MIENTEN Y MIENTEN.
Produce indignación comprobar hasta dónde ha llegado la desfachatez del independentismo y sus palmeros para intentar convencer al mundo de sus ilusorias aspiraciones ilegales para convocar un referéndum y, en caso de ganarlo, imponer unilateralmente la República de Cataluña.
Lo volvimos a comprobar ayer, en el acto propagandístico organizado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), al que acudieron los 700 alcaldes catalanes y que estuvo presidido por Carles Puigdemont y Ada Colau, la voluble socia de Podemos.
Se trata de una burda tergiversación de la realidad porque tanto el presidente de la Generalitat como la alcaldesa de Barcelona presentaron a los munícipes investigados por la Fiscalía por dar cobertura a este atentado contra la ley que es el referéndum como «perseguidos en intimidados» por la Justicia, cuando la realidad muestra todo lo contrario: quienes están perseguidos e intimidados son los alcaldes -y cualquier cargo público- que se ha puesto en el lado del cumplimiento de la ley y la defensa de la Constitución.
El testimonio con el que se inicia el reportaje titulado Los 74 alcaldes que sí acatan la ley es estremecedor y nos retrotrae a épocas pasadas en otra comunidad autónoma: «Hablo con usted, sí. Pero una foto... La gente nos está señalando, animados por Puigdemont». Que un alcalde libremente elegido por sus ciudadanos tenga miedo a dar la cara simplemente porque ha expresado una opción política dice todo de hasta dónde ha llegado la represión ideológica en Cataluña.
Con razón afirmaba ayer Idoia Mendia, secretaria general del PSE, que las coacciones que viven los alcaldes socialistas en Cataluña estos días «están creando un ambiente que recuerda al vivido por los vascos hace no tanto». «Charnega de mierda», «rata», han sido, entre otros los insultos que ha escuchado Núria Parlón, la alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramanet, tras conocerse que no cederá locales municipales para la celebración del referéndum ilegal. Se pongan como se pongan los separatistas, en ningún régimen democrático una autoridad elegida por el pueblo tiene miedo a expresar sus opiniones en público.
En esta tragicomedia merece una mención especial la indeterminada y cobarde Ada Colau, que se ha quitado de enmedio al ceder la gestión de la educación a la Generalitat para no incurrir en responsabilidades penales de cara a la consulta de 1-O, y que está mirando más su interés electoral que el cumplimiento de la ley. Fiel a sus inicios de activista antisistema en la plataforma antidesahucios, se alía con los presuntos delincuentes para dinamitar el Estado de derecho en Cataluña. Su mirada ahora se dirige desde el Ayuntamiento hacia la Generalitat, pero una Generalitat española.
(Edit. El Mundo.)
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