El salto con pértiga constituye una de las disciplinas más complicadas del apasionante mundo del atletismo. Que ha generado históricamente, tal vez como respuesta del género humano a su reconocida dificultad, grandes talentos que marcaron época en el dominio de la disciplina. Desde el archiconocido saltador ucraniano Serguéi Bubka, hasta la actual revelación mundial, el sueco Armand Duplantis, la prueba ha estado dominada de forma avasalladora por alguien que ha arrasado a sus rivales y al que todos los demás competidores suelen mirar desde atrás.
En España hemos descubierto en los últimos años a un sorprendente pertiguista de la política. Se llama Pedro Sánchez y no tiene nada que envidiar a los dos espectaculares saltadores anteriores. La única diferencia notable es que su peculiar salto con pértiga tiene una concreta especialidad. A él le gusta saltarse las normas que le impone la Constitución Española, ese instrumento que todos los ciudadanos aprobamos -por una abrumadora mayoría- para organizar nuestra convivencia y un adecuado funcionamiento de nuestras instituciones. La misma Constitución que prometió solemnemente ante el Rey respetar y hacer cumplir el día que juró su cargo como presidente del Gobierno. Aunque hubiera sido mucha casualidad que -justo ese día- le hubiera dado por decir la verdad.
El Tribunal Constitucional, que no suele ser un dechado de rapidez ni de eficacia jurídica en sus siempre retardadas sentencias, y pese a las múltiples presiones y amenazas internas de magistrados afines al actual Gobierno como el infame Conde-Pumpido, ha declarado inconstitucionales al amigo Sánchez una serie reiterada de normas de gran importancia: empezó declarando contrario a la Constitución el decreto-ley con el que había nombrado a Rosa María Mateo como presidenta provisional de RTVE; a continuación tumbó también el decreto que permitió la entrada del ex vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que supervisa el trabajo del CNI; luego declaró inconstitucional el real decreto que declaraba el primer estado de alarma a consecuencia de la pandemia del covid-19; recientemente acaba de declarar contraria a nuestra Constitución la suspensión de la actividad parlamentaria desde el 19 de marzo de 2020, también como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma; y se anuncia, también en breve plazo, la probable declaración de inconstitucionalidad de la forma en que se instrumentó el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno. Un pleno al quince difícil de superar.
Todo ello no puede resultar casual, ni explicarse -como intentan algunos- como consecuencia de precipitaciones, urgencias, necesidades perentorias por la pandemia o accidentes imprevistos. Ello podría suceder con un decreto, o a lo sumo con dos, pero nunca justificar tan llamativa concatenación de ilegalidades procedentes de un mismo Gobierno democrático. Esta situación tan anómala revela una actitud premeditada -de la que el engreído Sánchez es el máximo exponente conocido hasta hoy en nuestra democracia- y un empeño clamoroso en gobernar al margen del control que ejercen sobre el Gobierno las restantes instituciones del Estado. Aunque suponga llevarse por delante los derechos fundamentales que nuestra Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos.
Dos cosas más llaman aquí poderosamente la atención. La primera, la enorme tibieza de la mayoría de partidos presuntamente constitucionales en la propia defensa de la Constitución. Todos se pusieron de costado ante las trapacerías del Gobierno de Sánchez, tal vez por miedo a la batería mediática que hoy en España lanza misiles con la etiqueta de «fachas» a quienes discrepen legítimamente del poder. Y la segunda, que ha sido el partido supuestamente de la «ultraderecha» y que muchos quieren colocar -de forma voluntarista- al margen del sistema constitucional, el que ha defendido hasta el final los derechos fundamentales de todos los españoles. Porque ha sido precisamente Vox quien ha interpuesto todos esos recursos que el Tribunal Constitucional ha ido estimando en sus principales razonamientos jurídicos.
Una mención final debo hacer también, como hombre del Derecho y por estricto sentido de la Justicia, a la actuación de dos mujeres de un excelso nivel intelectual. Una fue Cayetana Álvarez de Toledo, que siendo portavoz del PP en el Congreso de los Diputados fue la única que advirtió -desde la oposición parlamentaria- de la violación sistemática de derechos fundamentales que estaba desarrollando el Gobierno de Sánchez con sus arbitrarias medidas adoptadas a consecuencia de la pandemia. Y la otra es Macarena Olona, joven pero experimentada jurista -que constituye una cabeza jurídica sin igual en el muy mediocre nivel del Parlamento español- que ha sido artífice de todos los exitosos recursos anteriores. Ya destacó sobremanera cuando ejercía como Abogada del Estado destinada en el País Vasco -recibió el Premio Hay Derecho por su meritoria lucha contra la corrupción del Gobierno autonómico en varios asuntos portuarios- y se está consolidando como una parlamentaria eficaz, contundente y gran defensora de la legalidad vigente y de nuestro baqueteado Estado de Derecho.
No se dejen ustedes engañar, cuando se informen sobre todos estos temas, por las maniobras de distracción y la abundante tinta de calamar derramada por el pertiguista Sánchez y su bien regada corte mediática. Que si hay una mayoría de magistrados conservadores, que si se trata de decisiones muy ajustadas en el Tribunal Constitucional, que si fulanito o menganito han firmado votos particulares… Si uno contempla el panorama nacional con las luces largas, lo que está haciendo el Gobierno actual con el ordenamiento jurídico español es realmente impresentable. Resulta algo bien conocido que todos los Gobiernos tienden al autoritarismo y que aspiran a evitar los controles o a tener que dar demasiadas explicaciones. Pero lo que está maniobrando Sánchez para mantenerse en el poder -en el fondo le importa un bledo el contenido de sus propias normas- traspasa cualquier triquiñuela legal que hayamos visto nunca en Gobiernos anteriores.
El salto con pértiga resulta un entretenimiento apasionante para disfrutarlo en unos Juegos Olímpicos o en los momentos finales de un disputado campeonato del Mundo. Pero cuando un sinvergüenza sideral pretende practicarlo con sus derechos fundamentales, les ruego que se lo tomen en serio. De esta forma tan inocente comenzaron muchos tiranos.
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A vueltas sobre la vivienda
El problema de la vivienda es hoy uno de los más acuciantes para la sufrida juventud de nuestro país. Y nuestros políticos lo saben, de ahí sus recientes anuncios de Leyes supuestamente “mágicas” para intentar ponerle remedio. Pero -como siempre en los últimos tiempos-, si uno conoce bien la materia de que se trata, acaba dándose cuenta de que sus maniobras propagandísticas no ponen más que tiritas y mercurocromo sobre una enfermedad que precisa hospitalización y cirugía. Aunque a quienes miran habitualmente al dedo y nunca a la luna les deslumbren las continuas performances de nuestra sobreactuada izquierda actual.
La vivienda tiene en España -especialmente en algunas ciudades y Comunidades Autónomas como la balear- el problema básico de su escasez, que determina su carestía. No hace falta haber ganado el Premio Nobel de Economía para entender el funcionamiento del mercado: cuando hay más oferta que demanda bajan los precios, y cuando la demanda es superior a la oferta los precios suben. En nuestras islas, además, todo se agrava por el hecho de vivir en un espacio limitado, en el que priman desde hace años comprensibles medidas conservacionistas para evitar consumir más territorio. Aunque todos deberíamos asumir que, si queremos proteger el medio ambiente de una creciente urbanización, ello supondrá -necesariamente- el encarecimiento de lo que ya está edificado. Por eso hacen mucha falta soluciones imaginativas que permitan solventar este grave problema.
Lo primero que deberían hacer los políticos, cuando hablan de materias tan delicadas para todos, es dejar de engañar a la gente. De una puñetera vez. La vivienda es también muy cara porque tiene una fiscalidad terrible, de la cual ellos son los únicos responsables. El tipo normal del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las Islas Baleares (que es un impuesto de gestión y recaudación autonómica) es el 8% del valor del inmueble, y de ahí va subiendo por tramos hasta alcanzar el 11%. El mismo impuesto en Madrid se paga al 6%. Si a ese atraco tributario le sumamos el hecho de que los bancos financian actualmente hasta un 80% del valor de la vivienda, nos encontramos con que un joven que pretenda comprarse su primer piso debe tener previamente ahorrado -como mínimo- un 28% de su precio. Algo realmente difícil en un país con el mayor paro juvenil de Europa y con la precariedad de sueldos actuales.
Una de las soluciones prácticas al desbocado coste actual de la vivienda resultaría tremendamente sencilla: bajar los impuestos. En muchos países por comprar inmuebles se paga una tasa simbólica. Pero en el nuestro habría que desmontar bastantes chiringuitos que sobran en la desmesurada Administración autonómica. Y eso, unos políticos tan aficionados a colocar a sus afines nunca lo harán. Prefieren distraernos a todos hablando de castigar a los fondos buitre, de combatir la especulación inmobiliaria o de penalizar a los grandes tenedores. Cuando los culpables del sablazo fiscal a nuestros jóvenes son exclusivamente ellos.
Tras llevar treinta años de ejercicio profesional como notario, firmando cada día unas cuantas escrituras de compraventa de toda clase de propiedades, y conociendo de primera mano los diferentes problemas que su mercado plantea, voy a ofrecerles hoy -gratis total- otras dos soluciones fáciles y rápidas (además de bajar los impuestos) para paliar el problema de la vivienda en la ciudad de Palma, tanto en lo referido a su escasez como a su carestía. Que podrían extrapolarse fácilmente a bastantes más municipios de nuestras islas y de otros territorios turísticos.
La primera, que solventaría además otro problema adicional, es negociar con los propietarios de hoteles degradados de baja categoría (de una o dos estrellas, típicos del turismo de playa y borrachera) la reconversión de sus inmuebles en apartamentos de entre 60 y 90 metros cuadrados para ser ofrecidos a ciudadanos jóvenes empadronados en Baleares por un precio razonable. De esta forma se eliminaría el turismo de baja calidad, no se consumiría ni un metro cuadrado de nuevo territorio (los edificios ya existen y, además, se renovarían) y se ofrecerían viviendas baratas al público local. Ya la Ley General Turística del año 2012 regulaba soluciones similares, pero la izquierda -como hace siempre que sospecha que algo puede beneficiar a determinados empresarios- la derogó. Con las consecuencias que todos conocemos.
Una segunda solución es aún más fácil que la anterior. Resulta que existen en Palma un montón de oficinas y locales comerciales que han quedado vacíos a raíz de la pandemia y su consiguiente retracción de actividad comercial y empresarial. Y, además, que muchos de ellos -especialmente en los barrios más alejados del centro- difícilmente se van a volver a ocupar. La normativa municipal es en estos temas excesivamente restrictiva, dificultando los cambios de uso e impidiendo que en los locales de las plantas bajas se instalen viviendas, cosa que en los pueblos de Mallorca -y de muchos otros lugares- resulta de lo más normal. ¿Por qué razón de peso no pueden existir en Palma viviendas a ras de calle o en los entresuelos de los edificios? Si cambiasen la normativa permitiendo que en locales y despachos se instalasen viviendas -con las condiciones de habitabilidad necesarias- saldrían a la venta en gran número y a buen precio.
Como pueden ustedes comprobar, los problemas no se arreglan con
campañas publicitarias, promesas deslumbrantes o propaganda barata.
Tampoco sacando titulares de prensa con anuncios de Leyes que
difícilmente se podrán aplicar. Les recuerdo que la competencia en
materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”
corresponde,
según el artículo 148.1.3 de nuestra Constitución, a las Comunidades
Autónomas, y que los Ayuntamientos tienen también cedida la potestad
normativa para elaborar los Planes Generales de Ordenación Urbana dentro
del territorio municipal.
Por ello, el reciente brindis al sol de Pedro Sánchez sirve para lo que sirve. Para subirle el ego y añadir autobombo a su persona. Los problemas se solucionan yendo al fondo de cada asunto y arbitrando soluciones prácticas. Pero las dificultades vienen cuando los prejuicios ideológicos impiden a algunos hacer ciertas cosas que son de cajón.
(MallorcaDiario/11/10/2021.)
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