Declaración de la plataforma reconversión.es sobre
la agresión al orden constitucional promovida por los partidos separatistas en el Parlamento
catalán
Los partidos
separatistas catalanes, CiU, ERC, ICV y SI, han aprobado una resolución en el
Parlamento de Cataluña el pasado 27 de septiembre que representa una grave agresión
al orden constitucional y que
anuncia la celebración de una consulta completamente ilegal en relación con una
quimérica autodeterminación, con
posterioridad a las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre.
Este
hecho sin precedentes en un Estado Miembro de la Unión Europea, en la que rige
como principio básico el de lealtad institucional, lo que implica el respeto
escrupuloso al Estado de Derecho, constituye un acto de ingratitud, de
insolidaridad y de irresponsabilidad.
De ingratitud, por la falta de reconocimiento del
inmenso esfuerzo realizado en España a partir del pacto de la Transición para
descentralizar el Estado y reconocer los hechos diferenciales.
De
insolidaridad, por acometer
semejante maniobra de debilitamiento de la imagen de España en la esfera
internacional cuando más necesario es inspirar confianza y demostrar
estabilidad en momentos en que millones de nuestros compatriotas sufren las
consecuencias de la crisis.
De
irresponsabilidad, por las
imprevisibles consecuencias de un proceso de vulneración de la legalidad de
esta naturaleza, que puede abocar a Cataluña y al resto de España a un
conflicto interno, que nadie desea,
y a un largo período de empobrecimiento material y moral.
Ante un desafío
a la Nación de esta magnitud y que le causa un daño tan considerable, el
Gobierno tiene la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes vigentes, aprobadas democráticamente por el pueblo
español en su conjunto, sujeto único e indivisible de la soberanía nacional.
Por consiguiente, el Gobierno, en el caso de que la anunciada consulta se
convocase por parte de la Generalidad de Cataluña, deberá aplicar sin la menor
demora los artículos 161.2 y 155.1 y 2 de nuestra Norma Suprema, el primero
para suspender una convocatoria flagrantemente contraria al ordenamiento en
vigor, y el segundo para proceder,
previa conformidad del Senado, a la inmediata intervención de la Comunidad
Autónoma de Cataluña en los términos previstos por la ley al haber tomado sus autoridades una medida inequívocamente contraria al
interés general de España con evidente vulneración de sus obligaciones.
El Gobierno de
la Nación no puede dejar abandonados a los ciudadanos catalanes en manos de quienes violen la
Constitución, las leyes y la esencia de la democracia.
El Gobierno de
la República, en el Decreto de 7 de octubre de 1934 por el que declaraba el
estado de guerra para atajar la revolución en Asturias y la proclamación del Estat catalá por Lluis Companys,
afirmaba: “Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura
que han cometido unos cuantos”. Tres años después, Manuel Azaña tomaba nota en
su Diario en mayo de 1937 de “las muchas y muy enormes y escandalosas pruebas
de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo, que la política
catalana ha dado frente al Gobierno de la República”. Algunos
insensatos pretenden que la Historia vuelva a trazar un bucle desastroso y es deber sagrado del Gobierno evitar
que se reproduzca la tragedia pretérita cortando de raíz la presente farsa con
todos los medios que le presta su legítima autoridad. Cualquier
Gobierno que no procediese de este modo perdería inmediatamente su legitimidad
ante los ciudadanos y cualquier forma de respetabilidad en el concierto
internacional.
