Todos estos meses de polémicas
partidistas por la renovación pendiente de los Magistrados del Tribunal
Constitucional (TC) y de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) -que requiere una mayoría de 3/5 del Congreso y del
Senado, lo que implica necesariamente el consenso entre los dos partidos
mayoritarios- han estado encubriendo una dura batalla entre bambalinas.
Una guerra incruenta que PSOE y PP vienen librando desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en compañía de su gobierno Frankenstein,
banda de personajes variopintos que exhiben impúdicamente dos cosas en
común: sus ansias de poder y su manifiesta incomodidad con la
arquitectura institucional recogida en nuestra Constitución de 1978.
Mientras muchos hiperventilaban por la falta de acuerdo para las renovaciones pendientes (recuerden a la Ministra de Justicia, Pilar Llop,
diciendo que era una preocupación que oía comentar habitualmente en el
metro) y nos exhibían casi a diario un enorme dedo acusador dirigido
violentamente hacia sus rivales, achacándoles el incumplimiento de la
Constitución o el bloqueo de las exigencias legales, PSOE y PP libraban
por debajo del tablero un decisivo combate que determinará la
supervivencia del régimen del 78.
Aunque el ruido y la furia de estos largos meses haya conseguido
despistar al gran público, aquí se está peleando un único objetivo.
Sabemos que la continuidad de Sánchez en el poder -ahora y en una hipotética victoria electoral en diciembre de este nuevo año- depende fundamentalmente de Podemos
y ERC. Sabemos también que los independentistas catalanes le piden
insistentemente poder celebrar un referéndum de autodeterminación en
Cataluña. Y conocemos incluso, por último, que reformar la Constitución
para que el referéndum sea admisible no está al alcance -actual ni
futuro- de este Gobierno de coalición, ya que los artículos 167 y 168 de
nuestra Carta Magna exigen para ello unas mayorías fuertemente
reforzadas y la celebración de un referéndum de ámbito nacional, con la
intención de que ciertas cuestiones muy delicadas se adoptaran siempre
con un gran consenso general.
Por eso Sánchez, un tipo que ha hecho de la mentira y
las trampas una forma de vida política (recuerden que falseó su tesis
doctoral; que quiso dar un pucherazo detrás de una cortina en las
primarias del PSOE; que reiteró públicamente que jamás pactaría con Podemos ni con Bildu;
que llegó al poder en una moción de censura organizada bajo el pretexto
de la corrupción del PP, y ahora ha reformado el Código Penal para
rebajar las penas a los corruptos; y que ha colocado esbirros para
falsear las encuestas del CIS, manipular los datos económicos del INE y
edulcorar las cifras del paro; entre otras muchas fechorías que no
cabrían en este artículo) quiere consumar ahora su trampa más genial:
reformar de facto la Constitución sin tocar una coma de su
texto, por la vía de la interpretación expansiva de la misma realizada
por una mayoría de Magistrados afines recién llegados al Tribunal
Constitucional.
El sanchismo aspira a eliminar las barreras constitucionales
para una futura secesión de territorios con aspiraciones separatistas. Y
para ello pretende reinterpretar el Título Preliminar de la
Constitución (donde están las bases de la soberanía nacional y la unidad
de España), el Título II (donde se regula la Monarquía), y también el
Título VIII (donde está definida la ordenación territorial y la
asignación de ciertas competencias exclusivas al Estado, por las que
ávidamente suspiran Cataluña y el País Vasco). Pero, al no poder reunir
ni de lejos las mayorías necesarias para reformar el texto
constitucional por la vía establecida en los artículos 167 y 168, quiere
hurtar ese debate al Parlamento y también al pueblo español -que
debería aprobarlo luego en referéndum- y que ese delicado trabajo se lo
hagan las sentencias de sus Magistrados “progresistas”
colocados al efecto en el TC. A quienes va a encomendar este encargo,
además de convalidarle todas las normas ideológicas que su Gobierno ha
ido aprobando y presentan difícil encaje en la Constitución.
Las recientes declaraciones públicas de dos Magistradas “progresistas” del TC deben ponernos sobre alerta. Las primeras, de la recientemente elegida María Luisa Segoviano, quien manifestó que “el derecho de autodeterminación es un tema complejo y con muchas aristas que en su momento habrá que estudiar”.
Resulta algo evidente que los miembros de un Tribunal deben estudiar
siempre sus asuntos, pero éste constituye un tema sobre el que ya existe
una clara y consolidada jurisprudencia del TC, por lo que tales
manifestaciones sólo pueden entenderse como un intento por congraciarse
con quien la acaba de nombrar, o por generar ciertas esperanzas en sus
exigentes socios separatistas.
Las segundas, efectuadas por una de los dos candidatos a presidir el TC, la Magistrada María Luisa Balaguer -que compite por el cargo con el muy sanchista Cándido Conde-Pumpido- quien en una entrevista en RNE dijo que “los
Magistrados del TC no están para aplicar la Ley sino para superarla,
avanzando más de lo que la Ley dice, generando nuevas posiciones en el
Derecho y siendo constructivistas”. Lo llamativo es que, en el voto
particular que formuló esta misma Magistrada frente al reciente recurso
de amparo del PP por introducir el Gobierno en la reforma del Código
Penal dos enmiendas irregulares intentando cambiar las mayorías de
elección de los jueces, escribió literalmente: “Un control previo de
constitucionalidad de las normas, de objeto abierto, no sólo no está
previsto en nuestro sistema constitucional, sino que ha sido
expresamente excluido del mismo por el legislador. Y lo que hace la
mayoría del Pleno (del TC) al admitir a trámite el presente recurso de
amparo (del PP) es actuar como legislador de facto”. O sea que, cuando interesa al Gobierno, la Magistrada Balaguer (íntima amiga de la ex Vicepresidenta Carmen Calvo) “supera” y “se avanza” a la Ley, pero cuando no le interesa aceptar las atinadas alegaciones del PP “no podemos actuar como legisladores de facto”.
Así respiran actualmente nuestros Magistrados “progresistas”, y así aspira alguna a moverle la silla presidencial al favorito Conde-Pumpido. Todo muy revelador. Si no fuera tan preocupante.
