EpC y el TS.

Educación para la Ciudadanía y el T.S.

El Tribunal Supremo establece que la obligatoriedad de ‘Educación para la Ciudadanía, “no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. “Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”

Irreprochable. El artículo 27.3 de la Constitución dice: 'Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'.

Ahora bien, si el Gobierno socialista hubiera querido respetar estas exigencias constitucionales no habría creado la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un hecho bien conocido que hay libros con este título, 'Educación para la Ciudadanía', que defienden posiciones concretas, en terrenos ideológicamente sensibles, que entran en directo conflicto con una parte importante de las opiniones de los padres. ¿Cuál es la consecuencia? Que les obligarán a peregrinar por la barata, rápida y eficiente Administración de Justicia. Recordemos la maldición gitana: ¡Pleitos tengas y los ganes!

Pongamos un solo ejemplo para no aburrir al lector. Veamos el libro ‘Educación para la Ciudadanía’ de C. Fernández, P. Fernández y L. Alegre, editorial Akal. ¿Qué nos dicen estos profesores para educar a nuestros retoños?

"El capitalismo es como un tren sin frenos que se acelera cada vez
más. Camina, sin duda, hacia el abismo..... Lo que está fuera de control es, precisamente, el capitalismo y el socialismo no es otra cosa que el freno de emergencia. Es la única esperanza que le queda a la humanidad para pararle los pies al capitalismo".

Con independencia de la idiotez que estas frases representan, (basta repasar la historia del socialismo realmente existente y comparar sus datos con los datos de los países capitalistas) tenemos que exigir el respeto debido a la Constitución. Y no se respeta el contenido del artículo 27.3 antes citado. No ha sido casualidad. Estas cosas sólo pueden hacerse manera premeditada. Escribir un libro no es como tener una reacción espontánea ante una sorpresa. Pues bien, para evitar esta situación tan perjudicial para los padres (y sus hijos), y respetar la Constitución, bastaba que el Gobierno no hubiese creado esta asignatura y los problemas no hubieran aparecido.

Pero ha querido que estos problemas aparecieran. Y la sentencia no los soluciona. ¿Por qué? Porque se limita a decirnos que deben respetarse una serie de valores constitucionales y, por tanto, que la asignatura Educación para la Ciudadanía no puede adoctrinar a los estudiantes. Está bien. Pero todos sabemos que hay libros de Educación para la Ciudadanía, en el mercado, que afirman visiones del mundo incompatibles con la opinión de muchos padres. Y el Gobierno socialista también lo sabe. Y el Tribunal Supremo igual.

¿Qué consecuencia podemos extraer? Que el Gobierno socialista ha pretendido, y pretende, adoctrinar a los estudiantes a pesar de la Constitución española. Que el Tribunal Supremo constata que, al estar vigente la Constitución española, no se pueden violar sus preceptos. En este caso, por medio de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ya lo sabemos.

¿Qué instrumentos reales se dejan en manos de los padres para defenderse de una situación creada por el Gobierno socialista? El Tribunal Supremo ha dicho que no se puede objetar la mencionada asignatura pero sí recurrir sus contenidos, en el caso de que adoctrinen. ¿Cómo se probará que un profesor, en clase, adoctrina a sus alumnos con las idioteces progres al uso? ¿Cuánto dinero y tiempo les costará a los padres que se protejan, judicialmente, sus derechos?

Si el Gobierno socialista no deseara adoctrinar a los adolescentes habría creado, en todo caso, una asignatura con el título 'Constitución y Derechos Humanos'. Y con un contenido coherente con el título. Pero no quiere.

Ya he comentado, en alguna ocasión, que uno de los peores pecados de la época felipista fue la penetración del poder político en las instituciones y la consiguiente devaluación de la democracia. Esto ya forma parte de los libros de Historia y no merece la pena insistir. Pero el problema sigue. Esto es lo más grave. Ahora parece que hay una cacería (y no me refiero a la de Garzón y Bermejo, que esa es otra) contra el principal partido de la oposición. Los medios de difusión progresistas, supuestamente objetivos e independientes, se encargan de echar la basura en dosis convenientes a sus intereses. ¿Sorpresa?

Yo creo que no. ¿Qué se puede esperar de un partido que acepta el antidemocrático Pacto de Tinell por el que se compromete a excluir al Partido Popular de las instituciones democráticas? En fin ¿será necesario el Pacto de Tinell cuando las jóvenes generaciones hayan interiorizado las nuevas enseñanzas progresistas del ‘mundo socialista feliz’? Probablemente no.

Sebastián Urbina.