ES HORA DE HABLAR DE LAS AUTONOMÍAS.
El Gobierno acaba de anunciar lo inevitable. Cuando un país se prepara para generar en tres años (2008, 2009 y 2010) un déficit superior a 250.000 millones de euros -casi la recaudación de los impuestos del Estado en dos ejercicios enteros-, no queda más remedio que reconocer que nuestra teórica riqueza se ha esfumado. La rebaja de las pensiones no sólo no puede esquivarse, sino que debe aplicarse con premura.
Pero el inicio de los recortes sociales no puede ser asumido por la población sin más. Especialmente porque tras las pensiones, es probable que los tijeretazos lleguen a la sanidad (con un déficit generado en cinco años de 10.800 millones). No se trata de ajustes temporales. El envejecimiento de la población cabalga en cabeza de la UE y eso significa que los problemas para pagar la jubilación y la sanidad seguirán creciendo. Nos encontramos ante un giro profundo que golpea a unos habitantes a los que sistemáticamente se ha comprado el voto a cambio de un Estado del Bienestar eterno.
Es necesario que todas las piezas de nuestro esquema estatal sean sometidas a examen. Y una con más urgencia que ninguna: el Estado autonómico. La población puede asumir sacrificios, pero no sin zanjar una sangría de recursos que ha convertido a los políticos en una casta ajena a las crisis. Mientras España se sumerge en una bolsa creciente de más de 4,3 millones de parados, la deuda de las autonomías ha seguido una frenética escalada -con ritmos superiores al 30%-, que ha desembocado en una gigantesca bolsa de 84.000 millones de euros, la mayor de la historia.
Y se trata sólo de la deuda visible. Una red de sociedades públicas salpica las comunidades con el fin de sortear los controles y perpetuar el derroche. La descentralización hacia las comunidades se ha convertido en una gran estafa a los contribuyentes. Por cada sociedad pública disuelta por el Estado en los últimos 15 años las autonomías han engendrado siete, pasando de 455 sociedades a 807. Incluyendo fundaciones y consorcios, las entidades con presencia pública del Estado, autonomías y ayuntamientos superan las 3.800. Una sangría contagiosa que ha llevado a diputaciones y alcaldes a controlar la mitad de las sociedades mercantiles públicas. Y el avance del número de empresas regionales, pese a su escandaloso descontrol, ni siquiera alcanza su capacidad de exprimir a los contribuyentes: desde 1998 su deuda se ha multiplicado por 7, hasta los 14.000 millones.
Es hora de hablar de las autonomías. De su descontrol y de una legislación que permite a los nacionalistas cambiar votos en el Congreso por gasto público. Su sangría no puede ser pagada con las pensiones. (Carlos Cuesta/El Mundo)
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2010, AÑO DEL DÉFICIT DE LAS PENSIONES.
Dentro de las prestaciones de la protección social, las pensiones ocupan el lugar preferente, absorbiendo en el entorno del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra economía; en 1900 sólo representaba el 0,6% del PIB. La perdida de renta que experimentan las personas en activo como consecuencia del riesgo de vejez es cubierta a través de las pensiones de jubilación. Puede decirse que tal riesgo queda asegurado a través de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores y los empresarios.
El sistema de pensiones públicas contributivas tiene ante sí tres retos: el demográfico, el de equidad y el de la tentación de los políticos de utilizar el sistema como instrumento para captar votos.
El reto demográfico será a partir del 2010 un factor de desequilibrio importante del gasto en pensiones a consecuencia de las fuertes tasas de crecimiento de la población de 65 años y más (0,95% en la década 2011-2020; 1,64% en la década 2020-2030; y del 1,45% en la década 2031-2040), en total en el periodo 2011-2080 dicha población habrá aumentado en dos millones seiscientos mil personas con una fuerte incidencia en el gasto de pensiones.
Tan preocupante como las consecuencias del reto demográfico son las que se derivan de la fuerte incidencia que la falta de equidad (proporcionalidad) tiene sobre el gasto en pensiones al haberse utilizado el sistema como instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad al introducirse el principio de solidaridad por razones políticas, ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año en el Régimen General al 91,9% con 35 años cotizando, del 73,6% a los 25 años y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8% respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con los que en la práctica existen son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema aunque algunos han manifestado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puede hacer frente a los desequilibrios del sistema. Craso error, el Fondo servirá para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales, es una fuente de financiación, pero el déficit no desaparece.
La existencia de varios millones de pensionistas puede llevar a que en los políticos se dé la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones. Esto ha sucedido en el pasado, especialmente en los regímenes especiales, originando una fuerte deuda implícita e invisible de la Seguridad Social, tasas internas de retorno elevadas y tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año de las más altas de la Unión Europea.
De acuerdo con los estudios que he publicado, el sistema de pensiones públicas contributivas podría entrar en desequilibrio en el entorno del 2015-2017; la fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el corriente año 2010, aparecerá el déficit. Cuando el cambio de Gobierno en 2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. La Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema.
A mi juicio, la reforma debería consistir en:
- Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años
- La base reguladora para calcular el periodo de contribución se extendería a todo el periodo contributivo
- El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados
- Todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva, es decir, que la suma de las cuotas del trabajador y del empresario representen el mismo porcentaje de la base reguladora.
- Supresión de las jubilaciones anticipadas.
La sostenibilidad sólo se logrará con la reforma, es muy urgente, no hay tiempo que perder. El proyecto presentado por el Gobierno en los últimos días sólo incorpora de manera muy parcial alguna de estas sugerencias y, por tanto, sólo servirá para añadir un parche que no solucionará los problemas estructurales de fondo.
José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de MadridXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PIZARRO, PENSIONES Y OTROS ENGAÑOS.
Esta semana se han producido dos noticias alojadas en secciones distintas de los periódicos, sin relación aparente la una de la otra. Del encabezamiento de la política cuelga el titular de que Manuel Pizarro abandona su escaño en el Congreso, harto de estar guardado en un cajón. En Economía se repiten los titulares que hablan de su propuesta de reforma de las pensiones. Las dos son una y la misma noticia: política y verdad no se llevan bien. Y menos en España.
Manuel Pizarro fue un cartel electoral fallido. Fallido porque según las encuestas, los analistas, los periodistas, perdió en el famoso debate que mantuvo con el ministro de Economía, Pedro Solbes. El hombre que nos llevó dos veces a la ruina dijo entonces que "España está preparada para cualquier reto"; entonces Zapatero, Caldera y otros nos decían que a partir de marzo de 2008, en mágica coincidencia con las elecciones, la economía comenzaría a subir. La economía, dijeron, y no el paro. Pizarro habló de lo que se nos venía encima. Perdió porque no hablaba como un político. Tampoco piensa como un político. Habla desde la razón y la honradez; juntas no tienen por qué llevar a la conveniencia política, y en muchas ocasiones no lo harán. De ahí su reclusión política en el PP.
Pizarro hubiera explicado elocuentemente a dónde nos lleva el sistema público de pensiones: Un quebrado en el que el numerador, el número de trabajadores, apenas puede crecer, mientras que el denominador, el número de jubilados-año, aumentará sin remedio. Resultado inevitable: cada vez tendremos que pagar más durante más tiempo para recibir una pensión más baja. Esto es así, y no de otra manera, y cualquiera que tenga un mínimo interés en el asunto lo sabe. Y los políticos, lo saben. Y no sólo no nos lo han dicho, sino que nos llevan mintiendo décadas. Como las malas noticias no llegarán hasta pasados unos cuantos lustros y entonces no se presentarán a las elecciones, se sienten cómodos en el engaño. Pizarro no es de esos. De hecho, si perdió el debate con Solbes fue sobre todo porque éste le echó en cara que hubiese defendido el sistema de pensiones de Chile. Un sistema que no es un fraude, que acumula y crea riqueza, que es sostenible y que permite pensiones crecientes con jubilaciones adelantadas.
Y no es sólo la política. La sociedad también rechaza la realidad cuando ésta no le interesa. No es que se nos acorten las pensiones, sino que con esa actitud se nos acortará el futuro.
España: ¿Un drama más grande que en Grecia?
