La entrada ilegal en Ceuta de una masa de magrebís y subsaharianos de dimensión semejante a la de su población no es, obviamente, ni un desbordamiento migratorio ni una crisis humanitaria, es, pura y simplemente, una grave agresión a España por parte de un vecino hostil que une la malignidad con la hipocresía. Los partidos de la oposición han protestado, naturalmente, han pronunciado enérgicos discursos en el Congreso, han presentado ya una querella en la Audiencia Nacional contra el Delegado del Gobierno, otra contra Marlaska y Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y ahora analizan con lupa los documentos desclasificados con vistas a ampliar el perímetro penal de las fechorías cometidas por el marido enamorado y sus adláteres en los días previos a la estampida..
Todo esto está muy bien, pero no está todavía a la altura de la gravedad de la colaboración del Gobierno con el acto de guerra híbrida con el que nos ha apuñalado el Comendador de los Creyentes.
Ha llegado el momento de iniciar el procedimiento descrito en el artículo 102 de la Constitución que admite en buena medida encaje con la actuación de la cuadrilla sanchista en esta dramática ocasión.
“Concertarse con el enemigo o favorecerlo”, “Firmar la paz o realizar actos en contra de la Constitución en perjuicio de la soberanía del Estado” son comportamientos que se pueden aplicar con fundamento a la sospechosa sumisión servil del veraneante de La Mareta al Sultán alauita.
El argumento de que seguramente esta propuesta no alcanzaría la mayoría absoluta del Parlamento es una excusa de mal pagador porque aquí lo que importa es el gesto, cuya contundencia y relevancia contribuiría sin duda a despertar y alertar a la parte de la ciudadanía que vive anestesiada y desnortada por la propaganda asfixiante de un partido socialista que ya no es ni obrero ni español y que se ha transformado en una máquina implacable de saqueo del presupuesto y de disfrute obsceno del BOE.
(A.Vidal Quadras/VozPopuli/13/9/2026.)
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