DISCRIMINACIÓN

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 Discriminación.


La discriminación hacia los castellanohablantes en Cataluña por parte de la Generalidad es una constante, hasta el punto de considerar el español como si fuera un idioma extranjero.
Así lo recoge, por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), dependiente de la Consejería de Cultura, ‘por el que se aprueban las bases específicas que deberán regir la concesión de subvenciones del sector del audiovisual‘ para 2013, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (Resolución CLT/1206/2013).

Catalán o aranés frente a ‘otras lenguas’
De esta forma, para la producción de ‘largometrajes y miniseries de ficción destinados a ser emitidos por televisión‘, las bases del ICEC hace dos distinciones: por una parte, las producciones ‘de autoría catalana que empleen y pongan de relieve los valores creativos, artísticos y técnicos del país’; y por otra, las que ‘promuevan el tejido industrial del sector audiovisual catalán’.

En el primer caso, solo se otorgan subvenciones para los proyectos ‘en versión original catalana u occitana en su variante aranesa’, unas ayudas que alcanzan el 50% del coste total del proyecto hasta un máximo de 300.000 euros para los largometrajes y de 600.000 euros para las miniseries. En el segundo caso, los subsidios ascienden al 20% del coste total del proyecto -hasta 240.000 euros- si estos son en catalán u aranés, pero se reducen al 14% del coste -con un máximo de 180.000 euros- cuando los proyectos se realicen ‘en otras lenguas’.

Documentales para televisión
El ICEC también establece que las subvenciones para ‘la realización de documentales destinados a ser emitidos por televisión’ serán de un 17% del coste total del proyecto -hasta 24.000 euros- para los proyectos ‘en versión original catalana u occitana en su variante aranesa’. Un porcentaje que se reduce al 14% en el caso de ‘otras lenguas’, evitando incluso citar el castellano.

Algo similar ocurre con las subvenciones ‘para la producción de cortometrajes cinematográficos’. ‘La cuantía máxima de la subvención será de hasta 10.000 euros para los cortometrajes en versión original catalana u occitana en su variante aranesa, y de hasta 6.000 euros para los cortometrajes en versión original diferente de estas‘, señala el anexo 4 de las bases.

Obligados a doblar la mitad de las películas al catalán para optar a las ayudas

En cuanto a los ‘largometrajes cinematográficos de ficción, de animación y documentales‘, para poder optar a las subvenciones, ‘un 50% de las sesiones que se programen en Cataluña deberán ser dobladas o subtituladas al catalán u occitano en su variante aranesa’, en caso de que hayan sido rodados ‘en otras lenguas’.
Además, si se trata de ‘largometrajes cinematográficos de autoría catalana que empleen y pongan de relieve los valores creativos, artísticos y técnicos del país [por Cataluña] y la diversidad de la cinematografía catalana’, la Generalidad subvencionará hasta el 40% del presupuesto de los proyectos -con un límite de 500.000 euros- rodados ‘en versión original catalana u occitana en su variante aranesa’. Estas ayudas se reducen al 25% del presupuesto -y a un límite de 250.000 euros- para los proyectos rodado ‘en versión original diferente de estas’.

En contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional
Este tipo de resoluciones choca frontalmente con lo establecido por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 14 determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, como ocurre en esta convocatoria de subvenciones.
‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’, señaló entonces el Alto Tribunal.

Sin embargo, no parece que las decisiones judiciales sean un impedimento para que el Gobierno autonómico continúe desplegando una política lingüística que relega a un segundo plano a las empresas y los ciudadanos que eligen utilizar el español.

 (Maite Molina/LaVozdeBarcelona)