¿GALGOS O PODENCOS?

¿GALGOS O PODENCOS?

En la conocida fábula de Tomás de Iriarte se nos advierte del error de discutir sin límites, mientras el peligro aumenta y se acerca a grandes pasos. Los conejos de la fábula discutían si los perros que les perseguían eran galgos o podencos. Pero no pasaban a la acción, o sea, huir. ¿Qué peligros tenemos nosotros, los ciudadanos españoles de hoy?

Tenemos varios. Pero lo primero de todo es reconocerlos. Si no reconocemos una enfermedad no estaremos en disposición de tomar las medidas adecuadas para curarla.

Pondré un ejemplo de la peligrosa actitud de no reconocer las enfermedades que nos aquejan. El 6 de Abril de 2008, el entonces Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, del Gobierno Zapatero, publicó un artículo en Mercados/El Mundo, titulado, ‘España no se rompe’. En la parte final del artículo dice, textualmente: ‘Parece obvio que España no se rompe’. Miguel Sebastián no aceptaba que la ruptura de España hiciera referencia al peligro de secesión sino que lo entendía, exclusivamente, como ampliación de las diferencias de renta per capita entre las diferentes Autonomías. Dado que, según decía, no se había producido esta ampliación de las diferencias, no tenía sentido decir, ‘España se rompe’. ¡Dios le bendiga! ¡Qué visión!

Esto sucedía en 2008. ¿Hemos aprendido algo desde entonces? ¿Seguiremos discutiendo si hay peligro de ruptura de España, o haremos algo efectivo? El que lo tenga que hacer, por supuesto. Cuando digo ‘algo efectivo’ me refiero no solamente a proclamar, como hace el Presidente Rajoy, que hay que cumplir la legalidad. ¡Faltaría más! Me refiero a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. O sea, si una Autonomía no cumple con las leyes, ordinarias o Constitucionales, o atenta gravemente al interés general de España, se le podrá obligar al cumplimiento forzoso. ¿De qué? De lo que tendría que cumplir voluntariamente, es decir, de la legalidad vigente.

Cuando un Estado de Derecho no se atreve a aplicar las leyes democráticas vigentes, es que algo grave sucede. Algo no funciona como es debido. Es como si los policías no persiguieran a los delincuentes. ¿Cómo pueden entender los ciudadanos que a ellos se les obligue a cumplir con la legalidad, o ser sancionados, y que los representantes del Estado puedan, impunemente, incumplir la legalidad vigente?

Podemos seguir discutiendo si son galgos o podencos, pero corremos el serio peligro de que se produzca, entre otras cosas, un grave deterioro de la legitimidad democrática. De momento, las elecciones europeas han mostrado un hartazgo, por ser suave, hacia los dos grandes partidos. 

El Partido Popular perdió dos millones seiscientos mil votos, y el Partido Socialista, dos millones quinientos mil votos. Es un aviso. Las encuestas de estos días anuncian que, si  se celebrasen ahora elecciones generales, el PP perdería 60 escaños y el PSOE, 23. Esto supondría una gran dificultad para gobernar, un peligro para la estabilidad política, a menos que PP y PSOE unieran fuerzas para diseñar una especie de ‘gobierno de salvación nacional’.

Pero, en esta hipótesis, la unión PP/PSOE sería beneficiosa solamente si tuviese por objetivo defender el interés general. Pero sería catastrófica si se primara el interés particular de cada uno de estos partidos y sus respectivas clientelas. Esto agravaría seriamente la deslegitimación de las instituciones democráticas. O sea, lo agravaría aún más. Lo que, probablemente, empujaría a más soluciones radicales. ‘Podemos’ es una de ellas, pero no tiene que ser la única. Las desgracias nunca vienen solas.

 Es de todos conocida la distinción entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Pues bien, nadie duda -nadie sensato quiero decir- de que los gobiernos españoles, desde 1978, tienen, y han tenido, legitimidad de origen. Pero cuando la autoridad incumple sistemáticamente las leyes, o mejor dicho, algunas leyes, el vínculo entre gobernantes y gobernados, se debilita. ¿Es propio de un Estado de Derecho que ciertas sentencias judiciales firmes se incumplan, sistemáticamente, por la Generalidad de Cataluña, sin que pase nada? ¿Es propio de un Estado de Derecho que el incumplidor- que ha jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución- reciba transferencias de dinero, según la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, para que pueda cumplir el objetivo del déficit? O sea, que los ciudadanos vean que el Gobierno central trata igual a los que cumplen la ley, que a los que la violan. ¿Para qué cumplir la ley? Pero el ciudadano de a pie no debe hacerse ilusiones. Esto solamente se aplica a ciertos políticos

Por si no bastara, se trata de una Comunidad Autónoma que ha proclamado a los cuatro vientos un proceso soberanista ilegal. ¿Refuerza, esta actitud pasiva del Gobierno central, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas?

Según palabras de Jon Elster, un destacado sociólogo norteamericano de origen noruego, el autoengaño es: ‘La expresión de un deseo, o sea, la tendencia a creer que los hechos son como a uno le agrada que sean. Es un fenómeno difundido cuya importancia en los asuntos humanos nunca se acentúa en la medida suficiente’. 

Llevamos unos treinta y cinco años engañándonos. En el mejor de los casos se trata de autoengaño. No quiero cargar las tintas. ¿En qué nos hemos estado engañando? Digamos primero que nos hemos engañado casi todos pero, principalmente, los políticos. Hemos querido creer que los nacionalistas- ahora deben ser llamados separatistas- serían leales a la Constitución.

Durante la Transición, no debemos olvidarlo, se permitió una mayor autonomía a los territorios cuyos políticos exhibieran un sentimiento identitario diferenciado del español. La grave consecuencia ha sido el desprecio y el ninguneo hacia la identidad española. La transferencia de las competencias educativas a los ‘territorios comanches’, completó el desastre. Claro que PP y PSOE pudieron haber utilizado la Alta Inspección del Estado, prevista en la Constitución, para vigilar la correcta aplicación de las transferencias educativas. Pero no lo hicieron.

Otro efecto del autoengaño generalizado fue la elección del Muy Honorable Pujol como ‘español del año’, en 1984, por el diario ABC.  Todavía se pueden escuchar las risas periféricas.

Sería agradable que todos los problemas se solucionaran tomando unas copas y sin sufrimiento alguno, pero la vida real no es así. De ahí que no deberíamos esperar que el nuevo Rey Felipe VI, usara la varita mágica y nos sacara del atolladero. 

No tiene ninguna varita mágica. He estado repasando sus competencias constitucionales, reflejadas en los artículos 62,63,65,90,91,92,99,114,115 y 151. No, no podemos pedirle milagros. Solamente desearle suerte y que no se esconda ante los problemas que nos aquejan. Y dar las gracias a su padre, el Rey Juan Carlos, por los servicios prestados. La principal responsabilidad es de los partidos políticos. Y también es nuestra, porque nosotros elegimos a nuestros representantes.

‘Todo pueblo tiene el gobierno que se merece’, decía W. Churchill. Esperemos que sea un error.

Sebastián Urbina.

(Publicado en El/Mundo.Baleares. 14/6/2014.)