ASALTO AL ESTADO DE DERECHO.

ASALTO AL ESTADO DE DERECHO.

La solemne Sala Segunda del Tribunal Supremo va a albergar el juicio que ha de seguirse contra los políticos catalanes que pusieron en marcha una cabalgata de acuerdos, leyes, referendos, etc. que habrían de permitir a Cataluña recorrer, sin odiosas ataduras "españolas", el olimpo de los Estados donde sería acogida con una afectuosa bienvenida. 

Parece mentira que quienes van a seguir esas sesiones desde el incómodo banquillo sean personas instruidas y, además, algunas hayan formado parte de instituciones democráticas como el Parlamento europeo (donde hicieron un buen papel). Y lo digo porque ¿cómo es posible que pudieran creer que las puertas de Europa se abrirían para dar entrada a una región sometida a la tiranía de un Estado miembro? Si la ingenuidad no es la disposición de ánimo más cultivada por los políticos avezados, hay que imputar el desvarío a una consciente estratagema engañosa. O simplemente al propósito de amparar a personas acusadas de corrupción -algunas en cargos muy elevados- que, por el ensalmo de la independencia, se verían libres de la molesta acción de los jueces y de los inspectores de Hacienda. 

Se aproxima el momento en que el debate de si ha habido un delito de rebelión o de sedición quede zanjado por profesionales competentes.

Este desparpajo con las Constituciones españolas no es privativo de esta época en el territorio catalán. La historia, cartilla escolar que nos permite entender el presente, ya contiene otros ejemplos, el más reciente de los cuales se produjo en 1934 cuando a un gobernante local no se le ocurrió mejor idea que desafiar a la República proclamando el "Estado catalán" dentro de la "República Federal Española".

Y aquella República, a la que desde ciertos sectores se ha vuelto la mirada en los últimos años con bobalicona complacencia y punible ignorancia, esa República -su Parlamento- suspendió la autonomía catalana y su Tribunal de Garantías Constitucionales condenó a aquellos aventureros a treinta años de reclusión por rebelión militar (6 de junio de 1935). Es verdad que el Gobierno del Frente Popular (febrero de 1936) decretó la amnistía de los presos y el restablecimiento de la autonomía, tal como había pedido el Front d'Esquerres. Un momento que no es para recordar: primeras agresiones y muertes de adversarios políticos, asaltos de sedes de partidos, incendio de iglesias... 

Años después, sus nietos han consumado una peripecia aún más grave porque ahora se ha incorporado como ingeniosa ocurrencia la "independencia" de Cataluña. Ignorando una Constitución, la de 1978, que votaron los catalanes y que es muy generosa a la hora de admitir en su seno las más diversas opciones políticas como es el caso de los partidos republicanos en una Monarquía. En Constituciones como la francesa, la alemana o la italiana la forma republicana del Estado no puede ser discutida.

 Por el contrario, los partidos que en España se declaran republicanos y nacionalistas/independentistas han gobernado de manera casi ininterrumpida en Cataluña desde la recuperación de la democracia. Más aún, han cogobernado España al servir de apoyo a casi todos los gobiernos españoles porque el PSOE y el PP se han encontrado a gusto con ellos mientras que han sido incapaces de pactar entre sí, excepto para nombrar a los vocales del Poder judicial o a los magistrados del Tribunal Constitucional. 

Se aproxima el momento en que el debate acerca de si ha habido un delito de rebelión o de sedición, que ha hecho aflorar a tanto penalista a la violeta en España, quede zanjado por los profesionales competentes. De lo que no existe duda es que estos políticos, hoy a la espera de sentencia, han perpetrado un asalto grosero al Estado de Derecho violando sus procedimientos y sus valores básicos y superiores, es decir, su partitura esencial.

(Francisco Sosa Wagner/ElMundo/10/2/2019.)