(No se trata solamente- que ya sería un escándalo- que el presidente de gobierno en funciones se humille ante declarados separatistas antiespañoles- participantes directos o indirectos en un golpe de Estado- sino que acepte condiciones que los españoles no conocemos.
Y las condiciones- secretas- que puede imponer un partido- ERC- que odia a España han de ser vergonzosas y peligrosas. Por tanto, el socialista Sánchez es un traidor a la Constitución y a España.
Y su secretismo es contrario al espíritu democrático.
Pero, insisto, lo que más me preocupa es que- todavía- haya millones de españoles que sean capaces de votar al socialista Sánchez. O sea, tan cercanos a este tipejo sin escrúpulos.
Me alegra que, entre otros, los socialistas Rubiales y Leguina hayan sido incluso más duros que yo con Pedro Sánchez. Se lo merece. Aunque no exime de responsabilidad al resto de los socialistas. Serán cómplices de su infamia.)
SUMISIÓN HUMILLANTE A ERC.
Desde hace dos semanas, Pedro Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado a un test de estrés y dominio tan intenso que forzó ayer a la Asociación que agrupa a estos juristas a emitir un comunicado para reivindicar su profesionalidad, y su sumisión a la legalidad, para no aparecer como un Cuerpo del Estado humillado a los designios del Gobierno en funciones.
Sánchez ha conseguido que la Abogacía parezca un colectivo a su servicio, y no un cuerpo relevante de expertos capaces de poner al Estado por encima de los caprichos del Gobierno de turno. De hecho, Moncloa ha filtrado el informe de la Abogacía del Estado, que no se hará público hasta hoy, a ERC, lo que ha allanado el camino de la investidura de Sánchez, ya que el acuerdo parece inminente.
Sin embargo, el hecho de que la Abogacía sea un cuerpo dependiente del Gobierno no significa que esté obligado a pervertir la letra y el espíritu de la ley siguiendo las instrucciones de ningún ministerio, y menos aún de la presidencia del Gobierno. Nadie tiene patente de corso para pervertir la ley, ni debe vulnerarse la legalidad para satisfacer las ambiciones políticas de ningún aspirante a presidente, o para servir como «gesto» para convencer a un partido que pretende destruir el orden constitucional. Lo que está haciendo Moncloa es escandaloso.
Es cierto que el Tribunal de Justicia de la UE ha modificado su doctrina respecto a los cargos electos en el Parlamento europeo, y también lo es que en primavera Oriol Junqueras pudo gozar de inmunidad para formalizar su acta de europarlamentario. Sin embargo, su situación procesal ha cambiado drásticamente desde entonces: es un condenado en firme y retrotraer sus derechos carece de sentido porque actualmente, lo diga el Tribunal de Luxemburgo o no, pesa sobre él una condena de prisión e inhabilitación para ejercer todo tipo de cargo público.
Pretender, como ha hecho el independentismo, que ese fallo invalida el proceso penal es absurdo. Y presionar para que la Abogacía lo perciba de esa manera es casi prevaricador.
Cuando los abogados del Estado sostienen en un comunicado oficial que no se someterán a presión alguna es llanamente porque alguien -y solo puede ser La Moncloa- está presionando a la institución. Y eso no es democrático.
Todo en España está ahora mismo supeditado a satisfacer al separatismo catalán para investir a Sánchez a toda costa, aunque las costuras del Estado de derecho estén al límite.
Sánchez ha sojuzgado cualquier criterio crítico dentro del PSOE, ha negociado con los comunistas un proyecto de Gobierno que nadie conoce, y ahora adopta una pose de sumisión a ERC. Por eso, salvaguardar la dignidad del Estado se ha convertido en una necesidad imperiosa.
Editorial ABC
Sánchez, un problema de Estado.
No debemos normalizar la forma de actuar que está protagonizando el líder socialista, porque es una perversión del poder democrático, de las instituciones y hasta de la legitimidad electoral.
(Edit/ABC/30/12/2019.)
Una filtración que retrata la ignominia política de Pedro Sánchez.
Sólo hay un calificativo: vergonzoso. ERC, un partido cuyos líderes están en la cárcel por un delito de sedición; esto es, por subvertir el orden constitucional y el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, conoce ya el informe de la Abogacía del Estado y ha dado el visto bueno a la investidura de Pedro Sanchez, cuyo nivel de indignidad política no tiene precedentes en la democracia española.
La filtración del informe a los golpistas supone que la institución encargada de defender al Estado ha sido conminada a entregar el Estado a los separatistas. La Abogacía del Estado negó presiones e injerencias en un comunicado. Después de conocer que el informe ha sido filtrado cabe esperar que emitan otro denunciando el chivatazo. Si quieren ser creíbles no tienen otra salida. Todo es de una indecencia superlativa.
Sánchez ha triturado las instituciones, las ha denigrado con un comportamiento abyecto desde un punto de vista democrático. Es de una ignominia tal que pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno de España que entrega la dignidad nacional para contentar a un puñado de golpistas. El acuerdo está hecho. Sánchez seguirá en La Moncloa gracias al apoyo de los enemigos de España, que a esta hora estarán celebrando la claudicación de un Gobierno políticamente inmoral.
Con la izquierda radical y los separatistas, Sánchez seguirá en el poder tras convertir a España y los españoles en rehenes de su estrategia suicida. La Abogacía del Estado tendrá que explicar cómo es posible que mientras pedía respeto a su autonomía , se filtraba a los golpistas el contenido de un informe que satisface las pretensiones de los enemigos del Estado.
No va a quedar una institución con verdadera libertad de acción, porque Sanchez ha triturado la separación de poderes y degradado nuestra democracia a niveles de republica bananera.
España ha sido la moneda de cambio con la que el jefe del Ejecutivo en funciones ha pagado el precio exigido por los secesionistas catalanes. Una vileza política que no tiene parangón.
(Edit.OkDiario/30/12/2019.)
Sánchez ordena y la Abogacía del Estado se pliega a los golpistas.
La decisión de la Abogacía del Estado de solicitar al Tribunal Supremo que libere de forma temporal a Oriol Junqueras, en presión por un delito de sedición, para que pueda acudir al Parlamento Europeo para obtener su acta de diputado es el "gesto" que esperaba ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
De este modo, la Abogacía se aparta del criterio de la Fiscalía, que considera que la sentencia del "procés" ya es firme y no cabe retrotraer las actuaciones a un momento en el que el procesado estaba en prisión provisional.
No por previsible, la decisión de la Abogacía del Estado revela la gravedad de la situación. El Gobierno de España ha trazado una estrategia de retroalimentación de intereses con el separatismo. Sánchez une su destino a las exigencias de los golpistas, de manera que el proceso de degradación institucional avanza a pasos acelerados.
España y los españoles están siendo utilizados como moneda de cambio. Sánchez accede al chantaje separatista, se mantiene en La Moncloa y emprende un plan orientado a debilitar de forma progresiva el marco constitucional. Esto es, a retirar todos los diques de contención que impedían al separatismo subvertir el orden jurídico.
Es, en suma, un plan de dilución del Estado de Derecho. A partir de ahí, España se queda sin defensas, desnuda ante la ofensiva de quienes pretenden romperla. Sánchez será presidente del Gobierno, pero el coste de sus cesiones lo pagaremos todos los españoles.
Lo que está ocurriendo es de una gravedad superlativa, porque nunca antes un Ejecutivo se convirtió en el colaborador necesario de un grupo de golpistas. Y Sánchez es eso. La Abogacía, por orden del Gobierno, ha adaptado su escrito a las exigencias de ERC. A partir de ahora, Sánchez podrá ser presidente del Gobierno; su supervivencia en el cargo dependerá del visto bueno de los independentistas, que irán incrementando el precio de su chantaje.
Estamos, pues, ante un momento crucial de la historia de España, porque pocas veces como ahora estará a merced de sus enemigos.
(OkDiario/30/12/2019.)
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