ESPAÑA: DEMOCRACIA ESTRAFALARIA

 ESPAÑA.DEMOCRACIA ESTRAFALARIA

HOMS, IGUAL QUE TODOS.
 
De los tres principios constituyentes de la revolución burguesa –y de las sociedades modernas–, libertad, igualdad y fraternidad, es el tercero el que mayores problemas conceptuales plantea. Con seguridad, es por eso por lo que el Abad de Sieyès le dedica los pasajes más complejos de su contribución al debate constitucional en el verano de 1789.
La paradoja es obvia. Su primera formulación está en Platón, quien le da forma de axioma: en toda realidad, lo igual se dice sólo de lo distinto. «Igualdad» es una categoría formal, a la cual recurre la matemática, en donde todo se juega entre formalidades. Desplazada a la realidad material, no hay igualdad que sea más que metafórica. Aunque esa metáfora sea necesaria. No hay dos vasos iguales, ni dos piedras, ni dos hombres, ni dos motas de polvo. Pero, sin la metáfora que iguala sus diversidades, no podríamos decir «vaso», ni «piedra», ni «hombre», ni «mota de polvo». Lo que es lo mismo: no podríamos hablar. Lo que es lo mismo: no pensaríamos.


¿Qué dicen los revolucionarios de 1789, cuando erigen la igualdad en fundamento de la ciudadanía? Sieyès era demasiado sabio para jugar a demagogias aproximativas. Claro que no hay dos ciudadanos iguales. Como no hay dos cosas que lo sean. La igualdad de las sociedades libres es una ficción. Una ficción muy precisa. Una ficción, sin la cual la democracia se iría a pique. Una ficción –digámoslo– jurídica. Que no supone igualdad real entre individuos. Sino todo lo contrario. 

Los individuos son desiguales. Y es por eso, precisamente por eso, por lo que está exigido que la fuerza mayor –la del Estado– imponga una relación de igualdad ante la ley. Quienes a su criterio son sometidos podrán ser el hombre más débil del mundo o el más fuerte. Pero la ley caerá con la misma fuerza sobre uno y otro. «La naturaleza –concluye Sieyès– hace fuertes o débiles, da a unos la inteligencia que a otros niega. De ello se seguirá desigualdad en el trabajo, desigualdad en el producto, desigualdad en el consumo o el goce. Pero nunca desigualdad en el derecho».

Las inmunidades de las que gozan ciertos cargos públicos son una irregularidad en esa norma constituyente. Y, como tal, deben ser acotadas en cifra mínima y codificación estricta. Parece razonable eximir al vértice del Ejecutivo de su inmediata comparecencia judicial, para evitar bloqueos del Estado; pero esa exención sólo debe durar el tiempo de su permanencia en el cargo. Así se ha practicado en la Francia moderna. Pero, al día siguiente de salir de la presidencia, Chirac o Sarkozy tenían a los jueces en la puerta de su casa. Y ambos han pagado pesadamente sus irregularidades.

Más allá de ese vértice del Ejecutivo, no tiene el menor sentido que ningún cargo público se beneficie del privilegio de ser un «no-igual», un «no-ciudadano» ante la ley. Y una de las más urgentes reformas que el modelo español exige, por respeto a la igualdad jurídica de todos, es la abolición del blindaje de los políticos ante los jueces. Mientras esa reforma no llegue a puerto, una cautela básica debería consensuar la automática aceptación de cualquier suplicatorio que un juez solicite al Parlamento. Con la única posposición de Jefe del Estado y presidente del Gobierno.

Lo de Homs es sólo cómico. Que una autoridad regional pretenda quedar al margen de derecho y jueces daría risa en una democracia menos estrafalaria que la nuestra. Que un grupo que a sí mismo se proclama «revolucionario» defienda eso está más allá de calificativos.

(Gabriel Albiac/ABC)