EMERGENCIA NACIONAL
Estamos en un momento de emergencia nacional.
Los nacionalistas catalanes siguen con sus felonías mientras algunas almas de
cántaro hablan de dialogar con los golpistas, disparate comparable al de
dialogar con quienes se saltan los semáforos en rojo en lugar de multarlos o
retirarles el carnet. Y no nos engañemos con ETA, porque está derrotada pero no
muerta (como decía Berthold Brech: “Todavía es fecundo el vientre inmundo”). Y
lo que es peor, tenemos un presidente que se ha vendido descaradamente a los
nacionalistas poniendo su ambición personal por encima del bienestar de sus
conciudadanos.
El govern sigue
dilapidando en embajadas un dinero que podría ser invertido más provechosamente
en mejorar sanidad y educación, que mucho lo han menester en Cataluña. En los
edificios públicos aparecen emblemas partidistas, cosa inaceptable incluso
fuera del período electoral, y la inmersión lingüística sigue aplastando a los
castellanohablantes. Todas estas ilegalidades que envenenan la vida de los
ciudadanos catalanes son toleradas por el señor Sánchez a cambio de permanecer
en la Moncloa. Quienes critican la maniobra política que llevó al Sánchez al
poder suelen recibir la respuesta de que la moción de censura es algo legítimo
y previsto en la constitución. Y efectivamente, así es. Pero esto demuestra tan
solo que la venta ha sido legal, no que Sánchez no se haya vendido. Y quien
vende a sus conciudadanos es, sencillamente, una mala persona. Y quien pasa de
decir que “convocaré elecciones cuanto antes” a “agotaré la legislatura” es,
además, un mentiroso.
Ni
Rivera ni Casado tienen experiencia de gobierno, sus últimas intervenciones no
han sido siempre afortunadas, y en la elaboración de listas y el reclutamiento
de independientes a veces han sido certeros pero otras han estado francamente
desacertados. Y por supuesto, cualquiera de ellos que llegue a presidir el
ejecutivo cometerá errores, como no podría ser de otra manera, pero hasta ahora
no hay razones para pensar de ninguno de los dos que sean malas personas ni que
estén dispuestos a llegar al poder plegándose a los independentistas. Y una
persona honrada, aunque sea de izquierdas, ante la disyuntiva de un presidente
de izquierdas pero mala persona y uno de derechas buena persona, ha de
decantarse por la segunda.
Tal como está ahora España, hechas todas las cuentas
(y sin negar los desaciertos y errores de unos y de otros), es más deseable un
gobierno de centro derecha que cuatro años más de Sánchez. Por favor, que nos
jugamos muchísimo, y se ha de votar pensando en el bien de todos y no en
mantener la siempre amada imagen que cada uno tiene de sí mismo de ser de
izquierdas o de derechas, como si eso fuera una marca de nacimiento que tuviera
que ver más con el grupo sanguíneo que con el pensamiento desprejuiciado y la
reflexión sosegada.
Por
otra parte, es posible que con un gobierno Rivera-Casado mejore algo la
educación, aunque las esperanzas son pocas. Ahora bien, con un gobierno
Iglesias-Sánchez, las esperanzas son nulas.
Las últimas propuestas de la
ministra del ramo, como la de dar la
posibilidad de superar el bachillerato con una asignatura suspensa, demuestran
que todavía no han aprendido una lección que la triste realidad viene
impartiendo desde el año 1990: que la reducción de la exigencia y el regalo de
aprobados, lejos de atenuar el fracaso, lo estimulan. Solo con niveles de
exigencia dignos se consigue que los estudiantes saquen lo mejor de sí mismos,
solo inculcando hábitos de estudio y trabajo se combate el fracaso escolar.
Tomemos ejemplo de otras democracias más viejas, en las cuales no es
insólito que un afiliado a un partido apoye públicamente a otro cuando
considera que el suyo lo ha hecho mal y le conviene una temporada en la
oposición. Y no por ello es considerado un traidor. Eso poner de verdad el
propio país por encima de las lealtades de partido. Eso es una democracia
madura. Piénsese bien lo que se hace antes de votar, hágase guiado por la
cabeza y no por las vísceras ni los prejuicios, que durante cuatro años no
habrá lugar a reclamaciones.
Ricardo Moreno Castillo.
ALERTA ULTRA:
Las elecciones generales del próximo día 28 van a ser decisivas para la Nación, y la extrema izquierda está volcándose en instilar el miedo en el electorado liberal-conservador, a quien quiere someter políticamente y condenar a la muerte cívica.
Lo que está haciendo la izquierda ultra, tanto la pretendidamente nacional como la abiertamente separatista, es de una gravedad extrema, ante la escandalosa desatención de tantas autoridades y el aún más aberrante proceder de buena parte de los medios de comunicación.
Sólo este fin de semana, elementos proetarras han acosado a representantes y simpatizantes de Ciudadanos en la localidad guipuzcoana de Rentería, uno de los feudos históricos de la banda terrorista ETA, y el partido del condenado Arnaldo Otegi ha ensalzado a los liberticidas por haber hecho frente a las provocaciones de la formación constitucionalista. En Bilbao, la misma hez de la sociedad vasca ha asediado y agredido a los asistentes a un mitin de Vox y se ha enfrentado a la Policía como en los días más infames del terrorismo callejero. La víspera, los proetarras asediaron y agredieron a los asistentes a otro mitin del partido de José Antonio Ortega Lara en San Sebastián, tras autorizar el Gobierno regional vasco una concentración rabiosamente voxófoba.
Las cosas se están poniendo de tal manera que, en la actualidad, España no podría pasar el denominado test de la plaza pública, que valora el grado de genuina libertad de que disfruta una determinada sociedad en función de si alguien puede proclamar sus ideas con toda normalidad en un lugar tan cívicamente relevante como una concurrida plaza pública. Está claro que, en cada vez más lugares del país, los representantes o simpatizantes de PP, Ciudadanos y Vox no pueden manifestar en público sus opiniones sin temer por su integridad física.
Esto es de una gravedad extrema, insistimos; y la responsabilidad de los partidos y los medios de comunicación que miran para otro lado o justifican de algún modo a los liberticidas, o que directamente los jalean, es tremenda; e indignante la actitud prevaricadora de las autoridades que no quieren oír hablar del delito de odio cuando el que odia pertenece a la extrema izquierda.
Hay que plantarse con toda contundencia y no normalizar lo que está sucediendo: la derecha sociológica no tiene que acostumbrarse a ser acosada y maltratada por la canalla ultraizquierdista, sino exigir a los poderes del Estado que le garantice el pleno disfrute de sus derechos cívicos, y que se castigue con la máxima dureza a quienes pretenden dinamitar la convivencia y acabar con nuestro régimen de libertades. Sobre todo si quienes así se comportan están, precisamente, empotrados en las propias instituciones del Estado.
(Edit.ld/15/4/2019.)
ALERTA ULTRA:
la extrema izquierda, gran amenaza contra la democracia.
Las elecciones generales del próximo día 28 van a ser decisivas para la Nación, y la extrema izquierda está volcándose en instilar el miedo en el electorado liberal-conservador, a quien quiere someter políticamente y condenar a la muerte cívica.
Lo que está haciendo la izquierda ultra, tanto la pretendidamente nacional como la abiertamente separatista, es de una gravedad extrema, ante la escandalosa desatención de tantas autoridades y el aún más aberrante proceder de buena parte de los medios de comunicación.
Sólo este fin de semana, elementos proetarras han acosado a representantes y simpatizantes de Ciudadanos en la localidad guipuzcoana de Rentería, uno de los feudos históricos de la banda terrorista ETA, y el partido del condenado Arnaldo Otegi ha ensalzado a los liberticidas por haber hecho frente a las provocaciones de la formación constitucionalista. En Bilbao, la misma hez de la sociedad vasca ha asediado y agredido a los asistentes a un mitin de Vox y se ha enfrentado a la Policía como en los días más infames del terrorismo callejero. La víspera, los proetarras asediaron y agredieron a los asistentes a otro mitin del partido de José Antonio Ortega Lara en San Sebastián, tras autorizar el Gobierno regional vasco una concentración rabiosamente voxófoba.
Las cosas se están poniendo de tal manera que, en la actualidad, España no podría pasar el denominado test de la plaza pública, que valora el grado de genuina libertad de que disfruta una determinada sociedad en función de si alguien puede proclamar sus ideas con toda normalidad en un lugar tan cívicamente relevante como una concurrida plaza pública. Está claro que, en cada vez más lugares del país, los representantes o simpatizantes de PP, Ciudadanos y Vox no pueden manifestar en público sus opiniones sin temer por su integridad física.
Esto es de una gravedad extrema, insistimos; y la responsabilidad de los partidos y los medios de comunicación que miran para otro lado o justifican de algún modo a los liberticidas, o que directamente los jalean, es tremenda; e indignante la actitud prevaricadora de las autoridades que no quieren oír hablar del delito de odio cuando el que odia pertenece a la extrema izquierda.
Hay que plantarse con toda contundencia y no normalizar lo que está sucediendo: la derecha sociológica no tiene que acostumbrarse a ser acosada y maltratada por la canalla ultraizquierdista, sino exigir a los poderes del Estado que le garantice el pleno disfrute de sus derechos cívicos, y que se castigue con la máxima dureza a quienes pretenden dinamitar la convivencia y acabar con nuestro régimen de libertades. Sobre todo si quienes así se comportan están, precisamente, empotrados en las propias instituciones del Estado.
(Edit.ld/15/4/2019.)
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