BALANZAS FISCALES.

LA FALACIA DE LAS BALANZAS FISCALES.

El análisis de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, realizado por la Fundación BBVA, ha reanimado el debate sobre los flujos económicos entre regiones. El economista asturiano Manuel Sarachaga analiza en esta página los principales problemas que presentan este tipo de estudios.

La reciente publicación del estudio de la Fundación BBVA sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (CC AA) ha vuelto a poner de actualidad un tema de fondo e importante sobre el que, a mi juicio, ningún ciudadano consciente de la realidad puede permanece ajeno.

En primer lugar, quisiera comenzar afirmando que las denominadas balanzas fiscales son una «herramienta peligrosa» o «de difícil manejo», que según en manos de quién esté puede ser utilizada como «arma arrojadiza», manipulando falazmente las posibles conclusiones que de ellas se quieran obtener.

El punto de partida del análisis de las balanzas fiscales para cualquier ciudadano, y sobre todo y particularmente para sus autores y para los responsables políticos, debe ser la correcta interpretación de las mismas, que permitirá alcanzar unas correctas conclusiones. Y este punto de partida es que no son las CC AA o los «territorios», como ahora se les denomina, quienes tributan, sino las personas (físicas o jurídicas), es decir, los contribuyentes.

En este sentido, las balanzas fiscales, incluso aceptando su validez en cierto sentido, no pueden ser de ninguna forma expresión del resultado de las relaciones fiscales entre las CC AA y el Estado, sino el resultado de la suma «territorializada» (con mayor o menor grado de error) de las relaciones fiscales entre las personas, distribuidas por todo el territorio nacional, y la Hacienda pública.

De ahí a extraer conclusiones o «déficit o superávit» de una comunidad autónoma respecto al Estado hay un trecho trufado de supuestos, errores e incorrectas interpretaciones.
Siguiendo este hilo argumental es incorrecto, en términos absolutos, afirmar que «Madrid y Cataluña contribuyen más que Extremadura, Asturias o Andalucía» o «Asturias recibe del Estado 2.100 euros por habitante». Quienes únicamente contribuyen son los ciudadanos que residen en cada comunidad autónoma, y quienes reciben los bienes, servicios o transferencias públicas son los ciudadanos, y por lo tanto los dirigentes políticos de las diferentes CC AA no deberían nunca aducir un supuesto déficit fiscal para exigir que se les devuelva «lo que es suyo» o para afirmar que «su comunidad autónoma está contribuyendo más a la solidaridad que otras CC AA».

Esto es una absoluta falacia, ya que es cada persona quien contribuye a la misma o recibe el fruto de dicha solidaridad.
Los verdaderamente válidos estudios sobre balanzas fiscales deberían responder básicamente a una pregunta: ¿un ciudadano, con una renta determinada, paga los mismos impuestos, es decir, soporta la misma presión fiscal y recibe los mismos servicios públicos independientemente de dónde resida?

Si la respuesta es afirmativa, los saldos que arrojen las balanzas fiscales no tienen otro significado que la constatación de que nuestro sistema fiscal está basado en los principios de equidad y solidaridad y, por tanto, nunca deberían ser utilizados como argumento para ninguna reclamación de una comunidad autónoma. Pero si la respuesta es negativa, entonces esto significa que el sistema falla en sus principios, y debe analizarse dónde, si por la vía de la presión fiscal (ingresos) o por la vía de los servicios públicos (gasto).

Este segundo paso en el análisis, que es el realmente crucial y el que puede poner de manifiesto la quiebra de la solidaridad y la igualdad, no se da con frecuencia, ya que no existe un verdadero interés en ello y además, porque la respuesta podría ser (lo es de hecho) frustrante, pues la continua cesión de tributos y capacidades normativas en materia fiscal a las CC AA está erosionando de facto la igualdad, y por otra parte, la inexistencia de una cartera básica de servicios públicos común a todas las CC AA impide al mismo tiempo hacer realidad la equidad y solidaridad proclamada por la Constitución.

Por supuesto, es lógico que haya diferencias en las llamadas balanzas fiscales, porque no todas las personas (físicas y jurídicas) obtienen la misma renta ni están repartidas territorialmente de forma homogénea. De igual forma que es lógico que el «saldo» de cada persona con la Hacienda pública (tributos menos servicios y transferencias recibidas) sea distinto.

Pero así como no parece lógico que una persona adinerada reclame a la Hacienda pública que le devuelva parte de sus impuestos porque aporta más de lo que recibe (¡lógicamente!), tampoco es lógico que la suma de las personas que viven en una comunidad autónoma rica, a través de la supuesta voz de sus representantes, reclame algo parecido.

Es obvio que en aquellas CC AA donde la renta per cápita es mayor haya «déficit fiscal» (término falaz, repito), pues esa es la base precisamente de los principios de solidaridad y equidad que consagran, entre otros, los artículos 31, 40 y 139 de nuestra Constitución.

Por otra parte, es preciso poner en duda (sin desmerecer en absoluto la gran calidad de los diferentes estudios publicados en esta materia) el propio proceso de cálculo de dichas balanzas, fundamentalmente en lo relativo a las hipótesis de «territorialización», ya que hay determinados gastos e ingresos que no son «territorializables» y que el hecho de hacerlo supone la asunción de errores de partida. De esta forma, en función de las hipótesis de partida, el resultado final varía sustancialmente.

Comenzando por los ingresos (tributos), aquellos de naturaleza directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones), se imputan habitualmente en estos estudios en base al domicilio fiscal del contribuyente. Por tanto, en el caso de una sociedad que tenga diferentes establecimientos repartidos por toda España, como se da en la mayoría de los casos de las grandes empresas (que son las que más ingresos fiscales generan), se imputará todo a la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal (muy habitualmente Madrid por su capitalidad y también Barcelona por su importancia comercial e industrial). En cambio, si estuviéramos hablando de países distintos (es decir, existieran verdaderas balanzas fiscales), eso no sería así, pues tendrían que tributar en cada país donde tuvieran un establecimiento permanente.

Y lo mismo ocurre en parte con las personas físicas (habría ciertas retenciones e impuestos, como el impuesto de no residentes, que corresponderían al país donde se genera la renta y no donde reside la persona).

Por lo que se refiere a los tributos indirectos (fundamentalmente el IVA), el error es mayor todavía, porque el ingreso no se produce donde se recauda (domicilio de la sociedad o profesional que vende o presta el servicio), sino donde se consume (quien de verdad tributa es el que compra o consume).

Por la parte del gasto ocurren graves errores similares en el proceso de «territorialización»: ¿una mejora en Barajas o en El Prat es para los madrileños y catalanes o para toda España? ¿Las obras del Ave que atraviesa Castilla y León deben ser imputadas a ellos o también a madrileños, asturianos, gallegos y cántabros? ¿La construcción de un hospital de referencia, por ejemplo, la unidad de grandes quemados en Madrid, donde se atiende a pacientes de toda España, debe ser imputada a Madrid o a todas las CC AA? ¿La percepción de pensiones de jubilados que trasladan su residencia a Benidorm debe ser imputada a Valencia? ¿El gasto en defensa cómo lo repartimos? ¿Y a quién imputamos las contribuciones de España a la Unión Europea? Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.

Por lo tanto, y volviendo a la idea inicial, no tiene sentido hablar de «balanzas fiscales CC AA-Estado», porque nuestro sistema fiscal tiene como núcleo central la persona, el ciudadano, que es quien contribuye y quien recibe los servicios.

Por tanto, el sistema fiscal debe asegurar que la contribución de los ciudadanos sea equitativa y justa y que los servicios sean recibidos en términos de igualdad por todos los españoles. Erosionar estos principios llevaría a poner en riesgo que los jubilados, inválidos, huérfanos, etcétera, reciban más que aportan y, en su contrario, que las personas que más renta reciban aporten proporcionalmente más.

Las balanzas fiscales son útiles para lo que son, certificar que la solidaridad interregional existe entre la mayoría de CC AA y confirmar al mismo tiempo que ésta no existe en determinados casos (más bien al contrario, se da la insolidaridad), como ocurre con los ciudadanos de las CC AA del País Vasco y de Navarra, para quienes nuestra Constitución consagró, con el beneplácito de la gran mayoría de los españoles votantes en 1978, su «exención de facto» de contribuir junto con el resto de españoles a esos principios llamados solidaridad y equidad.

Por ello es preciso insistir en que la utilización de este tipo de análisis debe partir del reconocimiento último de la incongruencia que supone atribuir a las CC AA derechos y obligaciones que corresponden a los individuos, así como que su uso conlleva ciertos errores de partida difícilmente salvables y que al mismo tiempo se corre el riesgo de que sean manipuladas y utilizadas por intereses nacionalistas, quienes tratan de manipularlas frente a la opinión pública, como instrumento adicional para el logro de sus reivindicaciones y pretensiones insolidarias (y falaces, porque si realmente se independizaran, no obtendrían los pretendidos beneficios fiscales que en ocasiones exigen).

Manuel Sarachaga García es economista, licenciado por la Univesidad de Oviedo.