(LOS COMUNISTAS PODEMITAS CON LOS GOLPISTAS.)
Dice Pablo Iglesias que la comparecencia de ayer de Rajoy fue irresponsable.
(ld)
PD. EL COMUNISTA IGLESIAS TAMBIÉN HA DICHO QUE, EN ESPAÑA, HAY PRESOS POLÍTICOS.
O es tonto del culo, o un sinvergüenza mentiroso.
LOS PARTIDARIOS DEL GOLPE DE ESTADO SE MANIFIESTAN EN MALLORCA.
El Espai Can Alcover, gestionado por la Obra Cultural Balear, ha acogido un acto con el objetivo de trasladar al pueblo catalán un mensaje de "fuerza" y "unidad" en el camino hacia la independencia.
Al mismo asistieron todos los consellers de Més del Govern de Armengol, el vicepresidente del Govern, Biel Barceló; el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal; la de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago y la de Cultura, Fanny Tur, que aunque independiente fue nombrada a propuesta de Més.
También estuvo presente el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, quien aseguró horas antes que el pueblo de Cataluña "está viviendo un estado de excepción por un PP que se está saltando derechos y libertades". (El Mundo.)
(LOS PRO-GOLPISTAS DEL GOBIERNO BALEAR HABLAN, ADEMÁS, DEL 'PUEBLO CATALÁN'. NO SE SABE SI ES POR SU CONOCIDA IGNORANCIA GARBANCERA O SI SE DEBE A SU AFICIÓN ENFERMIZA A LA MENTIRA.)
LO QUE HAY QUE DESBARATAR ES EL 'PROCÉS'.
Hay algo peor y más surrealista que la renuencia del Gobierno de Rajoy a suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución: y es que se llegue a pensar que dicha suspensión ya ha sido ejecutada, tal y como ha sostenido este miércoles Carles Puigdemont, en una comparecencia en la que ha perpetrado un delito de sedición al llamar a los ciudadanos catalanes a que se alcen, pública y tumultuariamente, contra la aplicación de las leyes y las resoluciones judiciales.
Y esto es lamentablemente así no ya porque la cacareada intervención de las cuentas de la Generalidad no está orientada a evitar el incumplimiento de los objetivos de reducción del déficit a la luz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, con la que está cayendo, sería obviamente lo de menos. Lo crucial es que tampoco está pensada para evitar la financiación pública del ilegal proceso secesionista que se está desarrollando en Cataluña desde 2012; sino sólo para impedir, "durante todo el tiempo que sea preciso", la financiación pública de la felizmente desbaratada consulta del 1 de octubre.
Como es perfectamente constatable en las órdenes de intervención del Ministerio de Hacienda, así como en las declaraciones del propio Cristóbal Montoro, la finalidad de dicho control es garantizar que, en el pago de servicios públicos "esenciales" y "no esenciales" por parte de la Generalidad, no se cuelen recursos destinados a la organización del lo que es sólo un capítulo –muy grave, pero puntual– del golpe a cámara lenta que se está perpetrando en Cataluña. Así pues, el control financiero de la Generalidad tendría fecha de caducidad.
Por ello, y al margen de algo tan decisivo como el hecho de que el pago a los proveedores de todo el material de la consulta –felizmente interceptado– ya podría haber sido desembolsado por la Administración golpista, queda pendiente la cuestión no menos decisiva del pago de las nóminas y de las facturas generadas por las numerosas estructuras de Estado que la Generalidad ha venido erigiendo en clamorosa y confesa desobediencia de las sentencias del Tribunal Constitucional. Tal es el caso de las embajadas separatistas en Lisboa, Roma, Copenhegue, Varsovia, Ginebra, Zagreb, Rabat, Seúl, Buenos Aires o México DF, por citar sólo las que el vigente titular de la supuestamente suspendida Consejería de Asuntos Exteriores de Cataluña, Raül Romeva, ha abierto, en una más que silenciosa silenciada desobediencia al TC.
Para poder abonar este mismo mes de septiembre las nóminas de esas ilegales estructuras de Estado no sólo será necesario que el propio Montoro las cuele como pago de "servicios no esenciales de la Generalidad", sino que los medios de comunicación españoles lo silencien o, peor aun, equiparen esas embajadas a las, ciertamente, muchas e innecesarias agencias comerciales que otras comunidades autónomas tiene dispersas por el mundo. Con todo, hay una crucial diferencia, política, jurídica y si se quiere moral, entre., por ejemplo, una agencia riojana dedicada a la promoción del vino de aquellas tierras y unas agencias catalanas volcadas en la difusión en el exterior del ilegal proceso secesionista. Lo primero es, en todo caso, un despilfarro; lo segundo, un continuado delito de malversación de fondos públicos.
Para qué hablar del pago, ahora a las órdenes de Montoro, de otros "servicios públicos no esenciales" como el sostenimiento de una televisión pública catalana radicalmente comprometida con el golpe que no caduca el 1 de octubre; o del pago de "servicios públicos esenciales" como el relativo a una educación que, siendo competencia de los nacionalistas, proscribe el castellano en la enseñanza e inocula el desprecio –cuando no el odio– a España.
Y es que hay algo mucho peor que no impedir la consulta secesionista del 1-O: creer que, con la encomiable desarticulación policial de la misma se ha desarticulado el procés y se ha evitado la comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y, ahora, sedición por parte de unos individuos que han de ser desalojados del Gobierno regional y sentados en el banquillo de un tribunal.
(Edit. Libre Mercado.)
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