ESTADO DE DESHECHO.

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  Hablan los juristas

  Estrasburgo: ¿prevaricó?

   

  Fuentes judiciales consultadas por ÉPOCA creen que el Tribunal de Estrasburgo pudo prevaricar al dar luz verde al fallo sobre la ‘doctrina Parot'.

• Más de 70 son ya los presos que se han beneficiado de las excarcelaciones exprés desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) liquidara la conocida doctrina Parot. Estrasburgo condenó entonces a España a indemnizar a Inés del Río, sanguinaria etarra perteneciente al Comando Madrid y autora de 24 asesinatos, por aplicarle de forma retroactiva dicha doctrina. Desde entonces, y por orden de la Corte europea, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a 60 miembros de ETA, 15 violadores y otros delincuentes graves ante la atónita mirada de una sociedad que no se cree que estos individuos estén de nuevo en la calle.
  
  “El ciudadano no entiende que se no cumplan las condenas legalmente previstas y que la muerte de cada víctima ha supuesto solamente entre ocho y nueve meses de prisión”, explica a ÉPOCA José Luis González Armengol, juez decano de los juzgados de Madrid. “Esto podría haberse evitado si el legislador hubiese hecho las reformas jurídicas pertinentes”, detalla.
  
  Un criterio desfasado
  La doctrina Parot se lleva aplicando desde febrero 2006 tras la decisión del Tribunal Supremo de impedir la puesta en libertad del terrorista que le dio ese nombre, Henri Parot. El etarra, acusado de asesinar a más de 80 personas, recibió una milenaria pena de cárcel. Sin embargo, la legislación española solo permite que el reo cumpla como máximo 30 años en prisión cuando su delito es de extrema gravedad, que se pueden ver reducidos por diversos beneficios penitenciarios. “Estos beneficios están totalmente desfasados –explica el magistrado Alfonso Villagómez-. Se introdujo en 1937 en plena contienda civil. Es una decisión equivocada que ha creado un inmenso daño a todas las víctimas y a la dignidad de los ciudadanos, en pro en unos inciertos derechos de Inés Del Río”.
  
  Para evitarlo, el Alto Tribunal consideró que los favores para acortar la condena no se aplicarían por los 40 años de pena máxima, sino sobre cada uno de los delitos cometidos, asegurándose así que los presos cumplían íntegramente lo estipulado.
  
  La decisión creó jurisprudencia, aplicándose no solo a los casos posteriores, sino también de forma retroactiva, a aquellos que habían sido juzgados antes. Dos años después, en 2008, el Constitucional avaló la decisión del Supremo, hasta que la doctrina llegó a instancias europeas con el recurso de Inés Del Río. La Corte europea concluyó que su aplicación es irregular e instaba al Gobierno español a ponerla en libertad lo antes posible, además de indemnizarla con 30.000 euros, algo que el Estado hasta el momento se ha negado tajantemente a hacer.
  
  Aunque las conclusiones solo abordaban este caso, el fallo de Estrasburgo afecta también a varias decenas de presos, entre ellos los jefes etarras del aparato logístico, militar y político de la banda armada. “Estas excarcelaciones están creando una alarma social, pero mientras no comentan ningún otro delito, no se les puede volver a juzgar”, aclara Armengol.
  
  Otras fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que la Corte europea, al ser la última instancia sin posibilidad de recurrir, podría haber inducido a prevaricación o algún tipo de responsabilidad penal o civil.
  
  España podría haber dicho no.
  
  Pero, ¿podía España negarse al dictamen de Estrasburgo? Varias interpretaciones han generado numerosas reacciones, incluidas las del ministro del Interior, Jorge Fernández, quien planteó en un primer momento articular una serie de medios legales y judiciales para retrasar la salida de la cárcel de los etarras.
  
  Sin embargo, desde que en 1979 España ratificara el Convenio Europeo de Derechos Humanos, han sido casi 100 las sentencias que se le han dictado en contra. Podría haberse declarado rebelde como Gran Bretaña e Italia, países que no acataron, o lo hicieron solo de forma parcial, fallos similares del tribunal europeo. “Es el Estado español el encargado de mover ficha a la hora de ejecutar o no la sentencia”, añade el juez decano de Madrid, González Armengol.
  
  En el caso británico, la Corte europea intentó imponerles una modificación en su legislación en materia de beneficios penitenciarios. En el país anglosajón, no vale solo con la rehabilitación del recluso para salir de la cárcel, si el delito que ha cometido puede suponer una alarma social constatable tras su puesta en libertad. Un hecho que choca frontalmente con la legislación establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que desde Europa dieron un toque de atención al Gobierno de David Cameron. La respuesta, no solo fue criticada por los dirigentes británicos, sino que fue ignorada por completo.
  
  Asimismo, en 2009, Estrasburgo condenó a Italia en materia de libertad religiosa: sentenció al Gobierno por mantener crucifijos en los colegios públicos, alegando que “podrían ofender la sensibilidad de los no cristianos”. El fallo se acató parcialmente y solo se retiraron de un pequeño porcentaje de las aulas.
  
  A pesar de los antecedentes, el Gobierno español acató sin rechistar la sentencia y la aplicó sin demora. ¿Podría haberlo hecho solo de forma individual sobre Del Río? Según Javier Borrego, predecesor de López Guerra en el cargo, según el artículo 61 del reglamento del TEDH, todos los casos parecidos se resuelven con una misma sentencia individual. Sin embargo, Estrasburgo dictaminó conscientemente el fallo para que afectara solo a Inés del Río, después de que el Ejecutivo español le pusiera en conocimiento sobre múltiples casos parecidos a la de la etarra que se podrían también beneficiar, afirmó en esRadio.
  
  Por su parte, el magistrado Villagómez explica que, aunque la sentencia afecta al resto de presos ahora excarcelados, no decide sobre ellos, sino solamente sobre la demandante. Estos reos en la misma situación que Del Río deben pedir individualmente a Estrasburgo ser liberados.
  
  Negociación con ETA
  Entonces, ¿la sentencia podría ser objeto de intereses políticos? Armengol lo tiene claro: el fallo fue fruto de la negociación. “Todos los gobiernos han negociado con ETA y ninguno quiere que vuelva a matar”, recalca el juez decano, quien considera que el fallo fue posible gracias a Luis López Guerra, el representante español en el TEDH.
  
  Este jurista fue elegido en 2007, a propuesta del Gobierno de Zapatero, magistrado del tribunal europeo y fue uno de los 17 jueces que participó en la determinación de la sentencia de la doctrina Parot y posibilitó la salida de medio centenar de presos, la gran mayoría, etarras. Con Rajoy en el poder, el jurista ha seguido en su puesto, ante el estupor de significados dirigentes dentro del partido (como Esperanza Aguirre). El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, salió al paso de las críticas explicando que no podían cambiar a López Guerra porque su mandato es de nueve años y éste no ha acabado aún. 
  
  Con Zapatero antes y Rajoy, las relaciones con ETA no se han paralizado. Ambos Ejecutivos han negociado con la banda terrorista: el socialista consiguió, en 2006, el anuncio del alto al fuego permanente y, posteriormente, con los populares, ETA podría entregar las armas entre el 17 y 22 de diciembre, como adelantó LA GACETA esta semana. Se cerraría definitivamente, de esta forma, la hoja de ruta para acabar con la violencia terrorista, pero ¿a cambio de qué?
  
  Los últimos acontecimientos dejan entrever que el desarme pudo ser a cambio de que nuevas marcas proetarras traten de llegar a la instituciones, en las elecciones europeas. Sortu fue la primera puesta en escena, y tras ser ilegalizada, dio paso a Bildu y Amaiur, que ha llegado a tener presencia en el Congreso con siete diputados. De confirmarse la noticia de la entrega de armas, ¿sería el siguiente movimiento de ETA de cara las europeas del año que viene?
  
  (Cristina Alcalá/La Gaceta)