REPÚBLICA BANANERA

 

España.

Llamazares anuncia que participará en el asalto al Congreso el 25 de septiembre.

El diputado de IU apoyará activamente la iniciativa de «Ocupa el Congreso», a pesar de ocupar un escaño en la Cámara Baja. (ABC).

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REPÚBLICA BANANERA.

Un parlamentario (como el comunista Llamazares) que no cree en el Parlamento (pero que cobra de él) y amenaza con participar en el 'asalto' al Parlamento, (el día 25 de Septiembre) con los antisistema, debería ser desposeído de su acta de Diputado.

¿Por qué tenemos que pagar el sueldo a un impresentable? Claro que pagamos a los de Bildu, los primos hermanos de ETA. Total, ya vivimos en la mierda.

Gracias, políticos y cooperantes.

REPÚBLICA BANANERA

 




LA PRIMA DE RIESGO DE LA JUSTICIA.

El anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión de su cargo de una verdadera reforma que parecía, esta vez sí, encaminada a la regeneración de la Justicia fue probablemente la noticia más esperanzadora desde que el inefable Zapatero abandonó el poder. 

Sin embargo, en estos siete meses hemos visto un Gobierno más dado a los buenos propósitos y los grandes anuncios que a aplicarlas realmente, cuando no a contradecir en la práctica sus intenciones iniciales. La mejor noticia se convertía el viernes en la mayor decepción, cuando Gallardón supeditaba los cambios en el poder judicial al "consenso" con el PSOE, que es lo mismo que no cambiar nada, salvo a peor. 

La de la Justicia es, con la de la organización del Estado, la más urgente de las reformas que necesita España. Hay quien puede pensar que ahora la prioridad son las medidas económicas pero se equivoca si piensa que estas dos cuestiones son ajenas a la crisis económica o que la solución está exclusivamente en ajustes contables. Sin una racionalización de la estructura administrativa del Estado será imposible el control del gasto a largo plazo, y sin una justicia independiente España no será una un país que genere confianza y credibilidad.

No hay mejor ejemplo, por desgraciado y siniestro que sea, que lo que está sucediendo con la banda terrorista ETA. Las sucesivas legalizaciones de los marcas electorales de los criminales por parte de un Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional nombrado por los partidos políticos que enmienda la plana al poder judicial invadiendo las competencias del Tribunal Supremo, se solapan con las 195 denuncias de que esos mismos partidos legalizados apoyan a ETA, que ha presentado este domingo el propio delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.

El apoyo a los presos de ETA es un claro menosprecio a las víctimas del terrorismo y eso es causa de ilegalización según recoge la sentencia que los legaliza. Bildu lo hace allí donde gobierna, según nada menos que 195 denuncias avaladas por el Gobierno de España, pero sigue siendo legal. ¿Cómo es posible que esto suceda en un Estado de Derecho? Es de locos. 

Ahora que la prima de riesgo es la principal angustia de Mariano Rajoy, podría reflexionar en lo difícil que resulta confíar en España y, por tanto, en su deuda, asistiendo a espectáculos dantescos como este. Si la prioridad es generar confianza, es ineludible que la justicia sea independiente, que los jueces elijan a sus vocales y que el Tribunal Constitucional se convierta en una sala del Supremo. Así debe funcionar la democracia y así seremos una nación fiable. Con o sin consenso, señor Gallardón. (edit.ld).

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¿ESTADO DE DERECHO O REPÚBLICA BANANERA?

La capacidad de autoengaño de los seres humanos es alta. En unas circunstancias más y en otras menos. En unas personas más y en otras menos.

¿Cuando es alto el listón del autoengaño? Cuando afrontar la verdad nos duele o nos asusta. Pasa con el terrorismo, sea el de ETA o el islamista. Pasa cuando decir la verdad en el Osasis. cat supone sufrir inconvenientes de todo tipo. Boadella es un buen ejemplo de ello aunque no el único. Ha tenido que marcharse porque no aceptaba el autoengaño.

Vivir en un Estado de Derecho no es como vivir en una zona montañosa o plana como la palma de la mano. Es una expresión vaga. El Estado de Derecho es un 'más o menos'. Cuando las instituciones se deterioran gravemente ('gravemente' también tiene límites imprecisos) el Estado de Derecho es más nominal que real.

Yo creo que, desgraciadamente, estamos en esta situación. Sólo pondré un ejemplo entre muchísimos. Cuando, recientemente, el Ministro de Cultura Wert, dijo públicamente que no podía garantizar la aplicación de las sentencias judiciales (en materia lingüística) en Cataluña, estaba expresando (sin que se le cayera la cara de vergüenza, que esa es otra) que estamos instalados en una República Bananera.

Pagando religiosamente los impuestos, eso sí. Que ahí sí que funcionan y te cae el pelo si te descuidas. La cosa es de vómito.

¿Quién pone el cascabel al gato? O sea, a la mierdosa y despilfarradora clase política que nos arruina. Creo que este es el problema.

Sebastián Urbina.

REPÚBLICA BANANERA.

REPÚBLICA BANANERA CONFEDERADA
libertad digital

Que la independencia del Tribunal Constitucional se ha visto cuestionada en los últimos tiempos por diversos motivos no es ningún secreto. Sobre este asunto publica este sábado un artículo en El Mundo el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban.

En primer lugar, De Esteban resalta el incumplimiento de los plazos señalados por la Constitución a la hora de renovar a su intérprete supremo. "El Tribunal Constitucional, en colaboración con los políticos o en solitario, ha violado la Constitución, destrozando la seguridad jurídica en lo que se refiere concretamente a los plazos previstos en la Constitución. Pero con ello, no sólo destruían la seguridad jurídica sino que incluso renegaban de su independencia".

De esta forma, el presidente del consejo editorial de El Mundo se refiere al bloqueo político llevado a cabo por los principales partidos para no renovar el TC o a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero para perpetuar durante tres años más a María Emilia Casas como presidenta de la institución. "Lo cual viene a decirnos que este cambio de la LOTC ha supuesto una reforma inconstitucional del artículo 160 de la Constitución, que señala taxativamente que la duración (improrrogable) del mandato del presidente es de tres años", afirma al respecto.

Sin embargo, además de hacer un repaso a las últimas tropelías que han rodeado al Constitucional, De Esteban analiza los nombramientos del nuevo presidente, Pascual Salas, y vicepresidente, Eugeni Gay.

Sobre el primero de ellos se pregunta si es el "presumiblemente más adecuado para llevar a cabo la regeneración del maltrecho tribunal".

En lo que respecta a Gay, Jorge de Esteban opina que su nombramiento es "nulo de pleno derecho por la sencilla razón de que, según el artículo 9.4 y 16.3 de la LOTC, el presidente y vicepresidente del Tribunal son elegidos por un periodo de tres años; es decir, cuando le falten, según su caso, tres o seis para acabar el mandato de nueve". En el caso del catalán Eugeni Gay éste lleva en situación de interinidad –con el mandato caducado- desde el pasado mes de noviembre. (ld)

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pascual sala y eugeni gay

Dos magistrados que apoyaron el 'Estatut' presidirán el Constitucional