LA ESTUPIDEZ DEL PARTIDO POPULAR.

(El Ministro de Justicia en un alarde de 'Marianismo' dice que 'NO DESCONFÍA DE QUE LA GENERALIDAD CUMPLIRÁ CON LAS LEYES'.


No me lo puedo creer. Si se lo cree, es tonto. Si lo dice para 'no crear tensión', es que en estos últimos 35 años no ha aprendido nada de los separatistas.

El PP merece un castigo electoral. No se puede ser tan acomplejado.


PD. Esta es la fuerte defensa de la Constitución y de España del gran líder Mariano Rajoy.)

 LA ESTUPIDEZ DEL PARTIDO POPULAR


Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha advertido este miércoles que, en el caso de que Cataluña convoque elecciones fuera del marco legal, el Gobierno deberá impugnarlo. Según ha explicado el ministro, esto debe ser así porque estos comicios no serán plesbicitarios porque «no puede haber otro formato distinto».

 

Aun así, Catalá ha querido destacar que esta advertencia no se hace porque exista desconfianza por parte del Gobierno en cómo realizará la Generalitat las elecciones.

 «Si hay algún incumplimiento de la normativa lógicamente procederemos a su impugnación, pero no parto de una desconfianza de que se vaya a producir una convocatoria que no respete el marco jurídico actual», ha dicho.

(ABC) 



 EL DESAFÍO SECESIONISTA COBRA IMPULSO ANTE LA INACCIÓN DE RAJOY.

Por mucho que el Gobierno del PP y, por lo general, la prensa nacional hayan interpretado la ruptura de la coalición entre CDC y UDC como si de la muerte del ilegal desafío secesionista se tratara, basta echar un vistazo al pacto alcanzado entre la formación de Mas y ERC para las elecciones del 27-S para darse cuenta de que la rebelión separatista, lejos de decaer, ha adquirido nuevos bríos.

Así, el pacto entre convergentes y republicanos contempla un proceso de desconexión de Cataluña respecto de España que duraría de seis a ocho meses y que culminaría con el punto de ruptura que sería la declaración unilateral de independencia. Dicho proceso incluye la aprobación por parte del Parlamento catalán de un paquete de medidas legales que comprendería una ley de transitoriedad jurídica destinada a suplir el marco legal español y a evitar vacíos de poder. Así, se mantendría vigente el ordenamiento jurídico español en todos los ámbitos en que no haya leyes catalanas propias, las cuales prevalecerían sobre las otras y las sustituirían.

Otras leyes previstas serían las destinadas a crear estructuras de Estado como una Hacienda y una Seguridad Social propias.

Ni que decir tiene que el Gobierno del PP ha reaccionado ante este claro, indisimulado y acelerado proyecto de ruptura como de costumbre: tapándose la boca, los oídos y los ojos. Lo más que ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es: "Si hay algún incumplimiento de la normativa, lógicamente procederemos a su impugnación, pero no parto de una desconfianza de que se vaya a producir una convocatoria que no respete el marco jurídico actual".

Ante semejante ceguera voluntaria, ¿cómo confiar en que el Gobierno de Rajoy haga cumplir la ley, si es el primero en ocultar las ilegalidades pasadas, presentes y futuras de las formaciones secesionistas? ¿Cómo no tomarse en serio los proyectos de desconexión si ésta ya se ha producido en ciertos ámbitos, tal y como ilustran las ignoradas sentencias de los tribunales que, supuestamente, iban a impedir la celebración de la consulta secesionista del 9-N o la no menos ilegal inmersión lingüística que se sigue perpetrando en Cataluña?

Si algo ha quedado demostrado hasta el aburrimiento es que de nada sirve recurrir a los tribunales si luego el Ejecutivo no se atreve a cumplir y a hacer cumplir sus sentencias. Por no atreverse, el Gobierno de Rajoy ni siquiera se ha atrevido a dejar de financiar de manera privilegiada a los gobernantes regionales que más claramente han desafiado y vulnerado el ordenamiento jurídico español.

No menos patético para justificar la culpable pasividad del Gobierno de Rajoy es confiar en unos malos resultados electorales de la coalición CDC-ERC, que los sondeos desmienten claramente; o albergar esperanzas de que la irrupción de una formación como Podemos vaya a ser un obstáculo para el proceso de ruptura. La formación de Pablo Iglesias no sólo es partidaria de esos procesos secesionistas, sino que, a partir de las próximas elecciones generales, puede que sea el partido más potente en la defensa del mal llamado derecho a decidir.

Ante un presidente del Gobierno que hace suya la técnica del avestruz y se niega a sofocar tanto legal como ideológica y financieramente una rebelión institucional como la de los nacionalistas catalanes, nadie se extrañe de que éstos y Podemos aceleren la marcha.

(edit.ld.)