Desafío separatista
La Generalidad alude por primera vez a la fuerza
El nacionalismo es ahora mismo una banda partida en dos.
Por una parte están los que quieren llegar hasta las últimas
consecuencias. Por la otra, los primeros afectados por las
consecuencias. En la última reunión del gobierno catalán no llovieron
ceniceros porque ya no se fuma, pero la controversia fue mayúscula, la
tensión, en aumento y las voces se oían desde la calle del Obispo,
porque las paredes del Palacio son de cartón piedra.
Los socios de Convergència, los de Unió, se han dado cuenta de la jugada un poco tarde, pero al fin han caído en que la vicepresidenta Joana Ortega y el consejero de los mossos Ramon Espadaler son de su cuerda y los primeros de la lista a la hora de asumir responsabilidades si vienen mal dadas. Es decir, Mas se pavonea como un mariscal de la Coronela planeando la reconquista del baluarte del Borne mientras que a los democristianos les toca montar la consulta y desmontar el referéndum, lo que conlleva riesgos como la inhabilitación o incluso la cárcel. Ortega y Espadaler se sienten carne de cañón y dudan si la mochila que les han puesto lleva en realidad un paracaídas o el libro blanco de la transición nacional hacia otra dimensión.
En la Generalidad y sus aledaños, que empiezan a parecer una mezcla de El Alcázar y El Álamo, para cada inconveniente legal tienen una solución jurídica de categoría superior, etiqueta negra.
No cabe preguntarse qué es lo que no comprenden de la palabra "suspensión" porque lo entienden todo, de ahí que hayan dejado la suspensión en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional dictamine sobre dos recursos que les ha remitido el equipo jurídico autonómico. Como en el puente de mando del proceso todo es una balsa, el consejero de presidencia, que es Francesc Homs, le quitó la dirección de los servicios jurídicos al de Justicia, Germà Gordó, cuya esposa es vocal del CGPJ por recomendación del PSOE. Vamos, que Homs no se fiaba y dijo trae paquí a los 'abogaos'.
Nada más conocer la admisión a trámite por parte del TC de los dos recursos del Gobierno, Homs cabalgó hacia el flanco jurídico mientras voceaba a Mas que tranquilo, que dijera que no se rectifica, que el proceso continúa y que el 9 de noviembre se vota.
Y se ha marcado Homs un recurso doble con dos argumentos de peso: que no es un referéndumn sino una consulta porque en la ley pone "ley de consultas" y no de referéndums. Y añade sobre eso que el resultado no es vinculante. Da igual que la mismo decreto que defiende apunte que su propósito es "tan sólo (sic) conocer la opinión de las personas llamadas a participar (..) con la finalidad de que la Generalidad pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde." Y es en este punto donde cree Homs que radica la sutileza. El referéndun no es una consulta porque no es vinculante, sino una guía para proclamar la independencia vía "iniciativa legal, política e institucional". ¿Dónde esta la bolita? ¿La bolita donde está? No, no es una violación, sino un acto sexual no vinculante.
El segundo argumento es de peso y de calibre magnum, munición
especial. De repetición, pues sale en los dos recursos: Si se cierran
los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión
pública, tal como demandan tantos ciudadanos en Cataluña, es difícil
prever las consecuencias. En este punto, permítasenos recordar la
Resolución 1353 (2003) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa "El porvenir de la democracia: reforzar las instituciones
democráticas", a la que ya aludimos anteriormente en este escrito, y en
la que la Asamblea considera que cuando se plantean importantes retos
para la gobernabilidad, los parlamentos no los resuelven y la población
tiene la sensación de ser privado de su derecho a participar en la toma
decisiones políticas, estas diferencias tienden a alimentar el desprecio
público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e
incluso la violencia".
¿Violencia? ¿Pero no era todo tan cívico y pacífico, festivo y familiar? ¿Violencia? ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿No se refererirá a las personas que convocadas por la Generalidad se manifestaban el martes en algunas plazas catalanas? ¿Los chicos de la ANC o de las CUP? ¿Violencia? Es la primera alusión a la fuerza bruta y directa en todo el proceso. Nada más comprobar cómo ha acatado Mas la suspensión de su ley y su referéndum ya habrán determinado en Moncloa que eso de la violencia es pura retórica, nada importante.
(Pablo Planas/ld)
Y EL GOBIERNO ACUSA RECIBO.
Los socios de Convergència, los de Unió, se han dado cuenta de la jugada un poco tarde, pero al fin han caído en que la vicepresidenta Joana Ortega y el consejero de los mossos Ramon Espadaler son de su cuerda y los primeros de la lista a la hora de asumir responsabilidades si vienen mal dadas. Es decir, Mas se pavonea como un mariscal de la Coronela planeando la reconquista del baluarte del Borne mientras que a los democristianos les toca montar la consulta y desmontar el referéndum, lo que conlleva riesgos como la inhabilitación o incluso la cárcel. Ortega y Espadaler se sienten carne de cañón y dudan si la mochila que les han puesto lleva en realidad un paracaídas o el libro blanco de la transición nacional hacia otra dimensión.
En la Generalidad y sus aledaños, que empiezan a parecer una mezcla de El Alcázar y El Álamo, para cada inconveniente legal tienen una solución jurídica de categoría superior, etiqueta negra.
No cabe preguntarse qué es lo que no comprenden de la palabra "suspensión" porque lo entienden todo, de ahí que hayan dejado la suspensión en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional dictamine sobre dos recursos que les ha remitido el equipo jurídico autonómico. Como en el puente de mando del proceso todo es una balsa, el consejero de presidencia, que es Francesc Homs, le quitó la dirección de los servicios jurídicos al de Justicia, Germà Gordó, cuya esposa es vocal del CGPJ por recomendación del PSOE. Vamos, que Homs no se fiaba y dijo trae paquí a los 'abogaos'.
Nada más conocer la admisión a trámite por parte del TC de los dos recursos del Gobierno, Homs cabalgó hacia el flanco jurídico mientras voceaba a Mas que tranquilo, que dijera que no se rectifica, que el proceso continúa y que el 9 de noviembre se vota.
Y se ha marcado Homs un recurso doble con dos argumentos de peso: que no es un referéndumn sino una consulta porque en la ley pone "ley de consultas" y no de referéndums. Y añade sobre eso que el resultado no es vinculante. Da igual que la mismo decreto que defiende apunte que su propósito es "tan sólo (sic) conocer la opinión de las personas llamadas a participar (..) con la finalidad de que la Generalidad pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde." Y es en este punto donde cree Homs que radica la sutileza. El referéndun no es una consulta porque no es vinculante, sino una guía para proclamar la independencia vía "iniciativa legal, política e institucional". ¿Dónde esta la bolita? ¿La bolita donde está? No, no es una violación, sino un acto sexual no vinculante.
¿Violencia? ¿Pero no era todo tan cívico y pacífico, festivo y familiar? ¿Violencia? ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿No se refererirá a las personas que convocadas por la Generalidad se manifestaban el martes en algunas plazas catalanas? ¿Los chicos de la ANC o de las CUP? ¿Violencia? Es la primera alusión a la fuerza bruta y directa en todo el proceso. Nada más comprobar cómo ha acatado Mas la suspensión de su ley y su referéndum ya habrán determinado en Moncloa que eso de la violencia es pura retórica, nada importante.
(Pablo Planas/ld)
Y EL GOBIERNO ACUSA RECIBO.
Preparados para el 9N
Interior envía antidisturbios a Cataluña
El ministro recuerda que el Gobierno tiene competencia en delitos supracomunitarios.
(Crónica Global.)
(Crónica Global.)
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