EL LOBBY DE LOS ASESINOS.
Podemos, EH Bildu y PNV son sensibles a los derechos de los presos de ETA por delitos de terrorismo. Lo son por distintos motivos o intereses. Pero el hecho que todavía pasa desapercibido en el panorama político nacional es que han anunciado que consideran que los derechos de los asesinos de ETA deben abordarse en las negociaciones para formar Gobierno. Y esto todavía pasa desapercibido.
Jonan Fernández, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, denunció hace pocos días que el desarme de ETA se demora por el retraso en conformar el nuevo Ejecutivo.
Jonan Fernández inició su carrera pública como concejal de HB en Tolosa. Cuando ETA planteó un pulso a las instituciones vascas sobre el trazado de la autovía del Leizarán, el grupo supuestamente ecologista que él comandaba dobló el pulso a las instituciones. En realidad fue ETA quien lo hizo, asesinando a ingenieros y trabajadores, realizando cientos de sabotajes y causando daños por valor de millones de euros. La campaña combinada del entramado de ETA supuso además el entrenamiento de la entonces nueva generación de asesinos de ETA. Jonan Fernández evolucionó después hacia el etnopacifismo de palabras suaves que siempre han favorecido la equidistancia entre asesinos y víctimas.
Los nacionalistas del PNV que siempre miraron sus intereses a largo plazo dieron de comer a Jonan Fernández hasta su designación institucional. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha pedido más de una vez que sea sustituido por alguien que apoye a las víctimas del terrorismo.
Hay un punto de retórica indecente en las políticas que impulsa el nacionalismo vasco con respecto al pasado del terror, pero es la misma retórica que utilizaban cuando nos perseguía ETA y miraban, mayormente, hacia otro lado, más preocupados por sus intereses que por defender de forma prioritaria nuestra vida y nuestro derecho a la libertad ideológica plena. Entonces y ahora se trata de no incomodar la vida cotidiana de la mayoría de la sociedad con apelaciones a la conciencia y, sobre todo, de pensar en el retorno a sus entornos de los asesinos y sus cómplices, para una integración cariñosa.
"Es difícil reconstruir la noción del bien y del mal que la rutina del crimen extinguió", como escribió el gran Fernando García Cortázar. En el fondo subyace esto, pero pasa bastante desapercibido en este momento de decadencia política general.
No tengamos en cuenta la antisentencia que legalizó a un partido heredero de ETA que no ha condenado la historia del terror. No recordemos la salida de casi cien asesinos etarras y algunos pederastas gracias a una instantánea e innecesaria aplicación de la sentencia del caso Inés del Río. El número de presos de ETA ya se ha reducido a la mitad, pero el lobby quiere sacar al resto.
Tengamos sólo en cuenta que como los grandes partidos políticos españoles no consideraron importante la cuestión de la condena del terror, la legalización va emponzoñada y los presos quieren también apaño para lo suyo. En este estado de cosas, pactar con quienes están en la operación de impunidad enmascarada en bonitas palabras afecta al tuétano de nuestro maltratado sistema democrático.
Un pacto del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos podría evitar la operación apuntada por Podemos, EH Bildu y PNV. No merecen menos los que fueron acosados, los que abandonaron el País Vasco y Navarra, los extorsionados, los mutilados, los niños que callaron el nombre de sus padres para no morir, los niños que murieron, los hombres y mujeres –como mi hermano– que sabían que se jugaban la vida por las libertades y la perdieron. No merecen menos los cientos de asesinatos cuyos autores materiales no afrontaron juicio ni condena.
Un gran pacto que evite más dolor y mentiras a las víctimas limpiaría, en buena parte, el pasado enfangado y daría a nuestros políticos una fuerza desconocida para sacar este país adelante.
Nota de la autora: el 8 de febrero de 2003 fue asesinado por ETA Joxeba Pagazaurtundua. Es un ejemplo de los españoles que se enfrentaron con mayor lucidez y valentía a ETA y su entorno.
(Maite Pagazaurtundúa/ld.)
ENVENENANDO LA CONVIVENCIA.
España tiene un problema de primer orden: la emergencia de una izquierda liberticida que se pretende impune y anda empeñada en copar no sólo las instituciones sino todo el espacio público, con violencia simbólica o real y a lomos de un formidable aparato de agitación y propaganda.
Esta izquierda siniestra escracha, matonea, señala, y aprovecha cualquier situación o circunstancia para adoctrinar o perseguir a sus rivales, que para ella no son tales sino enemigos, enemigos que quiere atemorizados y sometidos.
Esta extrema izquierda tóxica, que vive de excitar el odio, ha cobrado tremenda fuerza e influencia de la mano de las distintas marcas de ETA, la batasunesca CUP catalana, la Esquerra, IU, Podemos y sus satélites separatistas. Es una izquierda antisistema ya no empotrada en el sistema, sino directamente con mando en plaza en plazas de extraordinaria importancia.
Esta izquierda estrictamente impresentable es una auténtica lacra, un poderoso factor de desestabilización social, volcada como está en envenenar la convivencia.
Hay que pararle los pies de inmediato, combatirla con contundencia en todos los ámbitos y no pasarle una. Debe volver a la marginalidad de la que nunca debió salir.
Es ésta una tarea de todos, pero unos pueden hacer bastante más que otros. El PSOE, de hecho, tiene una responsabilidad formidable, al haberles dado tanto poder en tan poco tiempo y a tan bajo precio. Ha de empezar a corregir su descomunal error de inmediato y demostrar que verdaderamente es capaz de tener altura de miras y sentido de Estado. En juego está no sólo su credibilidad como alternativa real de Gobierno sino su propia supervivencia. La situación es de verdadera urgencia.
(Edit.LD.)
TÍTERES ASESINOS.
El caso de los títeres asesinos –pues no otra calificación merecen, aunque sean muñecos de feria, quienes ahorcan a un juez, apuñalan a un policía o violan a una monja para matarla después acuchillándola con un crucifijo, y todo en la misma sesión– ha levantado una interesante polémica en torno a este enésimo acontecimiento, llamémosle cultural, organizado por el Ayuntamiento de Madrid.
Parece que a los ultras que gobiernan esta ciudad con la bendición del socialismo les va la promoción de la violencia, en una escalada que empezó incluso antes de que pensaran presentarse a unas elecciones y que ha encontrado en la institución municipal el ambiente y los recursos propicios para proyectarse con gran despliegue de medios.
Vaya por delante mi aplauso al juez Ismael Moreno por el impecable auto en el que ha ordenado que los dos autores de la masacre ingresen en prisión bajo la acusación de haber cometido dos delitos, uno de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio por motivos ideológicos o religiosos. Al hacerlo así, el juez ha actuado en favor de un bien superior como es el de proteger a la sociedad de la violencia propugnada por quienes los cometieron.
No se trata, como algunos piensan, de que la figura del enaltecimiento del terrorismo sea sólo un asunto que concierne a las víctimas directas de este tipo de violencia –y que, por tanto, requiere que alguien concreto se sienta ultrajado–, pues la victimación terrorista se extiende mucho más allá de ellas hacia el conjunto de los que forman la comunidad política, para los que el gran penalista Antonio Beristain acuñó el concepto de macrovíctimas. Y tampoco se trata de que sólo el terrorismo sea la única conducta violenta rechazable, pues otras muchas violencias políticas, cometidas bajo el influjo de ideologías totalitarias y excluyentes, son igualmente repudiables, como así lo establece, por cierto, nuestro código penal.
Cierto es que, en este caso, se ha tratado de actos de violencia simbólica, pues es evidente que, por mucho que una marioneta haga sangre, ésta será siempre un mero cosmético, un artificio con el que significar el daño. El concepto de violencia simbólica, como escribió el politólogo francés Philippe Braud, "permite tener en cuenta todas las heridas infligidas a la identidad, vinculadas o no con actos materiales". Es éste un aspecto muy importante para el asunto que nos ocupa, pues esas heridas no tienen otra finalidad que la de crear los chivos expiatorios sobre los que recaerá en su día, si el proceso desencadenado por los ultraizquierdistas que ahora gobiernan llega a su término, la violencia física inherente a toda revolución.
Braud recuerda así que la lógica política del chivo expiatorio no es otra que la de designar a los enemigos del pueblo que habrán de ser inmolados; y cita para ello el Evangelio, donde Caifás resume la idea que la inspira: "Antes que perezca la nación entera conviene que uno muera por el pueblo". Y será primero uno –el juez–, luego otro –el policía– y más tarde otro más –la monja–; y así sucesivamente con aquellos que hayan sido elegidos no por haber cometido un delito, sino por reunir la condición simbólica que los hace sacrificables.
La violencia simbólica es el preludio de la destrucción del Estado de Derecho; es el elemento crucial sobre el que se asienta la anomia que se requiere para que las víctimas de la violencia revolucionaria no puedan ser protegidas por la sociedad. Lo vimos durante años en algunas zonas del País Vasco donde nadie se quería preguntar por la razón de los crímenes, donde bastaba aquello de "algo habrá hecho" para hacer aceptable su muerte a manos de ETA. Y se vio en España también, de manera mucho más grave, durante la convulsa crisis de los años treinta cuyo desenlace no fue otro que el de la Guerra Civil.
Carmena y sus epígonos podrán tratar de minimizar los hechos, podrán señalar que les parece exagerada la sanción de los titiriteros, podrán invocar la libertad de expresión como si este derecho democrático careciera de límite alguno, pero no por ello harán menos cierta la conexión entre las violencias simbólica y física que la historia muestra. Carmena puede decir –yo así se lo he oído– que, al fin y al cabo, ETA y Al Qaeda son organizaciones políticas, como si sugiriera que en el ámbito político no se pudieran cometer delitos y que, en consecuencia, los dos anarquistas encarcelados son víctimas de un enredo del Estado.
No seré yo quien le quite la razón a la alcaldesa madrileña negando que las organizaciones terroristas tienen una naturaleza política, pero sí le diré que, precisamente por ello, son más peligrosas para la sociedad, pues es precisamente de ese carácter político del que nace su afán por destruir el orden democrático que yo pretendo defender. Claro que comprendo que, en tal objetivo, coinciden Carmena y sus seguidores con los terroristas. Por eso tienen títeres asesinos.
(Mikel Buesa/LD.)
INDIGNA CARMENA.
Como en todas sus comparecencias desde que ha tenido que dejar el mundo de los sueños de los candidatos y enfrentarse a las realidades de la compleja gestión de una ciudad como Madrid, Manuela Carmena no ha logrado explicar cómo es posible que una obra teatral con un contenido despreciable y quizá delictivo no sólo se ha sufragado con dinero de todos los madrileños, sino que se ha representado ante un público mayoritariamente infantil.
En cualquier caso, entre frases confusas, constantes olvidos de las preguntas de los periodistas y promesas de depuración de responsabilidades, Carmena ha transmitido dos mensajes muy llamativos y tremendamente impropios de quien desempeña un cargo de tal importancia.
El primero tiene que ver con sus críticas a la actuación judicial, que resultan aún más sorprendentes si se tiene en cuenta que se ha ganado la vida ejerciendo, precisamente, de juez.
El tiempo y el desarrollo de la instrucción permitirán valorar como es debido las decisiones de Ismael Moreno, pero la última persona que puede opinar al respecto en estos momentos es, precisamente, Manuela Carmena, que preside una institución directamente implicada en el caso y cuyas responsabilidades –ya hay denuncias al respecto– están por dilucidar.
El segundo es aún grave: Carmena ha denominado a ETA "movimiento político". A la democracia española le costó largos y sangrientos años liberarse de complejos y denominar con precisión a los miembros de la organización terrorista nacionalista vasca. Los etarras son criminales a los que se persigue no por sus execrables ideas sino por los crímenes que perpetran. Y cuando se les captura, juzga y condena, van a parar a cárceles comunes, no políticas, a purgar sus crímenes, como los demás delincuentes.
Palabras como las de Carmena son un infame paso atrás que abunda en la justificación de la trayectoria del peor enemigo que ha tenido la democracia española. Ni la sociedad en su conjunto ni las víctimas directas del terrorismo etarra se merecen que la alcaldesa de la capital les afrente de tan escandalosa manera y contribuya al nauseabundo blanqueamiento de los asesinos, empresa especialmente repugnante en la que anda implicada de hoz y coz la izquierda liberticida que tiene por referentes a personajes de la catadura de Pablo Iglesias o la propia Carmena; también, estupefacientemente, en el orden moral.
Una vez más, Carmena ha demostrado que es indigna del cargo que ostenta.
(Edit.ld.)
1 comentario:
El problema no es el lobby de asesinos es la carne al peso que les vota.
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