Dictaduras y democracias: 85 años del Alzamiento
Cuando pensaba que el 18 de julio había pasado sin pena ni gloria, leo que 32 municipios mallorquines lo han condenado, incluidos dos con gobiernos del PP, colocando crespones o banderas a media asta. Como se pueden imaginar, la condena vino acompañada de las declaraciones de rigor de acuerdo con la Historia Oficial de España que quieren imponer quienes se la quieren cargar.
El hecho coincide con la reticencia del Gobierno y adláteres a, no ya apoyar a la disidencia cubana que pugna por su libertad y que ha sido brutalmente reprimida, como correspondería a cualquier Gobierno mínimamente moral, sino incluso a calificar el régimen cubano de dictadura. “No es una democracia”, es lo máximo que están dispuestos a conceder. “Las etiquetas no aportan valor añadido”, ha afirmado al respecto la miembra dizque razonable y moderada del Gobierno matrio, Nadie Calviño.
Resulta todo muy elocuente. Denominando dictadura al franquismo sin el menor atisbo de duda, mientras evitan calificar del mismo modo al castrismo, evidencian que les parece mejor el régimen cubano que el de Franco. No cabe sino agradecerles la sinceridad. A continuación, cualquier persona racional debería analizar cómo recibieron sus respectivos países Franco y Castro, y cómo los dejaron. Qué libertades pudieron disfrutarse en cada uno de ellos durante su mandato. Y qué ocurrió a la muerte de cada uno. Gana Franco por goleada.
El Caudillo recibió España destrozada tras la Guerra Civil, pero la dejó convertida en la octava potencia económica del mundo, con una deuda pública del 10% del PIB y prácticamente sin paro. Castro entró en una Cuba pujante y la dejó completamente arruinada. A la muerte de Franco, el franquismo aceptó pacíficamente la Transición. A la muerte de Castro, le sucedió un dictador, y luego otro, y ahí siguen, reprimiendo al pueblo que se levanta desesperado porque se muere de hambre. Uno se pregunta si nuestros gobernantes no lo condenan porque les atrae el modelo.
Y a este respecto, a la luz de los recientes acontecimientos, conviene no dejar de analizar a grandes rasgos nuestro sistema. Porque Sánchez nos encerró durante meses en nuestras casas, en un estado de alarma que ahora, año y medio después, cuando ya no tiene remedio, se ha declarado inconstitucional. Pero no por la medida en sí, sino porque debería haber acudido al estado de excepción -como muchos ya advertimos entonces-, que somete la decisión a la autorización del Congreso, con carácter previo. Una mínima garantía antes de hacer algo tan radical y tan peligroso como suspender derechos fundamentales con carácter general.
Ocurre que en nuestro sistema, como también venimos denunciando reiteradamente (siguiendo a diversos maestros, que casi todo está inventado, pero hay que saber seleccionar lo bueno y descartar lo malo), no existe división de poderes entre legislativo y ejecutivo, pues el primero designa al segundo. La división de poderes sólo se asegura con elecciones distintas para presidente y cortes, y asegurando la independencia de los parlamentarios, de modo que ambos poderes puedan discrepar y controlarse entre sí. Nada de eso ocurre en España (y en muchos otros países, pero no en EE.UU., por ejemplo), donde como vemos las Cortes cada día importan menos y se reducen a una especie de teatro barato, porque lo que importa es lo que acuerden el Gobierno y los líderes de los partidos que lo respaldan.
Quiero decir que tampoco es el control parlamentario una gran garantía, porque un presidente con mayoría parlamentaria podría suspender arbitrariamente (con cualquier excusa convenientemente inventada o exagerada por los medios sistémicos) los derechos fundamentales de toda la nación. Y sólo el Tribunal Constitucional podría pararle los pies. ¿Y de quién depende, quién lo nombra? Ay, amigo. Por eso resuelve año y medio después, y demos gracias por que diga algo sensato. Pero en otros casos (aborto) no resuelve tras once años, y no pasa nada. “Aborto constitucional” podría ser el título de otro artículo, porque se parece a lo que estamos contemplando. De la ley a la ley pasamos de la dictadura a la democracia, y de la ley a la ley podemos hacer el camino inverso.
Así que la pregunta sería si es España una dictadura. ¡No me tienten! Diría que aún no; de momento conservamos buena parte de nuestros derechos, en casi todo el territorio nacional. Pero obstáculos legales en el camino de Sánchez, no hay muchos. A ver esa Ley de Seguridad Nacional que prepara el Fraudillo, si la declaran inconstitucional. Antes de que la aplique, por favor.
(MallorcaDiario/21/7/2021.)
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