Pero de lo que no se habla, porque no interesa, es que el laberinto burocrático español impedía la deportación en menos de seis meses del marroquí con expediente de expulsión que ha quemado viva a una menor en Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico.
El detenido llegó en patera e indocumentado a principios de junio a la isla de Lanzarote y pese a tener abierto el procedimiento de expulsión, la falta de medios y un Reglamento de Extranjería absolutamente garantista con los infractores, habría hecho prácticamente imposible la devolución a su país de origen del agresor.
La burocracia juega desgraciadamente en contra de la seguridad y la libertad de todos, nacionales y también -claro que sí- inmigrantes legales.
(OkDiario/18/7/2025.)
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