BALEARES ¿CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA LOCAL?

BALEARES: ¿CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA LOCAL?

Una de las zonas turísticas y hoteleras más importantes de la capital balear, conocida como la Platja de Palma, está siendo noticia casi a diario en estos últimos meses, pero no por el número de visitantes extranjeros o por los proyectos de reforma previstos, sino por las investigaciones en torno a la presunta trama de corrupción policial que desde hacía años operaba al parecer en la zona. En estos últimos meses, dicha trama ha empezado a ser desmantelada con el sucesivo ingreso en prisión de varios agentes de la Policía Local, la mayor parte de ellos integrantes de la denominada Patrulla Verde.

Dinero, alcohol y prostitutas para los agentes

Las investigaciones en torno a la Policía Local de Palma empezaron en 2013, por parte del fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva. Las indagaciones se centraron inicialmente en el presunto amaño de unas oposiciones y derivaron luego, en 2015, hacia la Patrulla Verde, que es la unidad que se encarga, entre otras funciones, del control de los locales de ocio nocturno. 

Según el testimonio de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados en esta segunda trama se ponían en contacto con propietarios de diversos clubs de la Platja de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones. Dichos policías, a cambio, obtenían dinero, consumiciones de alcohol gratuitas o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local. 

Algunos de esos agentes habrían tenido, además, una doble actividad, como policías y como personal de seguridad en algún local. Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por dichos agentes.

Los orígenes de la delicada situación que vive hoy la Policía Local pueden situarse en septiembre de 2013, momento en el que presentó su dimisión el entonces jefe del cuerpo, Antoni Vera, por el presunto amaño de las oposiciones convocadas en 2012 para acceder al grado de inspector. 

Varios funcionarios serían además imputados por este caso. Vera fue sustituido entonces por Nicolás Herrero, quien tras jubilarse fue relevado por Joan Miquel Mut. Este último fue destituido en septiembre del pasado año por el nuevo equipo de gobierno municipal, conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. El nuevo jefe de la Policía Local pasó a ser, de forma provisional, Antoni Morey. Tanto Mut como Morey se encuentran también imputados.

Extorsiones a empresarios de locales de ocio

Una vez acotadas las indagaciones sobre el presunto amaño de las citadas oposiciones, el trabajo de la Fiscalía derivó entonces hacia una nueva línea de investigación, ya centrada en las supuestas extorsiones que habrían sufrido diversos empresarios de locales de la Platja de Palma y de otras zonas de ocio de la capital balear. El punto de inflexión en ese sentido se produjo en junio del pasado año, cuando fue detenido el entonces jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres. Desde entonces, se han sucedido los arrestos de agentes, que en algunos casos han derivado en su ingreso en prisión. El pasado mes de octubre, el juez ordenó incluso un registro en la sede central de la Policía Local. En la actualidad, hay un total de 12 personas en el centro penitenciario de Palma por estos hechos. 

La tensión que está suscitando este caso ha llegado a ser tan elevada que, el pasado mes de enero, la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Subirán puedan ir armados, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados. Además, a principios de este mes de febrero Subirán dictó un auto en el que acordaba prorrogar por un mes más el secreto de las actuaciones en curso. En dicho auto, el magistrado hacía referencia a las coacciones que habrían sufrido quienes se opusieron a la trama o quienes decidieron colaborar con la justicia. Entre los presuntos delitos cometidos por los policías investigados se encuentran los siguientes: contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y cohecho.

El nerviosismo ha ido creciendo

En estos últimos días, la tensión se ha incrementado y sus consecuencias se han hecho notar también en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma. La regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, convocó el pasado jueves una rueda de prensa con carácter de urgencia, después de que el director de su área, Martí Capó, hubiera sido amenazado. En concreto, alguien pintó una diana en su moto y la frase «Te esperamos». En respuesta a esa actuación, Pastor afirmó ante los medios que «las amenazas no nos pararán». En cualquier caso, la edil reconoció que en estos momentos hay un «desánimo generalizado» en el cuerpo policial.

Por su parte, el actual máximo responsable policial, Antoni Morey, publicó el viernes una carta en Facebook, en la que defendía a los presuntos agentes corruptos y en la que cuestionaba, entre otras actuaciones, el desarrollo de la investigación judicial. Morey criticó también en su escrito al anterior equipo de gobierno municipal del PP y al actual del tripartito. «Y hablando de políticos, no vengan los anteriores a darnos lecciones o sugerencias, así les ha ido y así les debía ir. Las actuaciones nefastas de los presentes no avalan en absoluto las suyas», señaló. 

También criticó con dureza las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora. «La consideración del Juzgado de Instrucción número 12 me la trae realmente floja», indicó. Policías y familiares escribieron en su muro agradeciéndole las opiniones expresadas en dicha carta.

(Pablo Muñoz/Josep Maria Aguiló/ABC)