NO HAY PEOR SORDO...

 

 

 

 

Pacto de Estado sobre Cataluña.

Hasta hoy la estrategia de contención del separatismo catalán por parte de los sucesivos Gobiernos centrales del PSOE o del PP ha consistido en ir ampliando las competencias de la Generalitat dentro del marco constitucional, artículo 150.2 incluido, y mejorando la financiación a base de ceder un mayor porcentaje de impuestos estatales.

 

El Presidente del Gobierno crónico, como le ha calificado un agudo columnista, ha anunciado cuatro grandes pactos de Estado para la próxima legislatura, las pensiones, la educación, la financiación autonómica y el desafío separatista en Cataluña. En cada uno de estos ámbitos, Mariano Rajoy se propone, según ha declarado, alcanzar acuerdos con aquellas fuerzas políticas que estén dispuestas al entendimiento con el fin de buscar soluciones estables y de amplia base parlamentaria a problemas tan acuciantes.

 La intención no puede ser mejor, sobre todo en un político que no se caracteriza precisamente por la acción ágil y resolutiva. Dada la endiablada composición del Congreso de los Diputados surgida de las últimas elecciones no le queda más remedio, efectivamente, al nuevo Ejecutivo que afrontar cada uno de estos cuatro desafíos y otros que sin duda aparecerán mediante la articulación de sólidas alianzas con otros grupos.

La aplicación práctica de esta loable intención al caso de la ofensiva secesionista impulsada por los nacionalistas catalanes, que son todos los que se sientan en el Parlamento autonómico, salvo Ciudadanos y el PP, y estos dos con energía perfectamente descriptible desde que Inés Arrimadas ha sido infectada por el virus de la conllevancia, ha tropezado de entrada con un serio obstáculo, confesado paladinamente por el propio Rajoy: el flamante Presidente no tiene ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo, no sabe cuál es el procedimiento adecuado para llevar adelante este pacto ni qué es lo que se debe pactar. 

No se puede decir que estemos ante un buen comienzo, pero así es el actual inquilino de La Moncloa y a estas alturas de su plácida existencia no es fácil que cambie. Esperemos que haya alguien en su entorno que sí tenga las ideas claras al respecto porque de lo contrario el asunto presenta muy mal pronóstico.

Hasta hoy la estrategia de contención del separatismo catalán por parte de los sucesivos Gobiernos centrales del PSOE o del PP ha consistido en ir ampliando las competencias de la Generalitat dentro del marco constitucional, artículo 150.2 incluido, y mejorando la financiación a base de ceder un mayor porcentaje de impuestos estatales.

 La culminación de esta valerosa técnica de ir echando carne a la fiera a ver si se consideraba de una vez ahíta fue el nuevo Estatuto gentilmente concedido por Zapatero a Artur Mas en una noche de euforia nicotínica. Esta brillante operación, propia del formidable estadista que siempre ha sido el hoy cazador de nubes, no solamente no cerró el proceso de progresivo desenganche de Cataluña de la matriz común española, sino que lo agudizó hasta el desbordamiento.

 Lo que nunca han entendido los dos grandes partidos nacionales es que las concesiones no son recibidas por los nacionalistas con agradecimiento y sentido de la reciprocidad, nada de eso. Sistemáticamente las interpretan como un signo de debilidad de su enemigo, que es España, y por supuesto utilizan de inmediato los recursos y los instrumentos que cada intento de frenarlos pone a su disposición para atacar más eficazmente al Estado.

Si alguien todavía cree en Madrid que las sanciones penales o las inhabilitaciones van a detener la marcha acelerada hacia la separación que está en curso, que Dios le devuelva la vista. A partir del momento en que los nacionalistas ya no reconocen a los tribunales españoles, cada sentencia en su contra únicamente avivará el fuego de la rebelión. Es evidente que la justicia ha de actuar en un Estado de Derecho, pero su poder efectivo será nulo en el tema que nos ocupa.

El punto clave en este combate es hasta qué punto el PP, Ciudadanos y el PSOE están decididos a cerrar filas sin una fisura y a aplicar con toda contundencia el artículo 155 de la Constitución mediante el uso de los mecanismos de coacción necesarios. Todo lo demás son juegos florales para adornar el camino imparable hacia la declaración unilateral de independencia. Esta patología no admite a estas alturas tratamiento clínico, exige cirugía mayor. El que no esté dispuesto a recurrir a la anestesia y al bisturí que se olvide de curar al enfermo.

Por tanto, el pacto de Estado sobre la cuestión catalana ha de consistir forzosamente en un frente unido, resistente como el acero, de los partidos constitucionalistas para hacer caer sobre los subversivos que se afanan en construir estructuras de estado y que preparan sin descanso la llamada desconexión, todo el peso de la ley y de la capacidad disuasoria de una Nación con cinco siglos a sus espaldas y un PIB superior al billón de euros. Tras la actuación traumática, desagradable y dolorosa, que extirpe el mal, ha de seguir la cicatrización, la rehabilitación y el regreso a la normalidad constitucional gracias a la labor de persuasión, comunicación y convicción que no se ha querido desarrollar en el pasado con las nefastas consecuencias que ahora padecemos.

 Espero que este análisis sea útil al Gobierno minoritario que inicia su andadura porque hasta el momento todo lo que he predicho sobre el problema catalán a lo largo de las últimas dos décadas se ha ido cumpliendo con precisión de reloj suizo. Y es que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

(Aleix Vidal Quadras/La Gaceta)