No hemos olvidado todo. No vamos a perdonar nada de lo que nos han hecho, ni los destrozos que han causado en una huelga fracasada.
No han calibrado el nivel de cabreo del trabajador español, el nuevo pobre en la España progresista. El que sabe que jamás será propietario de su hogar por mucho que trabaje, que no sabe si recibirá atención médica a tiempo en caso de enfermar, que tendrá que endeudarse para llevar a sus hijos a un colegio concertado, pues el público está copado por otras culturas con diferente nivel educativo que condenarían a su hijo a la pobreza.
Tras ocho años de progreso con el PSOE, Compromís, ERC, Sumar y otro submundo de izquierda, la vivienda se ha encarecido un 50%, acelerado estos últimos años de invasión migratoria e inseguridad jurídica.
El salario real no ha subido en los últimos 30 años. La inflación acumulada es del 30% desde el 2018 y la carga fiscal per cápita se ha disparado un 43% siendo la que más ha subido en la Unión Europea el año pasado.
Pagamos más, cobramos menos y no tenemos acceso a unos servicios públicos en pleno colapso e implosión de un Estado del bienestar que para el trabajador español ya sólo existe en su memoria.
Todos los aparatos mediáticos del Gobierno se mantienen en esa ficción de que los sindicatos defienden y representan al trabajador por lo que están obligando a que cierren sus tiendas por su propio bien, “para que tengan una vivienda”.
Hablan de la falta de construcción y del elevado precio, pero por lo que sea no hablan de la principal causa la subida exponencial del precio, de la bajada de los salarios y del colapso de los servicios públicos: la inmigración masiva.
Según un informe de la Universidad de las Hespérides la inmigración explica el 60% de la subida del precio de compraventa y el 41% del alquiler en España, mientras que la vivienda turística explica el 1,3% del parque y los fondos de inversión el 4,4%.
(Irene González/VozPopuli/12/11/2026.)
