INVITACIÓN AL
OPTIMISMO.
Ya está
bien, me he dicho a mí mismo. Ya vale de anunciar la posible disolución
de España como nación y el desguace progresivo de su Estado. Una y otro son mucho
más fuertes de lo que parecen.
Vuelvo a mi vieja idea de que España es una
nación de tomo y lomo con una mala salud de hierro. Capaz de soportar los
últimos ocho años de mal gobierno sin desintegrarse, pese a estar al arbitrio
de quienes ni nación la consideran, sino “la que no tiene nombre, la que a
nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa”.
La
prueba de la fortaleza de España se halla en el hecho evidente de que, en
tiempos de deserción del poder ejecutivo como los actuales, su defensa y la del
Estado ha recaído con éxito en jueces y tribunales, que han contado con el
servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y es
precisamente por ello, por lo que quiero creer que, pese a la crisis política
gravísima que nos atenaza, se impondrá al fin la cordura y la mayoría de los
españoles sabrá ver que España es un buen país, que ha dejado huella en la
historia, que tiene un presente en muchos aspectos envidiable y cuyo futuro
está en nuestras manos.
Todo lo cual no obsta para que el Estado español esté en la antesala
de su colapso.
El presidente Sánchez ha colonizado las instituciones y ha consolidado unas
políticas al servicio exclusivo de sí mismo. La deriva del
Parlamento hacia su inoperancia efectiva, por obra de la reiterada
vulneración de la ortodoxia constitucional, a causa de la debilidad
parlamentaria del Gobierno, se concreta en:
a) el abuso escandaloso del decreto-ley;
b) la crisis del Tribunal
Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del
Estado, Radiotelevisión Española, Consejo de Estado, Agencia de Protección de
Datos, Centro de Investigaciones Sociológicas, Instituto Nacional de Estadística
y Junta Electoral Central;
c) el deterioro de la
gestión, llevado al extremo por la corrupción (como han puesto trágicamente de
manifiesto los recientes accidentes ferroviarios);
d) la elusión de la
responsabilidad política, como lo prueba que, en una situación de falta de
apoyo parlamentario, ni se presentase una moción de confianza, ni se convocasen
elecciones; y
e) la infracción de la
obligación constitucional de presentar los presupuestos generales durante tres
años consecutivos.
(Juan José López Burniol/VozPopuli/12/11/2026.)