(La cosa viene de lejos. Los separatistas catalanes- igual que los separatistas vascos, pero ahora me ciño a los primeros- se acostumbraron a cumplir- solamente- las leyes que les convenían e incumplir las leyes- o sentencias judiciales- que no les convenían.
Con la mediocridad, cobardía e irresponsabilidad de la que han hecho gala el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se permitió la sistemática ilegalidad y desobediencia a las leyes vigentes por parte de los separatistas.
La excusa era el consenso, la paz social y el famoso 'encaje' de los separatistas en España. Que se sientan cómodos. Pero hay que ser un imbécil- y en España sobran- para creer que los separatistas se van a quedar satisfechos alguna vez. Y populares y socialistas han hecho el imbécil, por no decir cosas peores. Lo más grave es que no sólo se han perjudicado a ellos sino que han perjudicado a España, a los españoles y a la democracia. Gravemente.
Ahora, cuando la situación ha llegado al límite algunos- como El Mundo- se atreven a hablar de vía penal. Hace tiempo que debería haberse utilizado. Por supuesto, el bipartito -PP/PSOE- que nos ha llevado a la ruina, seguirá como siempre.
Rubalcaba tratando de colocarse en el justo medio entre dos extremos, el PP y los radicales separatistas. Y hablará de federalismo como la gran solución de nuestros males. ¡Qué cruz!
Mariano seguirá transfiriendo dinero de los españoles a don Arturo Mas, para que siga insultando a España y prosiguiendo el proceso ilegal soberanista. Con nuestro dinero.
Y, por último, los propios catalanistas y compañeros de viaje, que argumentan- es un decir- de la siguiente manera: 'Si no dejáis que hagamos lo que queremos hacer, estaréis creando independentistas. Por tanto, lo que os conviene es dejarnos hacer lo que nosotros queramos'.
Aunque no lo crea, sigue habiendo imbéciles de la meseta que tragan. Y de otros sitios. Incluyo gente que vota al PP, pero que quiere mostrar un talante 'progresista'.
¿Podremos salir de esta con tanto gilipollas?)
Si la Generalitat se niega a enseñar en castellano, sólo queda la vía penal
EL SUPREMO falló ayer a favor de la decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de obligar a la Generalitat a incluir el
castellano como lengua vehicular sin que los padres que reclamen esa
enseñanza para sus hijos deban esperar a que haya sentencia sobre el
caso.
La resolución, que había sido recurrida por la Generalitat, tiene todo el sentido, porque la Consejería de Educación ha venido demorando la aplicación de la ley planteando contenciosos de forma permanente.
Una vez conocida la abundante jurisprudencia sobre la materia, que prescribe que el castellano no puede quedar reducido en su uso educativo «al de objeto de estudio de una asignatura más», era evidente poner fin a una maniobra a todas luces dilatoria.
A partir de ahora, cuando cualquier padre en Cataluña solicite que a su hijo le impartan asignaturas también en castellano, si el centro no accede, bastará con que presente una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia para que éste se dirija al centro y le recuerde que está obligado a hacerlo mientras se resuelve esa demanda.
El problema es si, pese a las reiteradas sentencias, la autoridad educativa y los centros se niegan con nuevos pretextos. Entonces la Justicia debería iniciar un procedimiento por desobediencia contra ellos, según establece el artículo 410 del Código Penal.
(El Mundo)
¿ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE DESHECHO?
La resolución, que había sido recurrida por la Generalitat, tiene todo el sentido, porque la Consejería de Educación ha venido demorando la aplicación de la ley planteando contenciosos de forma permanente.
Una vez conocida la abundante jurisprudencia sobre la materia, que prescribe que el castellano no puede quedar reducido en su uso educativo «al de objeto de estudio de una asignatura más», era evidente poner fin a una maniobra a todas luces dilatoria.
A partir de ahora, cuando cualquier padre en Cataluña solicite que a su hijo le impartan asignaturas también en castellano, si el centro no accede, bastará con que presente una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia para que éste se dirija al centro y le recuerde que está obligado a hacerlo mientras se resuelve esa demanda.
El problema es si, pese a las reiteradas sentencias, la autoridad educativa y los centros se niegan con nuevos pretextos. Entonces la Justicia debería iniciar un procedimiento por desobediencia contra ellos, según establece el artículo 410 del Código Penal.
(El Mundo)
¿ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE DESHECHO?
O. Moya
La Generalidad viene incumpliendo sistemáticamente todas las sentencias sobre este asunto desde hace años.
(ld)
¿Se lo permiten a los ciudadanos de a pie?
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