INVIABLE ESTADO AUTONÓMICO.

(A mí me parece evidente que el actual Estado Autonómico es inviable y que hay que proceder a una reforma radical para que no nos hunda. Aún más. En sentido económico y en sentido político. Aconsejo al lector que lea los artículos que siguen.

Aparte de esto, hay dos tonterías peligrosas que quisiera comentar. Una es la crítica del 'café para todos' que han hecho los nacionalistas desde siempre. El último Manuel Lara, el de Planeta y otras empresas. Muy brevemente, una sociedad moderna y democrática no puede permitir que haya ciudadanos de primera (los de Pais Vasco y Cataluña y, probablemente, Galicia) y el resto. No puede ser que unos privilegiados beban café y los demás achicoria. Si quieren identidad que lo paguen de su dinero. Y que fomenten sus bailes regionales y sus señas de identidad, dia y noche. Pero no aceptamos que se lleven más pelas y más privilegios con la excusa de 'la diferencia'. El famoso 'hecho diferencial'. Como hasta ahora. Rotundamente, no.

La otra peligrosa idiotez viene de la boca de un catedrático. Victor Sampedro (en este artículo) dice: "Quieren que todo cambie no para progresar, sino para volver a lo anterior".

 Hay que ser un burro (o un malintencionado) para acusar a los que queremos reformas radicales del Estado Autonómico, que queremos 'volver a lo anterior'. O sea, que somos franquistas. Para decir estas idioteces tiene que ser un progre. Es difícil que alguien, no aquejado por esta enfermedad, rebuzne de este modo.

PD. Por cierto, ningún problema para que se eliminen las Diputaciones. )


INVIABLE ESTADO AUTONÓMICO.

Televisiones, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias de protección de datos… todo multiplicado por diecisiete, tantas como comunidades autónomas hay en España. La crisis ha colocado al Estado de las autonomías en el punto de mira por los excesos, duplicidades y redundancias que de él se derivan. Además, el foco sobre el gasto extra que exige el actual modelo estatal se acentúa con las exigencias para reducir el déficit que llegan desde Bruselas, pero con todo el Gobierno sigue sin animarse a meter la tijera en esas redes.

¿Se puede desmontar el Estado de las autonomías? ¿Cómo? En éste, como en todo debate, existen posturas enfrentadas, pero también un punto en común: mejorar la eficiencia del modelo autonómico es una medida capital para salir de la crisis. “La estructura actual ya era insostenible antes de la crisis y ahora se ha tornado en insoportable”, apunta Juan Carlos Jiménez, profesor del Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

"Pensar en que la clase política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales, sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar".

Una opinión que ya comparte el 40% de los españoles, que prefiere "un Estado con un único Gobierno central, sin Autonomías", tal y como recoge el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin embargo, no parece que la intención de los principales partidos políticos coincida con la de los ciudadanos. "Actualmente el Partido Popular tiene en sus manos frenar la sangría de gasto, aprovechando que disfruta del poder en la mayoría de las autonomías y, sin embargo, se está mostrando incapaz de hacerlo", analiza Jiménez.

Uno de los pocos intentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha protagonizado en esta línea es la reforma de la administración local, que sufrió el rechazo frontal de todos los alcaldes, incluidos los populares. Finalmente, y tras ceder ante los ediles, el Gobierno aprobó un recorte de la administración local para ahorrar 7.129 millones anuales, pero ni rastro de medidas para racionalizar el gasto autonómico.

La burbuja de la Administración pública 
"Es necesaria una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas". Esperanza Aguirre, que se ha convertido en una auténtica china en el zapato de Rajoy, apuntaba esta semana directamente a la necesidad de acabar con el que supone uno de los mayores excesos para las arcas nacionales: una Administración sobredimensionada.

"En los años de bonanza la burbuja de la Administración creció sin control al erigirse como una vía para dar empleo fácil, siendo las CCAA las grandes generadoras de estos puestos. Ahora no saben qué hacer con toda esa gente, no pueden ponerles en la calle a todos y menos en un momento en el que España ya tiene más de seis millones de parados", analiza Jiménez. Una reflexión que le lleva a considerar "la aparición de auténticos brotes verdes" como el mejor momento para acometer recortes en este área.

Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero no considera que el elevado número de funcionarios sea el problema, sino la ingente cantidad de organismos que se han creado con la excusa de respetar la identidad de cada comunidad. "El Estado de las autonomías surge con el objetivo de limitar las aspiraciones de las nacionalidades históricas y, a partir de ese momento, nos hemos inventado la diferencia para identificarnos y en el empeño por ser más y más originales hemos creado televisiones autonómicas, consejos, observatorios, embajadas, etc., que lejos de satisfacer los intereses del colectivo sólo han servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos", reflexiona Monedero.

Devolver al Estado la Educación, la Sanidad y la Justicia
Otra de las medidas que siempre aparece cuando se habla de reducir el gasto derivado de las comunidades autónomas es la de devolver al Estado algunas de las competencias que éstas ejercen. Sólo la independiente Aguirre se ha atrevido a verbalizar semejante supuesto, que el resto de la clase política obvió.

"Esta posibilidad tendría que partir de una reforma de la Constitución y, en este sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos treinta años ha quedado en evidencia la postura del Tribunal Constitucional ante los intentos de racionalización de las competencias: favorable a los intereses de las autonomías y contrario a los aires centralizadores", recuerda Juan Carlos Jiménez.

Por tanto, con la actual regulación la devolución tendría que partir de las propias comunidades algo que se antoja complicado. "Pensar en que la clase política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales, sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar", sentenciaba un politólogo de la Complutense.

El papel de las diputaciones
Existen expertos, como el catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política, Víctor Sampedro,para quienes plantear un debate en torno a las comunidades autónomas es atacar el diseño constitucional: "Ni ciudadanos ni medios de comunicación debemos cuestionar las autonomías mientras se consiente una estructura franquista como son las diputaciones".

¿Para qué sirven las diputaciones? Para nada. Forman parte de un legado autoritario y un presente corrupto
Más allá de su origen, el principal recelo que despiertan se puede resumir en una de las frases que más se ha repetido desde que empezó la crisis: ¿Para qué sirven las diputaciones? "Para nada.

 Forman parte de un legado autoritario y un presente corrupto que únicamente sirven como mecanismo para aumentar el poder central y los intereses particulares de los partidos políticos, ya que son ellos y no los ciudadanos los que las controlan de principio a fin. Hay que eliminarlas porque sólo favorecen políticas clientelares y corruptas de una clase política ineficaz", apunta Sampedro. 
Sin embargo, la realidad es que a pesar de su irrelevancia, las diputaciones no han parado de aumentar su personal durante el proceso de consolidación del Estado de las autonomías, suponiendo un coste cercano a los 22.00 millones de euros anuales. 

Una cifra que indigna y lleva a la mayoría de expertos a apostar por la eliminación de las diputaciones como medida para reducir el déficit, antes que plantear recortes en el ámbito autonómico. "Tanto el Partido Popular como UPyD y también parte del PSOE están intentando convencer al ciudadano de que el centralismo es lo más democrático a la vez que aprovechan la crisis para desmontar la plurinacionalidad", critica Sampedro. "Quieren que todo cambie no para progresar, sino para volver a lo anterior".

 (Raquel Benito/El Confidencial).

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La quiebra del Estado de las autonomías.

TRIBUNA: POLÍTICA
El autor sostiene que ha llegado el momento de revisar la Constitución tras el fracaso del título VIII. El regateo de competencias y el poder de los partidos nacionalistas han provocado la crisis del sistema.

Ya no cabe que disimulemos lo obvio, ni que miremos para otro lado, debemos afrontar la realidad tal como es, porque no podemos seguir corriendo tras los hechos para intentar alcanzarlos. No hay más remedio que pararse y aceptar lo que tenemos delante, con el fin de resolver el embrollo que nos envuelve, reconociendo de una vez que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.
Ahora bien, es conveniente no sólo hacer el diagnóstico de esta aberración constitucional que padecemos, sino también conviene explicar las causas por las que se creó. Las razones, sin que nos remontemos al siglo XIX, que es la fecha de donde partió el problema que todavía nos acecha, fueron cuatro en los inicios de nuestra actual democracia. 

En primer lugar, se trataba de resolver la cuestión de las reivindicaciones de los vascos y catalanes, algo que el propio Rey, en el discurso de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, había ya sugerido. En segundo lugar, tras la llegada del presidente Tarradellas a Madrid en el año 1977, y de la restauración de la Generalitat de Cataluña, se intentó generalizar las autonomías para evitar la susceptibilidad de los medios más conservadores del régimen franquista, todavía en pie, a través de las llamadas preautonomías, antecedente de lo que vendría más tarde.

 Sin embargo, hay que señalar que además de estas dos primeras razones, había dos más que eran defendibles desde una perspectiva meramente democrática. En efecto, en tercer lugar, la adopción de las autonomías tenía la pretensión de acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Y, por último, también cabía defenderlas en razón de que podían ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente.

Pues bien, ninguna de estas razones se ha cumplido satisfactoriamente, salvo si acaso la última, pues no cabe duda de que regiones como Extremadura o Canarias, por poner algún ejemplo, se han beneficiado en cierto sentido del Estado de las autonomías. Pero dicho lo cual, no hay más remedio que afirmar que en su conjunto el Estado autonómico, ha fracasado, como, por ejemplo, se acaba de poner de manifiesto en un curso de la Fundación Denaes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el que yo he participado. Pero, los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido «rescate».

Conviene, por tanto, que entremos ahora en el diagnóstico de las razones de por qué ha fracasado un modelo de Estado descentralizado, que era bastante viable, y hasta beneficioso, si se hubiera regulado su diseño de forma racional y estable. La primera de las razones de su fracaso es la que se refiere, como digo, a su insuficiente regulación en el título VIII de la Constitución. Ciertamente, los constituyentes podían haber optado por un modelo concreto de los que ya existían en Europa para descentralizar el Estado, como podía ser el portugués, con dos regiones autónomas y el resto del territorio peninsular descentralizado administrativamente; el italiano, con 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las demás; y, por último, el alemán, en donde todos los Estados miembros tienen parecidas competencias. 

Sin embargo, no se siguió ninguno de esos tres modelos, sino que siguiendo el funesto ejemplo de la II República, se decidió crear un Estado descentralizado a trompicones y de manera desigual. Las consecuencias de ese sistema abierto, progresivo y nunca terminado, ha contribuido definitivamente a llevarnos a la situación actual. Porque, además, en segundo lugar, la concurrencia de ese sistema continuo de regateo competencial de las comunidades autónomas creadas, se agudizó al máximo, por permitir en nuestro sistema electoral la existencia de partidos nacionalistas, en las Cortes Generales, que es una característica anómala en los Estados federales que funcionan.

En tercer término, cabe afirmar que en la dialéctica que es propia de todo Estado federal, entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, el ideal radica en la búsqueda de un equilibrio armónico entre ambas tendencias. Ahora bien, en España ha existido un elemento distorsionador que ha favorecido absurdamente el centrifuguismo, que paradójicamente no ha sido otro que el propio Tribunal Constitucional, cuyas muchas sentencias, especialmente la que se refiere al Estatuto de Cataluña, y a las legalizaciones de los partidos pro-ETA, Bildu y Sortu, no han hecho más que perturbar la lealtad federal o constitucional, que es necesaria en los Estados de este tipo.

Pero no sólo eso, sino que la diversidad de las competencias que han asumido las diferentes comunidades autónomas, han comportado, en cuarto lugar, que se haya establecido una situación de confusión en el funcionamiento general del Estado, dejando al Gobierno Central prácticamente sin competencias, o, dicho de otro modo, convirtiendo al Estado-aparato en un cascarón vacío. Como era de esperar, en quinto lugar, la reivindicación permanente de competencias, llevaba aparejada el aumento continuo de las clases políticas regionales, que han convertido a España en el país europeo con mayor número de políticos por metro cuadrado. Además, se ha ido fomentando la creación de empresas públicas, de televisiones autonómicas y organismos inoperantes, la mayor parte de los cuales con la única finalidad de emplear a simpatizantes, amigos y parientes.

Todo ello, en sexto lugar, fue favorecido por la modificación de la ley de las cajas de ahorro, que fueron invadidas por los políticos y sindicalistas locales, conllevando la corrupción y el despilfarro. La consecuencia ha sido que nuestras comunidades autónomas se han convertido en la mayor fábrica de déficit del Estado, hasta el punto de que ya no podemos continuar con este sistema de autonomías, de las que se ha perdido todo control, como se demuestra por el intento de rebelión encabezado por Cataluña en los momentos actuales, sin que ni siquiera nadie haya aludido al artículo 155 de la Constitución, que se hizo para algo. Semejante situación -y eso es lo peor- la conocen ya perfectamente las instituciones europeas, el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, especialmente, lo que se llama metafóricamente los mercados. De ahí que mientras que no se resuelva este galimatías, España no saldrá de la recesión, por muchos parches que ponga el confuso Gobierno actual.

Sin embargo, nada de esto habría ocurrido si la Constitución hubiese establecido con claridad cuáles eran las comunidades autónomas, sus respectivas competencias, y las propias del Estado. Por el contrario, no sucedió así, dando comienzo una carrera hacia el desguace del Estado. Muchos, sin embargo, desde el primer momento afirmamos la necesidad de que se acabase el diseño del Estado. En mi caso, por ejemplo, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, la conveniencia de llevar a cabo una ley que estableciese el diseño final del Estado, puesto que la reforma de la Constitución en aquellos momentos no era viable. 

De este modo, Calvo-Sotelo cayó en la cuenta y se redactó la llamada Loapa, que trataba de llevar a cabo ese cometido en algún sentido. Pero los nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste en una de sus desafortunadas sentencias, siempre influidas por los partidos nacionalistas, anuló varios artículos de la misma. Si esa ley, o incluso otra parecida, se hubiera impuesto, junto con el acuerdo de los dos grandes partidos, España hubiese podido tener un Estado descentralizado que habría sido beneficioso para el país. Pero no fue así.

De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros. 

El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. (Reggio’s)