LUZ Y TAQUÍGRAFOS

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• LUZ Y TAQUÍGRAFOS, EN LAS AUDITORIAS Y EN EL PARLAMENT.
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• A medida que se va conociendo el estado, literalmente de quiebra, de las finanzas autonómicas, la alarma y la inquietud sociales se van incrementando de forma exponencial. La herencia del govern de Antich, del Consell de Armengol y del ayuntamiento de Palma de Calvo no es sólo que hayan legado unas arcas sencillamente vacías, sino que el despilfarro, irresponsabilidad y mala gestión de los políticos del Pacto de Progreso están provocando quiebras en cadena de empresas que, a su vez, están generando angustiosas situaciones familiares y personales.

• La terrorífica herencia legada no afecta sólo al conjunto de todo el sistema económico de estas islas, sino que amenaza seriamente a las obligadas prestaciones públicas de cualquier administración pública. Los primeros recortes, necesarios e inevitables, han trasladado a los funcionarios la realidad de los cuatro años de incuria y manirrotismo de una clase política que engloba, sin excepción, a toda la izquierda y a la desaparecida Unió Mallorquina. No está claro que, a corto plazo, vayan a cobrar sus emolumentos los funcionarios y está menos claro aún que, servicios públicos fundantes del estado del bienestar, puedan ser atendidos por las administraciones públicas. 
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• Estamos hablando de la sanidad, de los medicamentos, del transporte público, de la enseñanza y de todas aquellas funciones que definen una administración digna de este nombre que, en cuatro años, se ha convertido en la cueva de Ali Babá y los cuarenta manirrotos que han usado y abusado de su condición de gestores de los dineros públicos. Deben responder por ello.

• En este sentido, los nuevos gobiernos institucionales del Partido Popular tienen la obligación, moral y legal, de auditar sin contemplaciones lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años. A continuación tienen la misma obligación de convocar una sesión extraordinaria del Parlament para explicar lo que ha ocurrido y quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido. Y, como corolario, deducir las oportunas responsabilidades que, en este caso, no son, ni siquiera principalmente, políticas, sino carne de investigación penal con todas las consecuencias que de ello se puedan derivar. 
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• La ruina de cientos de empresas, los miles de parados, las angustias familiares, el deterioro del estado del bienestar y la depresión generalizada de toda la sociedad tienen unos responsables y unos culpables. Esto es lo que deben desenmascarar los nuevos gobernantes porque, si no lo hacen, no sólo no cumplirán con su obligación de transparencia para la que han sido elegidos sino que, para más inri, les imputarán la responsabilidad de los desastres de sus antecesores que acabarán yéndose de rositas. Luz y taquígrafos, en las auditorías y en el Parlament. (Antonio Alemany/LB)