(Frente a un golpe de Estado, tiritas socialistas.)
EL PSOE APESTA.
El PSOE se desmarcará del Gobierno si toma medidas excepcionales contra el 1-O.
Rajoy y Sánchez acordaron una "postura común" contra la ley de ruptura, pero el Ejecutivo y los socialistas discrepan sobre la respuesta al desafío separatista.
A principios de esta semana, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez
mantuvieron una conversación sobre el problema político de Cataluña. El
presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE acordaron
entablar una vía de comunicación para articular una "postura común" frente a la intención de Junst pel Sí y la CUP de aprobar la ley de transitoriedad, paso previo a la ruptura con España. Eso sí, el apoyo del PSOE al Ejecutivo está supeditado a que no se tomen "medidas excepcionales" contra el referéndum independentista del 1-O.
Fuentes del PSOE explican a EL ESPAÑOL que su respaldo al Gobierno en Cataluña tiene límites. Se trata, en concreto, de "medidas excepcionales" como la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Por ahora, el Ejecutivo presidido por Rajoy asegura en público que descarta estas vías coercitivas pero, en realidad, ambos escenarios están contemplados.
Pero no se puede olvidar, dicen fuentes socialistas, que el PSOE apuesta por soluciones para Cataluña que no comparte el Gobierno del PP. Tampoco la respuesta va a ser compartida siempre entre ambos. Desde el entorno de Sánchez aseguran a este diario que el PSOE no aprobaría la aplicación del artículo 155 -algo que algunos portavoces ya han dicho públicamente- y tampoco la Ley de Seguridad Nacional. Así las cosas, apoyo al Gobierno sí, pero con condiciones.
El bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP) presentó el martes la ley que pretende amparar la transición de Cataluña a un Estado independiente. La norma de Junts pel Sí y la CUP serviría para crear la hipotética “República de Cataluña”, que reconocería la doble nacionalidad, la cooficialidad de las lenguas catalana y castellana y la amnistía de los condenados por haber participado en la construcción del nuevo Estado catalán.
La intención de la CUP es que la ley de ruptura sea aprobada antes del 1 de octubre. Según ha trascendido en las últimas horas, la formación anticapitalista y Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) pretenden aprobar la norma la próxima semana, en un pleno de Parlament que se celebraría el miércoles o el jueves.
Ante este desafío redoblado, el Ejecutivo del PP apostó, con el apoyo del PSOE, por una respuesta moderada. Rajoy y el resto de su ejecutivo insisten una y otra vez en que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará y en que la ley de transitoriedad, ruptura o desconexión jamás entrará en vigor.
Fuentes del PSOE explican a EL ESPAÑOL que su respaldo al Gobierno en Cataluña tiene límites. Se trata, en concreto, de "medidas excepcionales" como la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Por ahora, el Ejecutivo presidido por Rajoy asegura en público que descarta estas vías coercitivas pero, en realidad, ambos escenarios están contemplados.
La conversación de Rajoy y Sánchez, en secreto
En el PSOE entienden que el problema catalán es un asunto de estado que requiere discreción. Por ello, Pedro Sánchez apenas ha dado detalles a sus colaboradores de su conversación con Rajoy del pasado martes. La comunicación entre ambos para un "frente común" está en marcha y se antoja secreta.Pero no se puede olvidar, dicen fuentes socialistas, que el PSOE apuesta por soluciones para Cataluña que no comparte el Gobierno del PP. Tampoco la respuesta va a ser compartida siempre entre ambos. Desde el entorno de Sánchez aseguran a este diario que el PSOE no aprobaría la aplicación del artículo 155 -algo que algunos portavoces ya han dicho públicamente- y tampoco la Ley de Seguridad Nacional. Así las cosas, apoyo al Gobierno sí, pero con condiciones.
El bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP) presentó el martes la ley que pretende amparar la transición de Cataluña a un Estado independiente. La norma de Junts pel Sí y la CUP serviría para crear la hipotética “República de Cataluña”, que reconocería la doble nacionalidad, la cooficialidad de las lenguas catalana y castellana y la amnistía de los condenados por haber participado en la construcción del nuevo Estado catalán.
La intención de la CUP es que la ley de ruptura sea aprobada antes del 1 de octubre. Según ha trascendido en las últimas horas, la formación anticapitalista y Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) pretenden aprobar la norma la próxima semana, en un pleno de Parlament que se celebraría el miércoles o el jueves.
Ante este desafío redoblado, el Ejecutivo del PP apostó, con el apoyo del PSOE, por una respuesta moderada. Rajoy y el resto de su ejecutivo insisten una y otra vez en que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará y en que la ley de transitoriedad, ruptura o desconexión jamás entrará en vigor.
