viva porque el principal partido de la oposición quiere incluirla en su programa electoral.

Los populares señalan en la exposición de motivos que el deterioro de las cuentas públicas, «a causa de la dramática caída de los ingresos tributarios y del aumento de los gastos, está amenazando la solvencia del Estado y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas». El principal grupo de la oposición ve urgente adoptar medidas drásticas y decididas de control del gasto público y de austeridad en la actuación de todas las administraciones públicas, «que pongan fin a esta dinámica de crecimiento descontrolado del gasto público y que se recupere la cultura y el compromiso con la estabilidad presupuestaria como elemento esencial de credibilidad y crecimiento económico sostenido, recuperando las normas que lo hicieron posible». La crisis, unida al despilfarro de muchas comunidades y al gasto que supone la duplicidad de competencias, ha hecho caer la valoración de los ciudadanos sobre el funcionamiento del Estado de las Autonomías.

Un modelo a la baja

El PSOE considera que si acepta esa proposición se volvería a la situación anterior a 2005, cuando el Gobierno de Zapatero decidió flexibilizar la ley (aprobada en 2001) para que los requisitos de estabilidad presupuestaria se establecieran por ciclos económicos en lugar de año por año. Los nacionalistas tampoco quieren oír hablar de la proposición del PP porque creen que su objetivo es hacer caer sobre las comunidades el peso principal de la crisis.

Los socialistas observan con preocupación la caída de valoración del Estado autonómico que revela el último informe del Observatorio de calidad de los Servicios, elaborado a partir de datos del CIS y de una encuesta propia de 8.000 entrevistas. «En 2010, los encuestados que valoraban de forma positiva la creación del Estado de las Autonomías representaba un 55% del total (frente al 74% de 2005) y el porcentaje de ciudadanos con una valoración negativa de la creación de ese modelo ascendía al 30% (frente al 16% del 2005). En resumen, aunque la valoración positiva continúa siendo mayoritaria, existe un incremento de la valoración negativa de la creación del Estado autonómico, probablemente debido a la crisis», dice en el citado informe.

Donde sí habrá acuerdo entre el PP y el PSOE en el Pleno de esta semana será en el freno a una iniciativa de ERC-IU para eliminar la pensión vitalicia que tienen los ex presidentes del Gobierno en España, y que supone unos 80.000 euros anuales, tanto para Aznar como para González. Un sueldo que no correrá peligro.

Los ayuntamientos, también en la mira

Representantes del Tribunal de Cuentas y de los Organos de Control Externo Autonómicos (OCEX) se reunirán hoy en la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León para discutir la coordinación de sus funciones como órganos fiscalizadores de los gastos de ayuntamientos. En el encuentro, que será presidido por el responsable del departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, se abordará una preocupación compartida por todas estas instituciones: el porcentaje «poco aceptable» de los ayuntamientos que responden a la exigencia legal

de rendir sus cuentas al órgano correspondiente. El encuentro servirá también para evaluar la eficacia de rendimiento de la Plataforma Telemática que, desde el año 2006, obliga a todas las entidades locales al envío de sus cuentas mediante sistemas informáticos.