(El presidente 'okupa', Pedro Sánchez, para no molestar a los golpistas, no defiende- como debe- al juez Llarena.
Las asociaciones de jueces y fiscales (salvo las progresistas) muestran su estupor y malestar ante esta increible y muy criticable actuación de este gobierno socialista.
¡Qué bajo ha caído el socialismo español!
PD. Además, Sánchez da trato bilateral a Cataluña, como si fuera un Estado independiente. ¿Hasta cuándo votará usted a estos antiespañoles?)
JUECES
Y FISCALES APOYAN A LLARENA.
Hemos conocido a través de los medios de comunicación
la decisión del Ministerio de Justicia en torno a la defensa del Magistrado del
Tribunal Supremo D. Pablo Llarena, contra quien se ha interpuesto una demanda
ante los órganos judiciales belgas por su actuación en el asunto del que ha
sido instructor recientemente. El
Ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado,
y condiciona la personación ante la Justicia belga a los términos en los que
resulte admitida la demanda.
1.-
Las asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura,
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente, así
como las asociaciones de fiscales, Asociación de Fiscales y Asociación
Profesional Independiente de Fiscales, además de mostrar su estupor ante un
proceso judicial como el que se ha iniciado en los tribunales belgas, defienden
la integridad de los Jueces españoles, la independencia de nuestro Poder
Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser
fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero
valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley.
2.-
Ante la decisión del Ministerio de
Justicia, las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar,
en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse –en este caso-
como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España.
3.-
El Estado, a través de sus órganos constitucionales, primero el Ejecutivo, pero
también el Consejo General del Poder Judicial –que ya ha concedido amparo al
Magistrado- tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas
necesarias para garantizar la defensa del Magistrado D. Pablo Llanera por
actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional, como
presupuesto para salvaguardar su independencia y la de todo el Poder Judicial.
Defender
a la Justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del
Estado, como pilar esencial de nuestra propia configuración política.
Escudarse en matices como los
anunciados por la Sra. Ministra de Justicia para rechazar la defensa de un
Magistrado que viene siendo objeto de ataques intolerables precisamente por su
actuación ajustada a cuanto nos impone la Constitución, implica una
incomprensible dejación de la propia defensa del Estado.
4.-
Descendiendo al caso concreto, en el informe de la Abogacía del Estado de hace
tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la
Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio
de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto.
La
afirmación de que si la jurisdicción española «si se ve cuestionada por la
actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el
Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la
inmunidad jurisdiccional del Reino de España», solo se entiende desde el
desconocimiento absoluto de los trámites procesales –o peor aún, desde el
propósito de no hacer nada-, puesto que el ordenamiento belga exige que,
previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la
demanda, se aleguen –previa personación- las cuestiones que pudieran obstar
para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad
jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con
antelación, una vez iniciada la vista –y admitida, en su caso, la demanda- ya
no podrán ser alegadas.
Cumple recordar, además, que
fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno español que «la
inmunidad debe invocarse ante el tribunal» porque «no hay garantía de que el
juez invoque la inmunidad de España automáticamente», recomendando a España
«asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de
Primera Instancias de Bruselas. Si España no se presentara ante el
tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad
jurisdiccional».
Tampoco cabe entender improcedente la defensa por
parte del Estado español del Magistrado Sr. Llarena ante acciones legales en el
extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas,
que ni siquiera se citan.
Un mínimo conocimiento del
conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el
Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o
hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy
diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue
otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto.
5.- Por ello, instamos del
Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción
española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las
medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial al
estimar la petición de amparo promovida por el Magistrado instructor, mediante
la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa
del Magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la Justicia
española en su conjunto.
6.-
Asimismo, solicitamos del Consejo General del Poder Judicial que se adopten
las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que
realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al
amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa
del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno.
* Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Foro Judicial Independiente
Asociación de Fiscales
Asociación Profesional Independiente de Fiscales
Madrid, 24 de agosto de 2018.
(ABC)
1 comentario:
Uno. Hoy día el Gobierno practica la disciplina del decreto para resolver dificultades. ¿Porqué no se ha recurrido a esta alternativa, si no existían otras posibilidades, para solucionar ciertas graves deficiencias? P. ej., si las leyes electorales son perfectibles, y la experiencia acumulada parece haberlo puesto en evidencia, ¿porqué no se aplicó el método para reescribirlas o para conseguir un plan nacional de enseñanza moderno, independiente y duradero?
Dos. ¿Pedirá por fin perdón España a la Comunidad de Cataluña y a los golpistas? ¿Condenará nuestro Gobierno (bueno, decir “nuestro” parece un exceso, un tropo, ¿no?) a garrote vil al juez Llarena?
Tres. Una vez cumplida la revancha contra el esqueleto del gallego, ¿se cambiará en los libros de texto el resultado final de nuestra última, por el momento, guerra civil? ¿Qué tal si se enseña que la perdieron por goleada los nacionales? ¿Un 5 a 0, por ejemplo?
Cuatro. A la calle de Sabino Arana, al lado del Nou Camp, ¿se le cambiará el nombre, también, vía decreto?
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