Un juez en el punto de mira del separatismo y el socialismo
El episodio de las amenazas al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye el sumario de las conexiones rusas de Puigdemont y el de los pagos del F. C. Barcelona al vicepresidente del comité técnico de árbitros, muestra a qué extremos ha llegado la inseguridad jurídica en la Cataluña del proceso y los separatistas.
La cadena de errores es elocuente. En primer lugar, un juez que debería estar perfectamente protegido recibe un paquete con una falsa bomba en su interior que atraviesa todos los controles de seguridad y llega a su propio despacho en lo que no es sino un auténtico aviso a la manera mafiosa, la cabeza de un caballo en el lecho del magistrado.
Después, se oculta el hecho, se impide que trascienda hasta una semana después, como si un simulacro de bomba en un juzgado fuera una situación ordinaria a la que no hay que dar más importancia.
Y cuando por fin unos pocos medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital, revelan lo ocurrido, las propias autoridades judiciales corren a dar carpetazo al asunto sin haber mostrado la más mínima sensibilidad respecto a la seguridad del magistrado.
Ni siquiera un gesto de solidaridad antes o después de archivar el caso por "autor desconocido".
(Edit.LD/20/(4/2024.)
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