SI ES CIERTO, Pedro Sánchez es un tipejo despreciable, indigno de ser presidente del gobierno de España.
LEALTAD.
Que Pedro Sánchez pida ahora lealtad, con 84 escaños y el apoyo de los golpistas, incita más a la náusea que a la carcajada. Es cierto que la política española anda muy necesitada de una cultura de la lealtad institucional. Es más, a España -y a los ciudadanos, en particular- le habría ido mucho mejor si los dos grandes partidos hubiesen practicado más esa confianza mutua que se han negado, en lugar de malbaratar la fortuna de este país en las subastas periódicas con los insaciables y codiciosos nacionalistas.
El día que PP y PSOE aprendan de verdad la lección del recíproco apoyo y el respeto a los consensos democráticos elementales, habrán cambiado para bien la historia de España.
Lamentablemente, no será Sánchez, ese hombre que les teme a las urnas, el que protagonice esa página esperanzadora de la política española. Tras ser rechazado dos veces por los votantes, ha forzado la aritmética parlamentaria hasta lo impensable y gobierna secuestrado por populistas e independentistas.
Y ahora reclama lealtad. Suena a descomunal tomadura de pelo. Todo en él es impostura.
(Bieito Rubido/ABC/17/10/2018.)
NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS CON GOLPISTAS.
Es repugnante que Pedro Sánchez haya podido enviar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a negociar los Presupuestos del año que viene con el etarra excarcelado Arnaldo Otegui,encuentro que ambos admiten haber mantenido el pasado 8 de septiembre en el caserío Txillarre de Elgóibar. No menos indecente resulta la disposición de Pablo Iglesias a acudir a la cárcel de Lledoners para ver al golpista Oriol Junqueras y negociar con él el apoyo de ERC a dichos Presupuestos. Todo este espectáculo infame es consecuencia del inmoral empeño de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder con los peores resultados electorales de la historia del PSOE y, sobre todo, con el apoyo de formaciones comunistas, golpistas y proetarras, sin cuyo concurso no podría, ciertamente, sacar adelante los ruinosos Presupuestos que ya ha pactado con la extrema izquierda podemita.
Consideración a parte, y todavía más grave, merece la exigencia que los separatistas han planteado al Gobierno para que la Fiscalía General del Estado retire los cargos contra los golpistas encarcelados, como condición sine qua non para su OK a los Presupuestos. Esto es, sencillamente, la provocación de un delito de prevaricación, provocación tipificada como delito en el artículo 18 del Código Penal. Es cierto que el Gobierno no ha admitido ni podría admitir públicamente esa exigencia sin hacerse partícipe él mismo de ese delito, como lo es que la eventual y prevaricadora retirada de cargos por parte del Ministerio Público sería insusuficiente para excarcelar a los golpistas, pues, a diferencia del juicio por la no menos ilegal consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, ahora hay una acusación popular ejercida por el partido Vox y que garantiza, en todo caso, la celebración del juicio. Con todo, el ordenamiento jurídico concede al Gobierno un privilegiado derecho de gracia o indulto que bien podría constituir un pago en diferido, una vez los golpistas hubieran sido condenados.
Libertad Digital fue el primer medio de comunicación –por no decir el único– que denunció la retirada de todos los cargos castigados con pena de cárcel por parte de la Fiscalía contra los golpistas del 9-N, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, quien fue el que los planteó motu proprio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Con todo, por muy injusta que fuera aquella retirada de cargos, y por muy sospechosamente coincidente que fuera con la indecente operación Diálogo impulsada por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria, jamás se planteó públicamente como contraprestación a un apoyo que las formaciones golpistas jamás brindaron al Gobierno de Rajoy, por muy condescendiente y felón que fuera.
Téngase en cuenta, además, que durante la segunda fase del golpe de Estado, liderada por Carles Puigdemont, los secesionistas no se limitaron a reincidir en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que impunemente perpetró Artur Mas con ocasión del 9-N, sino que fueron más lejos al perpetrar la declaración unilateral de independiencia, lo que llevó a que se elevaran las acusaciones por rebelión o sedición. Que Pedro Sánchez, pese a lo anterior, pretenda tener a esas formaciones como compañeros de viaje deja en una vil mascarada decisiones que en otro caso hubieran sido dignas de elogio, como la aparente decisión del Gobierno de llevar finalmente al Constitucional la ilegal reprobación del Rey perpetrada en el Parlamento catalán o la del ministro Borrell de retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes por hacerse eco de las críticas de los golpistas al régimen constitucional español. ¿Con qué legitimidad se puede reprobar a los belgas que hagan de voceros de los golpistas, cuando aquí el presidente pretende tenerlos de sostén de su Gobierno?
Así las cosas, y con total independencia de que el Gobierno se vea finalmente obligado a prorrogar las cuentas del PP o a convocar nuevas elecciones, lo evidente es que los Presupuestos para 2019 no sólo amenazan a España desde un punto de vista económico, sino que la ponen en riesgo como nación entendida como Estado de Derecho.
(Edit.ld/17/10/2018.)
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