ELECCIONES, UNA EMERGENCIA NACIONAL.
El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo.
Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia.
Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder.
De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo.
Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla.
Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Puigdemont, o con cuestionar la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es más que un conflicto político. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias.
Igualmente, resulta una auténtica afrenta jurídica a la unidad de España que Sánchez aceptase tomar en consideración el infame documento de exigencias que Joaquim Torra le entregó el pasado mes de diciembre, y que ayer filtró convenientemente para dejar en evidencia al Gobierno de la nación. Un documento que exige la «desfranquización» de una España que hace casi cincuenta años que dejó de ser franquista, que impone dialogar de algo ilegal como la autodeterminación de Cataluña, y que exige al poder ejecutivo anular al poder judicial, o la derogación de facto del Código Penal para los encausados por rebelión, solo debe tener un lugar en el despacho de Sánchez: la papelera.
El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones.
Ese documento es un llamamiento a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Carta Magna, y solo desde una perspectiva de cobardía ética y de un ejercicio pusilánime del poder es comprensible la conducta de Sánchez. Y también la de algunos de sus ministros muy significados en la lucha contra el independentismo, que miran hacia otro lado como si realmente todo esto fuese una negociación legítima y no la sumisión a un chantaje.
No es posible que el Gobierno se dedique a blanquear a unos golpistas o minimice este secuestro de nuestra democracia con la excusa de permanecer unos meses más en el poder. En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional.
(Edit/ABC/6/2/2019.)
Arrimadas: "Lanzo un SOS constitucionalista al resto de españoles".
La líder de Ciudadanos en Cataluña explica en Es la Mañana de Federico la traición de Sánchez en su negociación con el separatismo.
(LD/6/2/2019.)
Rivera considera el 'mediador' una "humillación intolerable para España"
"Basta ya, señor Sánchez, no todo vale por el poder" espeta al presidente del Gobierno, al que acusa de negociar "privilegios con Torra".
Mariano Alonso
El felón Sánchez y la 'internacionalización' del 'conflicto' catalán.
No es de extrañar que los separatistas catalanes cambien de estrategia en su campaña de chantaje al chantajeable e indigno Gobierno de Pedro Sánchez. Su inicial exigencia para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, consistente en que el Gobierno instara a la Fiscalía General del Estado la retirada de todos los cargos contra los máximos responsables de la consulta secesionista del 1-O y de la subsiguiente declaración de independencia de Cataluña, no sólo era tanto como reclamar que el Ejecutivo y el Ministerio Público se comprometieran a perpetrar un delito de prevaricación, sino que hubiera resultado absolutamente estéril para impedir que aquellos fueran enjuiciados por todos los gravísimos delitos de los que se les acusa.
Y esto es así porque, a diferencia de lo que sucedió con el golpe liderado por Artur Mas con la no menos ilegal consulta secesionista del 9-N, en el proceso contra Puigdemont y compañía ejerce la acusación, además del Ministerio Público, Vox. Por tanto, aun cuando la Fiscalía hubiera retirado los cargos, nada les evitaría someterse a juicio y una eventual condena.
Ciertamente, el felón Sánchez podría indultar a los golpistas una vez fuesen condenados, tal y como de hecho ya apuntó el máximo dirigente del PSC, Miquel Iceta. Pero en estos momentos lo más factible y provechoso para los separatistas es que el Gobierno satisfaga su exigencia de internacionalizar el conflicto catalán mediante el recurso a un mediador internacional en un proceso de negociación en el que el Gobierno de España aparezca en pie de igualdad con la Generalidad.
Esto es a lo que, aun de forma disimulada, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha mostrado dispuesta este martes, intentando a toda costa, eso sí, que no se interprete como lo que es: una nauseabunda traición del Gobierno a la Nación a cambio de que los separatistas retiren su enmienda a la totalidad de los Presupuestos y sostengan a Sánchez en la Moncloa.
Consiga o no su objetivo Sánchez, su decisión de sentarse en una mesa de negociación con una Administración regional tomada por golpistas y sobre la que los separatistas exigen poner el falso derecho de la autodeterminación, con un mediador internacional, constituye una auténtica puñalada por la espalda al ordenamiento constitucional y a la Nación entendida como Estado de Derecho.
Lo de la internacionalización ha sido siempre una aspiración separatista –que se lo digan a la organización terrorista ETA–, y no van a dejar de aprovecharlo como impagable campaña propagandística, por mucho que el Ejecutivo diga que no pretende con ella ganar apoyos para sus Presupuestos ,o que llame "coordinador" al referido mediador, quitando además importancia al hecho de que pueda ser extranjero.
En cualquier caso, lamentablemente no es de extrañar, teniendo presente que esta decisión proviene de un partido como el PSOE, que no ha tenido ni tiene ningún escrúpulo cuando se trata de retener el Gobierno aun con los peores resultados electorales de su historia y de la mano de los proetarras de Bildu, los golpistas catalanes y la extrema izquierda podemita.
(Edit.ld/6/2/2019.)
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