Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con varios casos que la señalan en una denuncia por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Muchos de los que han trascendido han sido desvelados por El Debate. En estos momentos, la investigación judicial contra ella se mantiene bajo secreto de sumario y tan sólo ha trascendido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando las labores de intermediación que ha llevado a cabo con distintas empresas desde que su marido llegó a La Moncloa.
El primer caso arrancó tras la mujer de Sánchez redactar una carta de recomendación
para una UTE conformada por las compañías Innova Next, propiedad de su
amigo Carlos Barrabés, y la escuela de negocios The Valley. Este tándem
se presentó y ganó varios concursos públicos licitados por Red.es,
dependiente del Ministerio de Economía con el aval por escrito de Begoña
Gómez. La misiva, firmada por la mujer de Sánchez, provocó al mismo
tiempo que distintos ministerios adjudicaran a la consultora de Barrabés
un reguero de contratos que roza los 20 millones de euros.
El
segundo caso, publicado por este periódico, gira en torno a la empresa
donde Begoña Gómez desarrolló gran parte de su carrera profesional. Se
trata de la empresa Inmark. Aquí, la mujer de Sánchez trabajó durante
casi dos décadas. Al llegar Sánchez a la Presidencia del Gobierno, fue
fichada por el Instituto de Empresa y pidió una excedencia en Inmark. En
cambio, a pesar de que se marchó, mantuvo en su poder un paquete de acciones de la compañía
y teniendo ella intereses económicos el Ejecutivo firmó hasta en cuatro
ocasiones contratos por valor de 138.000 euros con la empresa para la
realización de encuestas.
Las
acciones de la mujer de Sánchez en Inmark fue confirmada a El Debate
por el presidente de la compañía, Manuel López, que sostiene que en la
época de la adjudicación de los contratos Begoña Gómez era accionista,
pero que justo antes del verano de 2022 vendió el paquete de acciones.
«Begoña mantenía una participación accionarial mínima porque nosotros a
todos los directivos, para vincularlos con la compañía, les fijamos un
plan para que fueran accionistas», declaró.
Por
último, otro de los casos que cercan a la mujer de Sánchez en la
investigación judicial que está llevando a cabo el Juzgado tiene que ver
con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una ayuda
pública de 96.397 euros que sirvió para financiar un proyecto demográfico que
dirigió personalmente Begoña Gómez. La subvención fue otorgada por
parte del Ministerio de Transición Ecológica a la plataforma G-100,
donde la mujer de Sánchez figura como «relatora del proyecto».
Posteriormente,
la mujer de Sánchez presentó el proyecto en un acto organizado por el
CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
A partir de ese momento, Sánchez apoyó desde la Presidencia del Gobierno la feria de repoblación que G-100 organiza anualmente.
(Alejandro Entrambasaguas/El Debate/22/5/2024.)
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